La situación de la salud pública chilena, aunque ha tenido significativos avances de mejoramiento, sigue siendo deplorable: largas filas para obtener hora de en los consultorios de atención primaria, carencia de centros hospitalarios, preocupante déficit de personal médico (tanto general como de especialidades), centralismo, altísima deuda hospitalaria impaga a los proveedores, carencia de insumos y medicamentos, continuos paros laborales de los funcionarios, mala atención, etc.
Cuando Ricardo Lagos Escobar fue Presidente de la República (2000-2006), en un grosero acto de autoritarismo y de falta de respeto, le ordenó, públicamente, a su Ministra de Salud, Michelle Bachelet Jeria, la pronta solución de la espera o de las filas para conseguir horas médicas en los consultorios de atención primaria. Más aún, le dio un plazo perentorio de 15 días para solucionar el problema, diciendo que, de no conseguirlo, debería hacer abandono del gabinete. La ministra “agachó el moño”, y empezó a trabajar en el desafío. Las personas medianamente informadas sabían, como lo sabía el propio Presidente de la República y la propia Ministra de Salud, que se trataba de una orden imposible de cumplir. Sin embargo, desde todas partes hubo silencio, como si bastara la orden del mandatario para que la realización de los milagros que se le ocurrieran fuera conseguida. Pasaron los días y, de hecho, la orden no se cumplió. Hasta hoy, y habiendo transcurrido tres períodos gubernamentales (dos de ellos encabezados por la Ministra de Salud de Lagos Escobar), sigue habiendo espera para conseguir hora de atención en los consultorios. El Presidente de la República de entonces, al parecer en un acto de remordimiento de conciencia, ante el incumplimiento de su ministra, en lugar de alejarla del gabinete como habida amenazado, optó por hacerla asumir como Ministra de Defensa, lo que le permitió catapultarse como la primera mujer que ocupa dicho cargo en la historia de Chile, así como posicionarse políticamente hasta asumir la Primera Magistratura del país, llegando a ser, también la primera mujer que accede a dicha investidura en el país.
Al problema de las dificultades para que tanta gente pueda acceder a un número muy limitado (respecto de la demanda, desde luego) de horas de atención, hay que sumar la falta de capacidad para atender las urgencias y las necesidades de hospitalización. Hay personas que deben permanecer durante días en los pasillos de los hospitales, en razón de la carencia de camas disponibles, así como hay algunos que han fallecido mientras esperan una atención urgente.
Incluso las clínicas privadas del país, que, en razón de su alto costo, solo atienden a la población con mayores recursos económicos, se ven atestadas de gente, sobre todo en los períodos críticos (como en invierno, por ejemplo).
La difícil situación socioeconómica de Latinoamérica ha dado lugar a que muchos médicos extranjeros quieran radicarse y trabajar en Chile. En los distintos centros de salud, tanto de Santiago como de las demás ciudades del país, se desempeñan preferentemente en la salud pública.
Para ejercer la medicina en Chile, se requiere rendir un examen de idoneidad profesional, llamado EUNACOM (Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina) ante la Universidad de Chile. El 80% de los médicos que lo rinden son reprobados, aunque la mayoría de ellos ya están ejerciendo su carrera al interior del país. Se trataría de personas incompetentes que, de todas formas, trabajan para el Estado o para los municipios. Si se respeta la norma, a fin de año deberías salir del sistema alrededor de 500 médicos. Esta situación ha llevado a que algunos planteen que dicho examen no debería existir, alegando que basta con los compromisos suscritos por el Estado de Chile con otros países o agrupaciones de países, en lo que se refiere a convalidación u homologación de títulos profesionales. Sin embargo, el Colegio Médico de Chile (parte interesada, desde luego) y otras instituciones, así como gente con influencia de variados tipos, insiste en mantenerlo. En círculos de gobierno y parlamentarios, se conversa acerca de la necesidad de validar a los médicos que están ejerciendo (y que cumplan condiciones que, todavía, están en discusión) para que puedan continuar con el desarrollo de su carrera, sin la necesidad de someterse al examen.
El Programa de Garantías Explícitas de Salud (GES) ha dado cobertura en enfermedades de alto costo a las personas, beneficiarias del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), es decir, a las personas que no pueden financiar su atención y su tratamiento médico. Sin embargo, hay profesionales de la medicina que, atendiendo en condición de particulares o de dependientes de clínicas privadas, no informan a sus pacientes diciéndoles que su enfermedad puede ser cubierta por el GES, dado que ello les significa la pérdida de pacientes-clientes, es decir, de ingresos económicos importantes. En este respecto, el Juramento de Hipócrates se asimila al Juramento de Hipócritas.
