Para el día 13 de Diciembre dictaron retomar la tramitación de la Ley de Identidad de Género, luego que varios sectores (RN, DC, UDI) apuntaran diversas indicaciones que enviarían de vuelta a la comisión de Derechos Humanos el proyecto de ley, que, presidida la comisión por Jacqueline Van Rysselbergue Herrera (UDI) desde el año 2015, y precedida por el senador Manuel Satta Aragay (DC), cumpliría el debate ya tres años y medio en la mesa, anestesiado por voluntades superficiales que han aletargado y modificado sustancialmente la original exigencia que levantaba el proyecto por una Ley de Identidad De Género.
Con 4 años de experiencia en materia legal y social, la proximidad de nuestro país vecino, Argentina, quienes para el año 2012 aprobaban la Ley de Identidad de Género, no ha sido capaz de tocar a la cultura política chilena de la urgencia del proyecto, y su trascendencia en materia de Derechos Humanos.
Evitando en esta oportunidad dar diversos datos cuantitativos y cualitativos que permitieron darle la profundidad y correspondencia para con el Estado chileno de exigir hacer del debate del género una política pública; desde las violentas tasas de suicidio adolescente por discriminación social y bullying escolar, la exclusión de posibilidades educativas y laborales para la comunidad LGTBI, hasta los contundentes movimientos sociales que han alzado la voz durante años por un sistema cultural libre del patriarcado, el capitalismo, y sus heteronormas; hoy queríamos detenernos en algo que por estos días ha estado intentado retomar una posición central que, en otros tiempos, fue fundacional para la manera de hacer y entender las políticas que debían emanar del Estado, y es que el dogma cristiano, con los más sofisticados retoques, ha logrado permear cada discusión, e incluso acceder a considerables cuotas de poder ideológico, y poder político en el parlamento.
En este sentido, hace ya algunas semanas, han tenido aparición mediática particulares manifestaciones desde los sectores conservadores y religiosos, levantándose con eslogans como ‘’en contra de la ideología de género’’; hasta incluso organizando, al interior de sus iglesias, programas sobre educación en estos temas, como vimos en el caso de Las Condes y los cursos que comenzó a dictar la Abogada Andrea Balbontín –Días Martes de 19:45 a 22 horas-:
“Bueno, que es la ideología de género, la ideología de género es el conjunto de todas estas ideas para imponer un cambio radical (…) con el fin de la destrucción de nuestra composición social natural. Se trata de la destrucción de la esencia misma del ser humano, de lo que nos distingue a nosotros del resto de los seres vivos“
“Es un conjunto de ideas (…) promovidas mundialmente en la ideología marxista de la lucha de clases, estableciendo que los géneros masculinos/femeninos son una construcción social y no propiamente natural, cuya finalidad es la destrucción de todo el orden natural de las cosas: matrimonio, familia, niños, religión o credos, fronteras, mujer, anulación del hombre”, se lee en la diapositiva proyectada’’ (FUENTE: THE CLINIC).
Agradeciéndole a la sra. Andrea Balbontín por el estudio detrás de estas afirmaciones, y la definición precisa que nos entrega para nuestro análisis, efectivamente el feminismo y los movimientos emancipatorios LGTBI van por un cambio radical, vamos por la destrucción de todo el orden natural de las cosas. Y nuestra primera herramienta alzada en esta lucha fue el continuo develamiento de un sistema opresor, de dominación política, económica y cultural, compenetrado con el patrimonio cristiano que dejó la herencia colonial del asentamiento de la iglesia católica en américa latina desde el siglo 16.
El mimetismo por parte del capitalismo para con el sistema patriarcal yace sobre un tejido histórico de hegemonía religiosa que hasta el día de hoy es posible desmantelar en diversas discusiones que rondan el debate legal y público; desde la articulación orgánica de la constitución chilena, hasta las opiniones ‘’de expertos’’ vertidas en los principales programas matinales nacionales, que luego, son reproducidas y producidas en la mesa de la casa; en la sala de clases; en el horario de trabajo.
El ejercicio de desnaturalizar las relaciones sociales heteronormadas y desmitificar a las instituciones políticas de fundamentos religiosos cristianos, ha sido crucial para desmontar el discurso patriarcal que genera la exclusión y continuo de violencia sobre la mujeres y la comunidad LGTBI. ‘’La familia’’, ‘’el matrimonio’’, ‘’los niños’’, han sido sacralizados, legitimados en términos católicos, y por (d)efecto, reconocidos en derechos sólo en cuanto se asumen en los parámetros ideológicos patriarcales (y heteronormados).
Durante las últimas décadas, por reivindicaciones efectivas que han logrado los movimientos sociales, se ha conseguido desmantelar los intereses ideológicos sobre materias políticas y culturales, y defender el laicismo de diferentes derechos humanos. En este cuadro es que se enmarcan legislaciones como el divorcio, el aborto, el ‘’acuerdo de vida en pareja’’, la ley de identidad de género. Así también en esta línea se anclan los intentos de programas escolares de educación sexual, y las campañas preventivas contra la violencia hacia las mujeres y contra las discriminaciones y exclusiones varias que concierne a la población LGTBI.
