• El ministro Valente valoró el compromiso de los parlamentarios para sacar adelante la iniciativa —que ahora deberá pasar por una revisión por la comisión de Hacienda de la Cámara Baja antes de ser votado en Sala.
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La semana pasada la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó indicaciones al citado proyecto de ley. El texto será revisado primero por la comisión de Hacienda de la Cámara para luego ser votado en Sala.

El pago oportuno a proveedores —generalmente pymes— ha sido una temática que varios gremios empresariales han impulsado desde hace más de un año, entre ellos Sofofa y la Multigremial Nacional, liderada por Juan Pablo Swett. Y es que la demora en los pagos por parte de grandes empresas a sus provisores ha afectado, por años, la competitividad de pequeñas y medianas empresas, generando por supuesto, una ralentización en sus crecimientos.

Sin embargo es una realidad que estaría a punto de cambiar. La semana pasada la comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto de ley de Pago Oportuno, que busca justamente dar mayor certeza a los plazos de pago para las pequeñas y medianas empresas proveedoras.

LLAMAN A DARLE CELERIDAD AL PROYECTO

El ministro Valente valoró el compromiso de los parlamentarios para sacar adelante la iniciativa —que ahora deberá pasar por una revisión por la comisión de Hacienda de la Cámara Baja antes de ser votado en Sala— y reiteró su llamado a que el proyecto sea ley lo más pronto posible ya que una vez que entre en vigencia beneficiará a más de cuatro millones de chilenos.

“La comisión de Economía aprobó las indicaciones al proyecto de Pago Oportuno ingresadas por la administración del Presidente Piñera. Si bien persisten algunas diferencias, el objetivo de acelerar el pago para las pymes y darle mayor certeza es transversal y por eso esperamos que muy pronto tengamos una buena noticia para el más de millón de pymes que existe en el país”, dijo el titular de Economía.

Entre las medidas aprobadas por la comisión destaca establecer un plazo máximo de pago de 60 días entre la empresa proveedora y la receptora que solo podrá mayor siempre que las partes estén de acuerdo; establecer la obligación de la emisión de una guía de despacho electrónica para evitar la ampliación excesiva del plazo; y limitar el cambio del valor original de la factura una vez aceptada por el comprador.

EL PESO DEL PAGO INOPORTUNO EN PYMES

Para la directora regional de la Asociación de Emprendedores de Chile, Asech, Johanna González, el principal problema del pago atrasado para emprendedores es la baja competitividad que genera, debido a la inestabilidad financiera provocada por este. “El pago no oportuno genera cambios en la planificación y estructura funcional de la empresa, que entre sus obligaciones debe proteger y asegurar el Capital Humano o el uso de tecnologías para su producción y posterior comercialización y considerar el pago de obligaciones tributarias contraídas según la actividad económica”, explica, por lo que un atraso en las cancelaciones por cierto altera el ciclo de proveedores locales.

Con todo, González valoró el compromiso de las autoridades por incentivar el cambio en las leyes que velan por este punto contractual. “El cumplimiento de la promesa de pago contra todas las acciones punitivas descritas en el proyecto, permite potenciar la estabilidad financiera de toda empresa y por tanto, nuestra competitividad aumenta, ya que contaremos con un flujo en caja asegurado para responder con nuestras obligaciones de pago contraídas con anterioridad al prestar o comercializar el producto o servicio de la naturaleza de la factura emitida”, dijo.

AUN HAY ASPECTOS QUE DEBILITAN EL PROYECTO

Con todo, y según el gerente general de Defensa Pyme, Mario Espinosa hay tres aspectos que debilitan al proyecto de Pago Oportuno para Pymes.

Según el ejecutivo, una de las más importantes medidas contempladas en el anuncio era la posibilidad de usar el IVA crédito fiscal sólo después del pago de la factura; sin embargo, fue eliminada por el Ejecutivo, aduciendo problemas técnicos operacionales.

Y aun cuando Espinosa, afirma que “estas medidas comprenden parte importante de los requerimientos y anhelos de la Pymes y vienen a dar un poco más de simetría en la relación empresa-proveedor”, asegura que faltó mayor rigurosidad en los plazos y, además, exceptúa de su vigencia al sector público, que es el de peor comportamiento en materia de pago a proveedores. “La iniciativa fija en tres años el período durante el cual el Estado, los organismos públicos y municipalidades estarán exceptuados de cumplir las obligaciones que establece el proyecto, lo que es lamentable”, planteó.

Asimismo, en cuanto a los plazos, aseguró que 60 días sigue siendo demasiado extenso y permite todavía a las grandes empresas generar liquidez o “hacer caja” a costa de sus proveedores. “Un tiempo razonable y equitativo es de 30 días corridos, contados desde la emisión de la factura”, concluyó.

LOS CAMBIOS APROBADOS EN LA LEY DE PAGO OPORTUNO

Entre las medidas aprobadas por la Comisión destaca establecer un plazo máximo de pago de 60 días entre la empresa proveedora y la receptora que solo podrá ser mayor siempre que las partes estén de acuerdo; establecer la obligación de la emisión de una guía de despacho electrónica para evitar la ampliación excesiva del plazo; y limitar el cambio del valor original de la factura una vez aceptada por el comprador, entre otros.

 

 

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