La Santa Sede dice que por “actos manifiestos de abusos a menores” procedió a expulsar del Estado Clerical al arzobispo Francisco José Cox. Pero recordemos que para el cardenal Errázuriz no eran manifiestos, más bien muestras de una “afectuosidad un tanto exuberante”; para el arzobispo Manuel Donoso “eran sólo nueve denuncias” que, como si fuera de su competencia decidirlo, “no eran comprobables”; y para el arzobispo Bernardino Piñera, en boca de las víctimas, varios abusos ocurrieron estando él presente pero no se escandalizó. ¿Cómo entender que para El Vaticano sea evidente lo que para los arzobispos chilenos no?
Si bien aún queda la interrogante de por qué Roma demoró 16 años en sancionar lo que a su juicio era “manifiesto”, tal vez lo anterior es la mayor prueba de que estamos en presencia de una verdadera cultura eclesiástica que ha normalizado el abuso en su interior. Para acabar con esta cultura, urgen cambios de personas responsables y cambios institucionales. Sin embargo, ¿cómo confiar que de los que han causado el problema vendrá la solución?
El otrora obispo de Osorno, hoy titular de La Serena, René Rebolledo, al ser consultado por La Tercera sobre los abusos de Cox, señaló “llegué a La Serena hace cuatro años y no tengo mucho conocimiento sobre los años previos”. Pero, ¿puede afirmar esto con tanta holgura?
En efecto, el canon 489 del Código Canónico detalla que en cada curia diocesana debe haber “un archivo secreto” donde se conserven cautelosamente los documentos que causen deshonra a la Iglesia. Vale decir, la confesión no es lo único secreto, salvo para una persona: el obispo, quien exclusivamente tiene la llave de ese archivo, tal y como lo consagra el canon 490.
Rebolledo al ser arzobispo, la tiene. Entonces, ¿es creíble que no haya revisado en los cuatro años que lleva en La Serena los antecedentes allí guardados? Tener un cargo de responsabilidad y conocimiento de las evidencias de un delito pero no entregarlas a la justicia, se llama encubrimiento.
Ahora bien, si Rebolledo dice la verdad, hay dos posibilidades: que sea negligente al no conocer información delicada de su propia arquidiócesis, o que las evidencias no estén ahí almacenadas, lo que no sería raro cuando en mayo pasado y por escrito, el mismo Papa denunció la destrucción de pruebas. Si esto es así, estamos ante otro escenario criminal.
Entonces, con la expulsión de Cox no se acaba este triste episodio: aún queda su proceso penal pero, junto a él, cabe aclarar la responsabilidad de los arzobispos de ayer y de hoy que permitieron que Cox gozara de impunidad o que, conociendo las pruebas de su culpabilidad, decidieron almacenarlas en el archivo secreto y no entregarlas al Ministerio Público.