Ahora bien, no obstante, en este continuo de transformaciones y recuperación de derechos es que se inserta la postergación y modificación que ha tenido el proyecto por una ley de identidad de género, pues, con declaraciones bastantes transfóbicas, no se ha logrado penetrar en la concientización de la lucha colectiva que representa esta legislación. No se trata sólo de lograr que el cambio de nombre y sexo se convierta en un trámite meramente administrativo responsable del registro civil para las personas trans, ni quitar el peritaje psicológico que actualmente se requiere para poder llevar adelante una cirugía de reasignación de sexo y/o bustos. Se trata de que la sra. Jacqueline Van Rysselbergue Herrera deje de utilizar ‘’disforia de género’’ para referirse a las personas trans, adultas, o jóvenes. Se trata de politizar el control heteronormativo que tienen nuestros cuerpos, confinados a representar y reproducir las categorías de género femenina y masculina respectivamente, asignadas al nacer.
Hoy en día parte de los puntos más controversiales que están dando la hora en la legislación sobre el derecho a una identidad de género, son los relativos a la población infantil y adolescente que involucra la materia.
Se plantea que, las niñas y los niños menores de 14 son incapaces de reconocer sus auténticos deseos y por lo tanto, ante la rectificación de su sexo y nombre en la cédula de identidad, deben estos primeros ser autorizados por los padres, y tramitados por el tribunal de Familia, no, como en la población adulta y mayores de 14, por un trámite simple en el Registro Civil:
‘’La senadora van Rysselbergue afirmó que los menores de edad deben quedar fuera del proyecto, porque no tienen una definición sobre su sexualidad, pero sí podrían tomar esta decisión quienes tienen entre 14 y 18 años, con un análisis médico de su condición. “La mayoría de las disforias de género que suceden en la adolescencia se revierten. Estas se revierten en un 85%, entonces los jóvenes no pueden acceder a esto sin que tengan ayuda de especialistas”, dijo. ’’ (FUENTE: LA TERCERA).
Apelar al reconocimiento de una identidad –de género- es fundamentalmente materia de un derecho y dignidad humana. La reivindicación de esta demanda rectifica el ejercicio de la autonomía como parte de la soberanía que tenemos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Que el Estado de Chile niegue este derecho a niñas y niños y condicione a que ‘’no pueden acceder a esto sin que tengan ayuda de especialistas’’, además de estar negando y desacreditando la capacidad deliberativa y la autenticidad de la vivencia que experimentan, -la gran mayoría de casos- desde muy pequeños y pequeñas, sobre su identidad de género, se está reforzando la patologización de las identidades trans, y amparando prácticas psiquiátricas enajenadoras, que, en el ejercicio real, solo vuelven a refugiarse en el paradigma heteronormativo, haciendo un llamado a la ‘’comprobación’’ clínica de la identidad que dicen ser los pacientes, terminando por reproducir las mismas escalas referenciales binarias de lo que ‘’es’’ (o ‘’debe ser’’) el género femenino, y el género masculino.
Incluso, no se trata solo de cambiarle el nombre y que de ‘niño’ pase a ser llamada como ‘’niña’’, y que pueda usar vestidos. El problema no acaba allí. Muy por el contrario, recién comienza. Abogar por esta ley es reconocer todo un marco social que debe hacerse cargo de las normas impuestas que han causado diversos tipos de violencia. Se trata de contemplar un proyecto educativo, escolar y universitario, no sexista ni heteronormado, se trata de políticas en salud pública para las personas lesbianas, trans, gays, e intersex, se trata, como por ejemplo la ley de identidad de Argentina contempla, de asegurar la inserción laboral de la población LGTBI a través de un porcentaje de cuotas en las instituciones públicas.
La desvalidación de la elección de una identidad de género dentro del período de la infancia, no sólo denigra la autonomía de esa niña, niño, o niñe, sino que además, pone al descubierto la profunda ignorancia con que se discute el tema, al desconocer que, en esa vivencia e identificación a un género, no es sólo un proceso que vive esa persona, sino que es una experiencia en la que está comprometida toda la familia de ese niñe. Si se quiere particularizar el periodo de la infancia, que se preste atención entonces al entorno afectivo que está acompañando la vivencia de esa niña o niño, a la dependencia y apoyo emocional y económico que está implicado en el proceso de autoaceptación y de reconocimiento social requerido para que ese niño o niña pueda experimentar su auténtica vivencia de género.
En definitiva, la Ley de Identidad de Género, debe, no solo reducirse a especificidades legales propias de la realidad trans, sino que su exigencia está apelando a la revisión de todo un sistema cultural y político que ha naturalizado la exclusión de prácticas sexuales distintas de las heterosexuales. Es el llamado a desmantelar los diversos dispositivos responsables de mantener el continuo de violencia ejercida sobre las diversidades sexuales, y doblemente sobre las mujeres y género femenino.
Las convicciones que fundamentan este proyecto por una Ley de Identidad de Género no encarnan otra cosa que el emplazamiento feminista a las conciencias a hacerse sensibles de sus condiciones de opresión –sociales políticas, y económicas.
Daniela Álvarez Watanabe, Miembra Agrupación Feminista Olla Revuelta
