Las reiteradas equivocaciones (cuando no mentiras) de los expertos, tanto nacionales como internacionales, los está llevando al descrédito, al igual que ha llevado a él a varias de las instituciones del país en las cuales se solía tener confianza.
A propósito de la discusión acerca de las jubilaciones y del sistema de AFP, llama la atención la falta de autocrítica de la autoridad política, de los expertos y de las propias administradoras de los fondos de pensiones de la mayoría de los chilenos.
Los “expertos” y los políticos, entre otras cosas, dicen que los bajos ingresos de los jubilados son la consecuencia de etapas en las cuales no han realizado cotizaciones previsionales, de su retiro del campo laboral a una edad muy temprana en relación con sus expectativas de vida, que sería necesario contribuir con más dinero a los fondos mediante el ahorro voluntario, etc. En definitiva, dicen, aunque de manera implícita, en su razonar eufemístico a la vez que tendenciosamente confuso, que los trabajadores son (o serían) los auténticos y únicos responsables de la situación.
Evitan, sin embargo (y aquí la falta de autocrítica), reconocer que el invento chileno de las AFP sustentaba su viabilidad en una serie de premisas que, por falta de responsabilidad política y técnica (o por ineptitud), nunca se cumplieron, estándose aún muy lejos de que se cumplan:
a) crecimiento económico sostenido;
b) alto nivel de empleabilidad;
c) ausencia de cesantía;
d) digno nivel de remuneraciones;
e) cotizaciones previsionales pagadas en las fechas correspondientes, por parte de los empleadores;
f) inversiones, por parte de las AFP, que garantizaran una rentabilidad equivalente al 6% o 7% anual, y otras.
Sin embargo, el manejo político y económico del país, desde la propia fecha en que José Piñera convenció a los militares de la viabilidad de su propuesta previsional, ha dado lugar a una situación exactamente inversa a la supuesta:
a) no hemos tenido un crecimiento económico permanente, incluso hemos tenido alarmantes descensos;
b) los niveles de empleabilidad han sido entre dramáticos y pobres;
c) hemos tenido etapas de cesantía en niveles críticos;
d) los sueldos nunca han sido dignos. Incluso hay quienes pretenden la abolición del salario mínimo para incrementar la empleabilidad;
e) existen enormes retrasos en los pagos previsionales, tanto de parte de los empleadores privados como de los empleadores públicos;
f) muy rara vez las administradoras de los fondos de pensiones han tenidos rentabilidades como las que prometieron en sus inicios.
A lo anterior, se suma la situación de desigualdad económica que existe al interior del país, que está siendo una de las peores del mundo.
Así, hay gente (aunque escasa) que no necesita cotizar en las AFP, como hay otra que tiene garantizados por ley buenos niveles de pensión y a los pocos años de servicio. En cambio, la mayoría está (legalmente) condenada a cotizar en un sistema que les genera una casi miserable retribución, al momento de jubilar.
Cuando se hace referencia a la necesidad de aumentar las cotizaciones (lo que equivale a rebajar el ingreso líquido de los trabajadores, salvo que exista un subsidio de parte del Estado o de los empleadores, el que, en definitiva, pagarán ellos mismos con sus impuestos o con el incremento de precios de los productos o servicios), se olvida que una de las promesas del gobierno en la época del comienzo del sistema de AFP, para que los trabajadores se cambiaran libremente al nuevo sistema, fue el hecho de que, al cotizar en estas tendrían un mayor ingreso líquido mensual, porque se les descontaría menos que en el antiguo sistema. ¿En qué quedamos, entonces? ¿Fue un engaño o fue un error de los expertos y de los políticos de la época?
Está claro que la solución del problema es mucho más compleja de lo que se supone. Solo quiero llamar la atención en el sentido que necesitamos seriedad de parte de los expertos y responsabilidad de parte de los políticos. ¿Será mucho pedir, a la luz de la historia?
