Sr. Director:
El fallo del Tribunal Constitucional, o lo que se sabe de él hasta ahora, además de traer nuevas trabas al plan de gobierno, vuelve a animar un viejo conflicto respecto de la fidelidad que le debemos a las instituciones en democracia. Un conflicto que, más que político, es incluso moral.
El piso de esta resolución, la Carta Magna nacional, debería bastar para acreditar su acierto, porque es lo que corresponde dentro de la ley. Acoge la probidad y la trasparencia, obedece el conducto regular y satisface la democracia. Sin embargo, pareciera la mismísma prole de la injusticia y la malintención. Una sagaz artimaña de la oposición para proteger sus intereses económicos y detener las aspiraciones sociales del pueblo -sus propios electores-, que cada vez está más empoderado.
La juventud no es indiferente a estas ambivalencias. Despreciamos que la corrupción se apodere de las cámaras de gobierno y que la economía se apueste entre cuatro paredes. Cuánto más aún que las propias bases de nuestro marco legal no sirvan sino de chasco a los intereses de la mayoría.
La falta de sentido común frente a la burocracia ha sido siempre la fragua de la revolución, un escenario que se fortalece cada año -pues no es necesario incendiar la Bastilla- en los movimientos sociales. Más vale que el camino a la nueva Constitución no presente este tipo de barreras, porque si no, nuestro conflicto moral podría romper las suyas propias, y aquel escenario sí que sería oscuro.
Lincoln Torres
Universitario
