Como consecuencia de la pauperización del empleo, desde hace décadas, nuestros gobiernos se han visto obligados a inclinarse ante las exigencias (en términos de solicitudes) de los diversos tipos de inversores que se interesan en “dar trabajo”, incluso al precio de generar problemas mayúsculos en lo que se relaciona con la sustentabilidad de las ciudades y del país en el mediano y largo plazo, así como con la calidad de vida de las personas.
Un claro ejemplo de ello son los emplazamientos de los grandes centros comerciales, llámense malls, tiendas de retail o de otra forma, ya que, según los expertos en marketing de la Real Academia de la Lengua Española, no existe un equivalente en nuestro idioma para nombrarlos.
En los países civilizados, que se preocupan por el patrimonio arquitectónico y sociocultural, estos centros se emplazan en las periferias de las grandes ciudades. En Chile, sin embargo, lo hacen en lugares céntricos en los que hay mucha circulación de personas. Ello, al costo (entre otros otros) de generar graves nudos en el transporte público y privado, pensando (nuestros expertos) que se trata de un precio bajo, si se compara con el beneficio de los empleos que conlleva la construcción y el funcionamiento de ellos.
Sin embargo, la genuflexión de las autoridades resulta permanentemente burlada en su raciocinio. De hecho, las tiendas implementan modalidades de venta que requieren cada vez menos personal, a través de la transacción por internet, la modalidad del autoservicio (tipo tiendas H y M), el retiro en tienda y otras. Además, vía parlamentaria, ajustan la legislación a fin de conseguir ganancias adicionales con los estacionamientos que cobran a sus clientes, con el beneplácito de los representantes del pueblo chileno.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si la gente no ocupara dichos estacionamientos y mantuviera los automóviles en la vía pública? El problema es determinar a quién sirven tales espacios, si a las comunas, a los compradores o a las tiendas. Si en parte sirven a cada una de ellas, ¿por qué razón el costo lo han subido a valores irracionales para solo una de ellas? Por otro lado, ¿quién paga los costos por la lentitud del tránsito en las horas pico, como consecuencia de los automóviles que se dirigen o salen de dichos centros comerciales? ¿Quién paga el costo del deterioro de las vías como consecuencia del sobreuso, así como el de todos los etcéteras que siguen?
Hace tiempo, además, hubo un debate acerca de la necesidad de que existan baños públicos y de quién paga los costos de su construcción y de su mantención en estos centros, del cual ya nos hemos olvidado.
En consecuencia, me parece más que razonable que las futuras autorizaciones de construcción y funcionamiento de grandes centros comerciales se permitan solo en las afueras de las ciudades, como debería hacerse también, por ejemplo, con los terminales de los buses interprovinciales.
Creo que ha llegado la hora de que empiece a planificarse la ciudad con vistas a su sustentabilidad y habitabilidad futura. Hoy en día, a raíz de la carencia o de la mala planificación, nos encontramos con edificios y poblaciones que “cortan” algunas vías, con carencia de calles anchas que permitan un tránsito fluido y con ausencia de vías alternativas a las rutas más frecuentes. Me parece irresponsable que la autoridad política que fue incapaz de planificar la ciudad tenga que recurrir, por ejemplo, a la restricción del tránsito de los vehículos para hacer posible un desplazamiento en términos apenas razonables. Un político o una autoridad administrativa debe tener visión de largo plazo. En caso contrario, no le sirve a la ciudadanía.
Un segundo ejemplo (se podrían dar muchos) es el relacionado con los yacimientos mineros. Está claro que se trata de faenas muy depredadoras del entorno que, a la vez, generan graves problemas de contaminación. La legislación al respecto, en Chile, sigue siendo bastante laxa, en razón de que somos un país dependiente de las materias primas, a la vez que con un nivel de empleo muy precario. En dicho contexto el royalty minero, luego de largas discusiones, acabó siendo poco más que un “saludo a la bandera”.
Como consecuencia de las últimas huelgas en el sector, los empresarios de la minería están empeñándose en la automatización de las faenas directas, es decir, en una drástica disminución del empleo, a contrapelo de las promesas que suelen hacer para conseguir las concesiones. En lo que respecta a las faenas indirectas, no hay mayores problemas, porque basta con recurrir a la subcontratación. De allí, entre otras, las exigencias que les hacen a las autoridades para que las vías de acceso a las minas se encuentren despejadas en períodos de huelga, situación que hace poco tiempo le costó la vida a un trabajador de una empresa contratista de la Codelco, en El Salvador.
Se he hecho referencia solo a dos de las muchas situaciones en las que las autoridades que se caracterizan por la genuflexión, unidas a legislaciones blandas y laxas, permiten “el pago de Chile” de parte de empresas que disponen de un muy bajo nivel impositivo, de mano de obra barata y de licencia para generar contaminaciones y saturaciones de todo tipo.
“… y verás cómo quieren en Chile…”.