La Constitución Política de la República de Chile garantiza, sin embargo, el derecho a la salud, al igual que el acceso a otros derechos fundamentales. La legislación de “medio pelo”, sin embargo, unida a la falta de fiscalización y al comportamiento de quienes buscan victimizar a los pacientes, hace que la referida garantía constitucional, llegue a limitar con la letra muerta.
A lo anterior se ha agregado el escándalo de lo colusión farmacéutica para subir los precios de los medicamentos puestos al público. Si bien se trata de un hecho que debería estar superado, no ha habido compensación para las víctimas del fraude, que por años pagaron valores superiores a los razonables por sus remedios, y resulta (por decir lo menos) sospechoso que los precios de los medicamentos sean todavía muy similares en las tres grandes cadenas farmacéuticas que operan en el país.
El Alcalde comunista de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, dio inicio a las “farmacias populares”, consiguiendo niveles de precio muy convenientes para los habitantes de su territorio. Se trata de una iniciativa que ha estado siendo copiada por otros municipios, incluso por algunos que son controlados por el partido político que mejor representa los intereses de las grandes empresas nacionales e internacionales, en Chile, la Unión Demócrata Independiente.
Sin embargo, las dos más importantes cadenas periodísticas chilenas han sido y son muy críticas en lo todo lo que se relaciona con las farmacias populares, como lo son también muchos parlamentarios e incluso algunas de las personas ligadas al gobierno.
Otro de los problemas más complejos que afectan a los chilenos en el ámbito de la salud es la renuencia de los profesionales de la medicina a indicar reposo (parcial o absoluto) para el restablecimiento de la salud de los pacientes. Ésta se debe al permanente cuestionamiento que se les hace, de parte de las ISAPRES, de los medios de comunicación, de los empresarios y de los políticos, en el sentido de que estarían extendiendo licencias médicas injustificadas o falsas. De vez en cuando, se publica la cantidad de dinero que el país estaría perdiendo en razón de las licencias médicas falsas o fraudulentas. No cabe dudas acerca de que algo de ello debe haber o hay. Sin embargo, al respecto hay que hacer las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes. Pero, no es correcto, ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista legal, que no se estén otorgando los reposos que merecen las personas que presentan dificultades de salud.
Peor todavía, la legislación chilena castiga a los trabajadores enfermos, a pesar de que estén al día en sus cotizaciones de salud, quitándoles el derecho a recibir pago por los primeros tres días de una licencia médica. Ello supone la idea de que todos los médicos y de que todos los pacientes son unos sinvergüenzas o corruptos. Desde el sello de la moneda, se trata de un “negocio redondo” para las ISAPRES y para FONASA.
Más incluso, las ISAPRES cuentan con médicos contralores que, en condición de árbitros, revisan las licencias que otorgan los profesionales de la salud y, desde su escritorio, sin siquiera ver a la persona paciente, aprueban, niegan o reducen el tiempo de duración de las licencias médicas, en un acto arbitrario y agresivo que está plenamente legalizado y que se practica a diario en el país.
Los pacientes a los que les son rechazadas o disminuidas las licencias médicas pueden apelar a una institución dependiente del Ministerio de Salud llamada “COMPIN” (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez). Sin embargo, el trámite significa tiempo y dinero, además de ser engorroso y humillante. Súmese a esto el hecho de que existe una oficina de la COMPIN por capital regional, de modo que, en las regiones de mucha extensión territorial e incluso de climas particularmente adversos, se hace muy difícil (por no decir imposible) realizar la apelación correspondiente.
Desde la perspectiva de los cotizantes, al contrario, estar con licencia médica es un pésimo negocio por diversas razones, entre las cuales están las siguientes: a) tendrán tres días menos de sueldo, a fin de mes, los que no son pagados por efecto de la licencia; b) no podrán acceder a pagos correspondientes a horas extraordinarias y/o a bonos relacionados con los niveles de producción; c) tendrán que incurrir, con menos dinero, a gastos adicionales en medicamentos, hospitalizaciones y otros relacionados; d) en el caso de ser rechazada o disminuida la licencia, tal vez, en razón de su estado de salud, ni siquiera puedan apelar a la COMPIN.
Sin embargo, tanto el gobierno como los políticos de diestra y de siniestra parecieran ignorar este tipo de situaciones y, si no las ignoran, no dan luces de estar preocupados por ir resolviéndolas de manera apropiada y razonable.
¡Viva Chile!
