Por Adriana Muñoz el Mié, 07/10/2015 - 18:03
La gratuidad en la educación superior se ha transformado en el eje del presupuesto del sector público para el año 2016. Por meses las dudas y numerosos cambios en las fórmulas diseñadas han sembrado cierta inquietud.
Nuestro país aún tiene muchas necesidades y recursos limitados. Por ello esto se realizará gradualmente, en un lapso razonable, partiendo por aquellos sectores que más lo necesitan. El horizonte para el 2016 es cubrir a los estudiantes que se encuentren en el 50% más vulnerable de la población.
Para velar porque los planteles cumplan niveles aceptables de idoneidad institucional y académica se exigirán requisitos vinculados a la acreditación, que no posean fin de lucro y que garanticen la participación interna.
No será un sistema de becas, sino una cobertura asegurada por el hecho de reunir la condición socioeconómica señalada. La entidad no cobrará al estudiante ni éste se comprometerá a pago alguno. El Estado financiará sus estudios directamente. La universidad, CFT o IP además de las condiciones señaladas no podrá cobrar un arancel más allá de un 20% del promedio y debe comprometerse a no incrementar excesivamente sus cupos.
Como destaca el mensaje que entregó la presidenta Michelle Bachelet, lo relevante es que se cumplirá el compromiso contraído de comenzar a terminar el sistema de mercado en la educación superior y asegurar un acceso universal.
Es posible que haya críticas a esta fórmula. Siempre podrá perfeccionarse hasta consolidarse. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de una política pública que deja atrás un modelo que se prolonga ya por décadas.
Lo importante es que vamos a comenzar a implementar un sistema que permita terminar con el pago de las familias en la educación superior, asegurando con ello igualdad en el acceso a todos los jóvenes. Ese es el compromiso de la Nueva Mayoría y lo vamos a cumplir.
