Señor director:Ante el debate suscitado sobre la restauración de la pena de muerte a raíz de un espeluznante crimen cometido contra una menor de edad en Llanquihue, es menester recordar que, en el pasado siglo, no pocas naciones abolieron este cruel castigo, entre las que se encuentra Chile. ¿Las razones? Es atentatorio contra la vida humana (sobre todo si la orden de matar proviene del propio Estado) y contra la misión principal del sistema penal: sancionar para rehabilitar a quienes han incurrido en actitudes delictivas, sanción que, por cierto, está distante de ser ejemplarizadora.Un caso llamativo es el de Francia: A fines del Siglo XVIII, cuando sonaban los cañones de la revolución, rodaron las cabezas de la nobleza y de cuantos quienes fueron calificados como "enemigos del pueblo". En 1981, tras fuertes presiones y solicitudes de la sociedad, especialmente del episcopado francés, el país galo decidió sumarse a las naciones civilizadas y abolir la pena de muerte. Se convertía así en el último estado de Europa Occidental en suprimir la mayor (y más salvaje) de las condenas.La justa indignación no puede movernos a aceptar políticas que lesionen el derecho a la vida ni garanticen el debido proceso al imputado, incluso si se fundan en la extrema gravedad del crimen cometido. La venganza nunca será solución de los conflictos que marcan las relaciones humanas.
Gabriel Anich SfeirEstudiante de Derecho, Universidad de Chile
