Resulta alarmante el nivel de confrontación que existe en la comunidad internacional, tanto como el que tiene lugar al interior del país. Incluso los que deberían tener la obligación de generar instancias de contención y de entendimiento, parecieran más interesados en la producción de hogueras destructivas de la más elemental convivencia comunitaria.
No basta con la existencia de un Estado de Derecho, sino que es imperativo su respeto irrestricto, incluso aunque nos parezca injusto. Ello insta a rechazar toda situación tendiente a destruirlo o a violentarlo, como, a la inversa, toda situación que lleve a imponerlo de manera déspota, sin considerar las circunstancias especiales que obligan a contextualizar y a situar su imperio, por muy legítimo que este sea.
Respecto de lo último me parece increíble que las autoridades no se preocupen suficientemente, además de promover una adecuada y constructiva formación ciudadana, de obligar a que los guardianes del orden público no incurran en excesos de ningún tipo, en especial que no incurran en la violencia injustificada o exagerada. No en vano hay organizaciones internacionales cuestionando al Estado de Chile en relación con el respeto a los derechos humanos de los mapuches, en la región de la Araucanía.
No hay que olvidar que para los jóvenes y para el común de los ciudadanos el Estado de Derecho no es una entelequia, como puede serlo para el filósofo de lo jurídico, sino que es el resultado de la acción cotidiana de las autoridades y, en especial, de sus garantes, es decir, de los organismos policiales y de justicia. Si dicho Estado de Derecho no consigue que su normativa genere el compromiso de las personas en relación con su justicia y con la necesidad de respetarlo, y se impone por la fuerza, acaba generando solo resentimiento y odiosidad, a la vez que engendra un prurito en orden a violentarlo en cualquier oportunidad que se presente.
Resulta increíble, y hasta peligroso, que personas con poder político no quieran entender (al margen de sus prejuicios) algo que es elemental para la convivencia ciudadana, como lo que se ha expuesto. Ello las lleva a imaginar que con estados jurídicos excepcionales y con violencia se solucionará un problema que se arrastra por siglos, como el específico del pueblo Mapuche, que ellas mismas, en su condición de administradoras del Estado (sea desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo), han sido incapaces de solucionar. Al parecer pretenden implementar una nueva “Pacificación de la Araucanía”, al margen de los ríos de sangre, así como del costo social y comunitario que significó la primera.
Incluso hay un par de candidatos presidenciales que han dicho que se debe recurrir a la Ley de Seguridad Interior del Estado y/o a la Ley Antiterrorista para actuar en la región.
Cuando el intendente de la región procura un diálogo franco y abierto con todos, sin excepciones, la autoridad central (el Ministerio del Interior) lo desautoriza, negándole la posibilidad de incluir a los grupos que califica como “violentistas” o como “promotores de la violencia”.
Sin embargo, cuando estos grupos o sus integrantes han sido llevados ante los tribunales, el Poder Judicial (en base a derecho y sin incurrir en prejuicios), en la gran mayoría de los casos, ha dejado en libertad a los inculpados, condenando solo a algunos de los supuestos integrantes de las hordas “terroristas” del sur. En la contraparte, los políticos y los medios de comunicación han callado cuando se denuncian autoatentados (incendiarios y de otros tipos) de parte de los camioneros y de los terratenientes de la zona. Han procedido de idéntica forma cuando agentes infiltrados de las fuerzas policiales han reconocido ser los autores de algunos de los actos de violencia ocurridos en la Araucanía, con el objetivo de “ganarse la confianza” de los comuneros mapuches.
En dicho contexto y situación, no nos podemos escandalizar por el hecho que no haya confianza de ninguna de las partes. Los llamados a generar contención y racionalidad, así como a buscar soluciones no lo están haciendo bien, pareciendo (al contrario) que su interés sería acrecentar la hoguera. En definitiva, ni para los aborígenes ni para los asentados posteriores en la zona existe un verdadero Estado de Derecho, que los salvaguarde de la violencia y que les permita desarrollarse y progresar adecuadamente.
Y, con motivo del censo del próximo miércoles, se presenta una gota que rebalsa todo tipo de vaso. La comunidad de Temucuicui se niega a ser censada por personas ajenas a ella. En principio, las autoridades de la zona comprendieron la situación y se mostraron partidarias de preparar a personas de la misma comunidad para que realizarán el trabajo de censar en su interior. Sin embargo, los políticos proclives a la confrontación pusieron el grito en el cielo, dado que, según ellos, no se puede permitir la existencia de grupos privilegiados (como si nunca los hubiera habido o no los haya) al interior del país. En resumen, la autoridad comprensiva tuvo que “agachar el moño” nuevamente y, hasta este momento, no sabemos qué va a pasar el miércoles 19 de abril al interior de Temucuicui.
El argumento de quienes pusieron el grito en el cielo para que dicha comunidad no se cese a sí misma, sin embargo, es ridículo, está fuera de toda lógica y de toda contingencia. Si fuera acertado, el gobierno tendría que contratar censistas extranjeros para realizar el censo al interior del país, a fin de garantizar resultados fiables.
Si la acción no puede ser realizada por gente de la misma comunidad nacional, ¿quién puede realizarla? ¿Acaso la gente de la comuna de Las Condes, por ejemplo, no será censada por gente de la mima comuna? ¿Habrá que llevar personas del continente para censar a los habitantes de la Isla de Pascua? El absurdo y el prejuicio, en Chile, pueden más que la razón y que el espíritu favorable a hacer posible una comunidad integrada y fraterna. No hay duda de ello.
Tal vez alguien podría decir que se quiere evitar la entrega de datos falsos o de impedir que la información obtenida se tergiverse. Sin embargo, dicho argumento sería xenófobo, al estar enfocado hacia un solo grupo de personas, dado que dicho riesgo existe en toda la población, desde Arica hasta las bases nacionales ubicadas en la Antártida. Bastaría con que un grupo cualquiera se coordinara para preparar a la gente para que dé un determinado tipo de respuesta a una pregunta específica cualquiera, para alterar el resultado en un punto porcentual, por ejemplo.
