En los años 2014 y 2015 se realizaron una serie de estudios de ingeniería y técnicos además de hacer gestiones ante instituciones del estado con el objeto de viabilizar la construcción de una planta desaladora de agua de mar en La Serena para enfrentar la grave sequía que afectaba a esta ciudad, quedando expuesta a un serio riesgo de quedar sin abastecimiento de agua potable para la población (la ciudad de Ovalle estuvo a días del racionamiento de agua). Las gestiones que realizaron ESVAL, Aguas del Valle, el MOP y la Intendencia Regional, eran observada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) como una solución viable frente a la gravedad de la situación.
Uno de los problemas que se buscaba despejar, era evitar que el costo de esta obra se traspasara a tarifa e impactara el valor de las cuentas a pagar por la población, como lo contempla el marco jurídico vigente del modelo sanitario. Se evaluaban alternativas como la construcción por parte de la empresa concesionaria (Aguas del Valle) o un privado mediante un B.O.T o el Estado y se cargaba a fondo perdido para impedir el traspaso de la inversión a tarifa. Los costos de la operación y mantención, en todos los casos, se consideraban transferirlos a la comunidad. (Una solución parecida a la que actualmente se está desarrollando con la planta desaladora para abastecer de agua potable a la ciudad de Copiapó, Chañaral, Caldera y Tierra Amarilla).
A fines del 2015 y 2016, las condiciones climáticas empezaron a cambiar producto del debilitamiento del “Niño” y aparecieron los primeros “brotes verdes” permitiendo que, después de unos 8 a 10 años de sequía, los embalses iniciaran un proceso de llenado, acompañados de fuertes lluvias con inundaciones y aluviones logrando niveles normales. De igual manera, la Cordillera de los Andes se vestía de blanco aun cuando las condiciones de nivo y pluviométrica no se han normalizado.
El resultado del cambio climático descrito, permitió a las fuentes de captación de agua del operador, se recuperaran y quedar en condiciones de volver a operar con cierta normalidad. La pregunta que uno se hace es ¿Qué habría sucedido si se hubiese construido la planta desalado para bastecer de agua potable a la ciudad?. Desde el punto de vista normativo, la tarifa está obliga a utilizar la fuente de captación más eficiente para producir agua y sin duda que los costos del m3 de aguas superficiales de ríos Elqui o de aguas subterráneas de pozos, son 1/7 más bajo en comparación con la desaladora.
La respuesta a la consulta anterior, es bastante sencilla, pero no por eso deja de ser compleja. Definido por los técnicos de la SISS que las fuentes utilizadas anteriormente están recuperadas, la tarifa debe abandonar la planta desaladora y volver a recalcularla con las fuentes de agua dulces. Es decir, la planta se paraliza y allí quedan los US$ 20 millones como un backup esperando que se vuelva a producir una sequía o que un privado como una compañía minera quisiera acceder a aguas de este tipo. Pero existiendo agua dulce más accesible geográficamente y de bajo costo, es probable que la planta no preste ningún servicio hídrico y deba cerrar.
A lo anterior, hay que agregar la mantención de la planta con sus equipos, instalaciones, terrenos, permisos, etc., para que esté permanentemente operativa y pueda volver a ser utilizada y no quede abandonada o inutilizable. Todos esto costos fijos de mantención y vigilancia para evitar saqueos, los debe pagar el dueño del activo genere o no ingresos.
Las plantas desaladoras en las zonas áridas o de secano donde las fuentes de aguas se pueden recuperar rápidamente después de una sequía, estarán siempre expuestas a esta situación, de modo que, cuando se hacen los estudios financieros, de ingeniería y la evaluación técnica-económica se debe incorporar esta variable. A diferencia de las zonas desérticas, en que el agua no existe o es muy escaza, en estos casos, se puede asegurar la vida útil del proyecto.
En caso que el Estado hubiese financiado estas obras, se debe agregar el problema político que significa haber tomado la decisión de invertir una gran cantidad de recursos, en obras que después de un corto período son improductivas y se deben paralizar por los altos costos operacionales. Por esta razón y el impacto en tarifas, no existe en Chile una planta desaladora de agua de mar que haya sido construida por los privados. Todas las que se encuentran actualmente en operación (Arica, Antofagasta y ahora Copiapó) fueron construidas por el Estado y son operadas por privados.
Finalmente, de aprobarse la reforma al Código de Aguas no serían necesarias las plantas desaladoras para el consumo humano porque de acuerdo al artículo 5° ter del código, en caso de escasez hídrica, el Estado debe dar prioridad al consumo humano. Aun cuando no se indica cómo, cuándo, de donde y quién debe activar y operar este artículo.
Gabriel Caldes C. Autor del Libro “La industria sanitaria en Chile” y Ex gerente general ECONSSA
