En 1977, en plena Dictadura Militar, una profesora de la escuela D-21 de Las Compañías, La Serena, sale del trabajo hacia su casa aproximadamente a las 18 horas. Era su último día laboral, ya que le tocaba prenatal, que le correspondía con sus 33 semanas de embarazo. Lamentablemente, producto de lo malo del camino, entre los saltos que daba la micro, se le rompió la fuente.
Asustadas y conmocionadas sus colegas la fueron a dejar al Hospital San Juan de Dios de La Serena. Allí fue ingresada de inmediato al Servicio de Urgencias en donde llamaron a su ginecólogo. El médico, le dijo que como en las veces anteriores le debería practicar cesárea y la sedo totalmente.
Cuando despertó a las horas después pidió ver a su hijo, le dijeron que no se lo podían traer. En la mañana temprano, nuevamente pidió estar con su bebé, y ese niño nunca llegó a sus brazos, ya le dijeron que había fallecido.
Ella quería despedirse de su guagua, pero el sistema, el hospital y todo el aparataje de represión que había en ese tiempo no la dejó. A su marido le fue igual de mal, también le negaron al pequeño y debieron irse con las manos vacías a su casa. El hospital se encargaría del entierro y de todo el papeleo.
La historia que cuento es la de mis padres y la de mi hermano menor, Miguel Acuña Galleguillos, el que nunca llegamos a conocer, al que nunca le pudimos ir a dejar una flor porque no había tumba conocida, y que ahora sabemos, con pruebas concretas, que se encuentra desaparecido y no hay ninguna constancia que haya fallecido.
A raíz de mi trabajo, durante el 2015, comencé a sospechar que algo no estaba bien con la muerte de mi hermano, y averiguando y sacando conclusiones nos dimos cuenta de que la historia de nuestra familia coincidía mucho con los cientos de casos que se comenzaron a transparentar a través de diversos reportajes de Chilevisión y Ciper Chile.
Consultando la prensa nos dimos cuenta de que la Agrupación de Derechos Humanos nos podía orientar respecto al camino judicial que podríamos seguir. Bajo ese contexto, nos recibió la señora Ana Merino, quien nos ha entregado el apoyo irrestricto de su organismo.
Lamentablemente cuando comenzamos a hacer nuestro caso público nos encontramos con la sorpresa que no éramos los únicos y decidimos formar la Corporación Madres e Hijos se Busca, que tiene como propósito apoyar judicial y logísticamente a las familias o personas cuyos hijos desaparecieron de los hospitales y, a su vez, a los hijos que fueron adoptados de manera irregular y quieren conocer sus orígenes biológicos.
Ojalá esto nunca hubiera pasado, y no se necesitaran instancias como estas, pero ocurrió y es una realidad de la que el Gobierno y los parlamentarios no se han hecho cargo.
En Chile se requiere, de manera urgente, un banco de ADN que de derecho a las personas a conocer sus orígenes y, se debe nombrar un Ministro en Visita dedicado exclusivamente a la causa de los bebés sustraídos de los hospitales y hogares del Sename de manera ilegal.
Según informaciones que manejamos de manera extraoficial el ministro Mario Carroza lleva una compilación de más de 2.000 casos, o sea 2.000 familias que fueron separadas por la ambición de funcionarios del Estado que lucraron y vendieron a niños que no eran de ellos.
Ahora, estamos a la espera que el Instituto de Derechos Humanos se haga parte de nuestras querellas y podamos ingresar al PRAIS, porque al igual que los torturados y desaparecidos también nuestras familias fueron víctimas de la VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS.
Por último, les queremos decir que si necesitas asesoría o ayuda no dudes en contactarnos al +56994614778 o al mail madresehijos4@gmail.com.
