Por Adriana Muñoz el Lun, 02/05/2016 - 10:21
El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció respecto de los requerimientos presentados por parlamentarios de la derecha en contra de la reforma laboral.
Como es de conocimiento público, declaró inconstitucionales la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación.
La titularidad sindical implicaba que, existiendo sindicatos, sólo éstos pueden negociar colectivamente. La resolución del TC implica que podrán seguir existiendo sindicatos y grupos al mismo tiempo.
Se desincentiva así la incorporación al sindicato.
La extensión por afiliación consistía en que los beneficios conseguidos por el sindicato se extendían automáticamente a los nuevos socios.
Al prohibirse esta opción, se elimina un estímulo significativo para incorporarse a la organización.
La derecha ha demostrado una vez más que defiende los derechos del empresariado.
Desde el año 1990 se ha coludido para obstaculizar cualquier intento de fortalecer los sindicatos y los derechos de los trabajadores.
La oposición se siente cómoda con la desigualdad y con los bajos sueldos.
Torpedean cualquier intento de emparejar la cancha para negociar en condiciones más equitativas.
Pretender que un grupo ocasional tenga el mismo peso y representatividad que un sindicato es favorecer la desprotección y condenar a los trabajadores al abuso y las arbitrariedades.
Respecto de la resolución del TC, ha primado una visión muy limitada de la Constitución.
Se ha interpretado literalmente en lugar de en forma sistemática, como lo han venido haciendo los tribunales.
Se ha desatendido que los convenios y resoluciones de la OIT son expresión de los derechos humanos y, por tanto, deben entenderse integrados a nuestro ordenamiento.
Con el rechazo de la titularidad y la extensión por afiliación la reforma laboral pierde sus ejes fundamentales. Deben analizarse ahora los caminos a seguir. El más probable es eliminar del proyecto algunas disposiciones que sólo tenían sentido en la medida que se fortalecieran los sindicatos.
