Ni siquiera el Covid permitió que los crímenes de sangre y el narcotráfico nos dieran tregua el 2020. Por el contrario, encontraron terreno fértil en la vulnerabilidad de la gente para expandir su poder. Dentro de este contexto el Diario El Día nos recuerda que hubo 35 crímenes en la Región de Coquimbo en este período, algunos de ellos aún sin resolver. En la semana fuimos testigos, por si fuera poco, de una balacera en plena feria navideña de Maipú, la que costó la vida a una mujer de 60 años. Tampoco el narco dio tregua en nochebuena; a través de disparos de fuegos artificiales quisieron hacer ostentación de su poder a lo largo del país.Mientras esto ocurre, el Senado discute hace 3 años la necesaria reforma a la Ley de Control de Armas que despachamos desde la Cámara de Diputados en marzo del año 2017. Se trata de una dilación inaceptable para un proyecto que establece elementos tan básicos como aumentar requisitos para el porte de armas y aumentar sanciones para quienes vendan o entreguen armas, municiones o cartuchos a quienes no tienen derecho a poseerlas. La responsabilidad también es del gobierno, que no ha enviado a la cámara alta las indicaciones comprometidas para perfeccionar el proyecto.Mientras ello ocurre en el Senado, en la Cámara llevamos discutiendo todas las semanas el proyecto que mejora las herramientas de persecución del narcotráfico, y aumentando las penas de la Ley 20.000 de Drogas. Es así como hemos aprobado importantes normas que perfeccionan las facultades de decomiso y enajenación temprana de bienes al narcotráfico. Se trata de pegarles donde más les duele: en su ilícito patrimonio y en el negocio de lavado de activos. Seguiremos con la mejor voluntad para avanzar en la aprobación de este proyecto que otorga más facultades al Ministerio Público, aunque noto con preocupación una cierta tendencia del Ejecutivo en poner el acento en atacar el consumo más que a los mega narcotraficantes y su alto poder de fuego.Pero necesitamos dar un paso más, y para eso se requiere decisión política: Se trata de seguir el ejemplo de Europa más que de Estados Unidos, avanzando en restringir cada vez más la posesión de armas en manos civiles (que la mayoría de las veces terminan en manos del narco y el crimen organizado), fortaleciendo el monopolio del uso de la fuerza en las policías y las fuerzas armadas. Se trata de llevar a cabo una política de Estado para desarmar Chile. El candidato o candidata que lo proponga ganará la próxima elección presidencial.
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