Son preocupantes, a lo menos, las señales que se dan a partir de las decisiones que toman los tribunales de justicia al dejar con medidas cautelares, como el arresto domiciliario -que no tiene ningún efecto- a delincuentes que cuentan con antecedentes penales y que son un riesgo para la sociedad. Prueba de ello son los prófugos que participaron activamente en el denominado “robo del siglo” y que hasta ahora no pueden ser encontrados luego de haber quedado con las medidas mencionadas. Si bien las Cortes de Apelaciones en algunos casos revocan las decisiones, a veces estas llegan tarde y hoy vemos como nuevamente las policías tienen que ocupar tiempo y recursos para recapturar a estos imputados.
Cuando la gran preocupación de la sociedad chilena es mejorar los estándares de seguridad y buscar caminos para mitigar la comisión de delitos, vemos con alarma que los delincuentes siguen siendo los más beneficiados a partir de una legislación que se percibe como excesivamente garantista. Está a la vista que nadie se desprende de sus convicciones para legislar o impartir justicia, determinando así su actuación. Este hecho los lleva al punto de aplicar las normas, que confieren garantías al imputado, en una forma que escapa a su sentido natural y que provoca una cadena de deterioro en la confianza de todas las instituciones encargadas de velar por el control social. Esto debiera obligar a pensar en si las medidas cautelares debieran revisarse y establecer una escala objetiva en el caso de delitos graves y de alta connotación pública.
Aldo Vidal
Miembro del Comité Técnico de Aseva y general ( R ) de Carabineros
