Acerca de la forma en que se desarrolló el censo 2017 en el país, hay opiniones discrepantes, como en todo orden de cosas.
Sin embargo, hay un hecho que me parece importante, a la vez que necesario de comentar y discutir: en la municipalidad de Osorno, 131 de sus funcionarios no se presentaron a cumplir con las labores propias de la jornada censal, haciendo llegar licencias médicas que los eximían de sus responsabilidades laborales, a lo menos, el día 19 de abril en curso.
Se trata de una situación que, como todas, tiene una cara y un sello.
Desde el punto de vista de la primera me parece que hay que preguntarse cuál es la razón por la que tantas personas, de una misma dependencia, eluden su responsabilidad laboral y cívica. Parece obvio que hay razones para sospechar, concluyendo en que lo más probable es que sus licencias médicas sean fraudulentas. Pero, al margen de ello, hay que llegar a saber ¿cuál es la razón por la que personas con criterio formado no querían cumplir con un trabajo, que, estando dentro de sus responsabilidades, es, además, de mucha importancia para su propio país? También hay que preguntarse por cuál es la razón por la que los profesionales de la medicina les extendieron las licencias correspondientes, incluso a sabiendas de que se encontrarían con el enjuiciamiento (o el dedo acusador) de los políticos y de los ciudadanos. Si se hiciera este ejercicio, sin encono ni prejuicios, es decir, de manera objetiva, con seguridad surgirían una serie de situaciones, conflictos y problemas que no se hacen evidentes a la mirada superficial de los meros enjuiciadores propensos a aplicar la muy vieja y ya superada Ley de Talión. Pero, está claro que, de no evidenciarse aquellos, lo más probable es que se sigan agravando e incluso que se llegue a desenlaces imprevisibles al mismo tiempo que nefastos.
Desde el sello (o desde la otra cara de la moneda), hay que preguntarse qué ocurre con el liderazgo de nuestro gobierno, de nuestras autoridades, de los políticos y hasta de los medios de comunicación, que se evidencian como incapaces de comprometer a la ciudadanía en una jornada que se supone que beneficiará a todo el país. Las dificultades para conseguir censistas fueron mayúsculas, hubo de realizar capacitaciones de última hora, muchos de los comprometidos no se presentaron a trabajar, otros eludieron comprometerse, hubo serias dificultades de transporte, algunos censistas sufrieron accidentes, otros fueron asaltados, mordidos por perros, etc.
Si las autoridades no son capaces de convocar y de comprometer, simplemente no son autoridades o líderes, sino que son simples jefes que, en última instancia, deberán recurrir a la utilización del garrote.
Sin embargo, lo que me parece de una gravedad mayúscula es el oficio enviado por el presidente de la Cámara de Diputados al alcalde de la I. Municipalidad de Osorno. En él, basándose en el Art. 9° de la Ley N° 18.918, le solicita: a) la nómina de los funcionarios que presentaron licencias médicas; b) los nombres de los facultativos que las emitieron; c) indicar cuáles de esos médicos trabajan en el sistema municipal; d) las enfermedades o patologías indicadas en cada una de las licencias que se les extendieron; e) la duración de los reposos médicos prescritos; f) indicar si alguno de dichos funcionarios ha tenido otra licencia médica durante el año pasado y el presente.
¡No!, no es broma. Eso es lo que se le solicita al alcalde de Osorno. ¿Berrinche, revanchismo, amenazas encubiertas, show…?
Desde el punto de vista legal, la ficha médica de un paciente es privada, lo que hace que el alcalde de Osorno no tenga facultades para acceder a ella, como no la tiene para interrogar a los profesionales que extendieron cada una de las licencias (porque la relación médico-paciente debe mantenerse en el ámbito propio del secreto profesional, al que solo se puede acceder a través de una orden judicial). Por otro lado, también es ilegal que el empleador (o su representante) acceda al conocimiento de las enfermedades que motivan las licencias médicas de sus trabajadores.
Así, si el alcalde de Osorno accediera a la solicitud del presidente de la Cámara de Diputados, estaría incurriendo en una ilegalidad y, muy probablemente, el honorable diputado también está incurriendo en una ilegalidad por el solo hecho de solicitar algo que está reñido con nuestro ordenamiento jurídico.
Me parece que, si esto no da para exigir que las cosas, las instituciones y las personas se pongan en su lugar, Chile no tiene salida posible como país civilizado.
