Por Adriana Muñoz el Mié, 14/10/2015 - 18:12
El paro de actividades que nuevamente afecta al Servicio de Registro Civil e Identificación y que se prolonga ya por varios días resulta extremadamente preocupante, tanto para la ciudadanía que no puede realizar sus trámites como también para los propios funcionarios. Sé que no es grata la situación de incertidumbre y tensión que este tipo de movilizaciones produce.
Nadie quisiera llegar a estas crisis. Sin embargo, también sabemos que el Estado no es precisamente el mejor empleador. Muchos de los funcionarios de la administración pública permanecen en condiciones de inestabilidad -bajo relaciones a contrata u honorarios- y que su nivel de ingresos no corresponde a la magnitud de sus obligaciones.
Por largo tiempo se descuidó el Estado, se estigmatizó a sus funcionarios y se procuró restar personal, bajo el argumento de reducir la burocracia. El resultado es negativo para todos. Especialmente para sus usuarios, generalmente los ciudadanos más vulnerables del país. A todos nos debe interesar tener servidores públicos bien calificados y valorados.
Pues bien, además de este descuido en el contenido, también hemos desatendido las formas. No existe una regulación para estas disputas. A diferencia del sector privado, en el sector público no hay un mecanismo de negociación colectiva formal, que permita que estas diferencias se canalicen adecuadamente. La Constitución lo impide. Aunque en los hechos sucede al margen de la ley y lo vemos a diario.
Como parlamentaria he presentado dos mociones, el 2007 y el 2011, para reformar la Constitución y generar un sistema de negociación en el sector público. Ello permitiría tener un marco claro para procesar estas situaciones que permita que los funcionarios avancen en sus remuneraciones y condiciones laborales y que se cautele, también, los derechos de los usuarios. Un Estado moderno requiere mecanismos de diálogo y solución de conflictos eficiente.
