Fortaleciendo la probidad en la función pública

Esta semana, la Presidenta Michelle Bachelet refrendó su compromiso con elevar los estándares de probidad para quienes trabajan en el sector público, gracias a la promulgación de la Ley Nº 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses para autoridades y funcionarios del Estado.Este es un avance para generar garantías de transparencia y probidad que nos han pedido los chilenos. Y es en ese contexto en que nace esta nueva normativa, que pone reglas más severas.La nueva legislación establece 3 mecanismos para disminuir la posibilidad de conflictos de interés: declaración de patrimonio e intereses; mandato de administración de cartera de valores; y deber de enajenar ciertos bienes. Además, algunas de las iniciativas apuntan a la transparencia de las actividades privadas, cuando está en juego la fe pública afectada por la colusión o malas prácticas comerciales.La nueva declaración de intereses y patrimonio, de quienes ejercen la labor del servicio público, tendrá una mayor responsabilidad con la ciudadanía y las sanciones por incumplimiento pueden ir desde una multa de 50 UTM hasta la destitución. También se obliga a que quienes tengan un patrimonio mayor a 25 mil UF,  extiendan un mandato a una entidad establecida específicamente en la ley para su administración. En caso de incumplimiento, la sanción puede llegar a mil UTM y se considerará una falta al principio de probidad administrativa. Y tercero, esta ley obliga a enajenar las participaciones en empresas que presten servicios al Estado, empresas cuyos servicios tengan tarifas reguladas o las que explotan concesiones del Estado.Hoy avanzamos en la Agenda de Transparencia, porque esta normativa impacta en un ámbito donde debemos ser rigurosos, como los conflictos de interés de los altos funcionarios. Exigiremos los más altos estándares a quienes quieran ser parte de la función pública, porque ellos deben venir a servir al país y no a servirse del Estado.