Señor Director:
En la IV región, existe el hogar Gabriela (Gabriela Mistral), un establecimiento de cuidados para menores bajo custodia de SENAME, que recibe a niños portadores de enfermedades crónicas, discapacidades o enfermedades con compromiso mental.
El hogar funciona en una casa en Coquimbo que según las autoridades, no reúne las condiciones adecuadas de habitabilidad por lo que se ha anunciado su cierre al 31 de diciembre próximo. Allí viven 17 niños en prolongada internación.
Las entidades sostenedoras de este tipo de hogares se asignan por licitaciones que hace SENAME, con las reglas públicas propias de este tipo de asignaciones. Estas reglas no han permitido que sea viable para una fundación o institución tomar a cargo el hogar, lo que derivará en su cierre.
Los niños residentes han sido atendidos los últimos años por un equipo de cuidadoras a cargo de una profesional asistente social, todas muy comprometidas afectivamente y que son el referente emocional de los niños.
El cierre del hogar lleva a los jueces a cargo de las causas de estos niños y niñas a reasignarlos en sus propias familias o en hogares fuera de la región, lo que nos parece inaceptable como organizaciones que hemos apoyado o sido tratantes de estos niños por sus diferentes condiciones de salud. Estimamos que sus derechos y su precaria estabilidad emocional se verán afectados si son alejados de su entorno de origen y se les obliga a estar todavía más confinados de lo que están hoy.
Pedimos a las autoridades de la administración del Estado (Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Municipalidad de Coquimbo-La Serena) y a todos los organismos con competencia en el ámbito de la infancia, encontrar una solución efectiva en Coquimbo para estos niños. Pedimos y exigimos que los niños puedan establecerse en otro inmueble dentro de la ciudad de Coquimbo o de La Serena, conservar a sus cuidadoras y que sean considerados como grupo para una solución que no vulnere sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, la Convención Universal de los derechos del Niño y la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. No dudamos que, con flexibilidad y voluntad política debe encontrarse una mejor alternativa.
Firman: integrantes del Consejo de la Sociedad Civil, mecanismo de participación ciudadana creado por la ley 20.500 en el ámbito de discapacidad de la IV región.
Adriana Fuenzalida (Directora Instituto Teletón de Coquimbo)
Carla Contreras (Presidente Fundación Juan Paulo Munizaga Figari)
