Recientemente, la OCDE hizo entrega de la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile, en la que se destacaron grandes avances en esta materia en los últimos diez años. La creación de una nueva institucionalidad y reformas a la legislación existente, mejoras en la capacidad humana y técnica, la creación de impuestos verdes, el aumento de inversiones y el crecimiento del mercado verde, son algunos de los avances que destaca el informe.
Sin embargo, aún existen situaciones que debemos mejorar, como que producto del sostenido crecimiento, ha aumentado el consumo de energía, la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos; respecto a las evaluaciones de impacto ambiental, señala que se debe mejorar la participación ciudadana en las etapas iniciales y que deben tomarse más en cuenta los impactos ambientales como los proyectos alternativos, agregando que se debe fortalecer aún más la institucionalidad ambiental.
Asimismo da cuenta, que deben ser incorporados los componentes ambientales y climáticos, en los planes y políticas de infraestructura existente; y que deben mejorarse los planes de administración y gestión en las áreas protegidas, especialmente ahora que se encuentra en tramitación proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas en el Congreso.
Para seguir avanzando, la OCDE entregó 54 recomendaciones para ayudar al Gobierno, entre las cuales se destacan, mejoras en la gestión del aire, de los desechos y del agua; otras, para desarrollar nuevas políticas respecto de los contaminantes en recursos naturales, perfeccionar la evaluación de impacto ambiental para que se consideren los proyectos alternativos y se mejore la participación ciudadana previa; revisar el actual sistema impositivo; que se realice un mayor gasto e inversión ambiental; que se apoyen iniciativas innovadoras ecológicas y se creen nuevos empleos relacionados, todo ello, para seguir con crecimiento del país, de manera sustentable. Respecto del cambio climático, se requiere una institucionalidad más fuerte y que se implemente una fiscalización, analizándose si las actuales políticas y normativas cumplen con el estándar necesario. Finalmente destaca, la importancia y la urgencia de realizar una evaluación nacional del ecosistema, con el propósito de tomar conocimiento de la diversidad biológica existente y los servicios ambientales que presta, mejorando a la vez la gestión y la inversión en áreas protegidas
Es de esperar, que tanto el sector público como el privado tomen en consideración y analicen estas recomendaciones, para que podamos seguir avanzando hacia un país más desarrollado, más sustentable y más preocupado de las próximas generaciones.
Enrique Gillmore Carmona
Abogado
Máster en Derecho Ambiental y Recursos Naturales
