Por Adriana Muñoz el Mié, 16/12/2015 - 09:57
El Tribunal Constitucional acogió el recurso presentado por parlamentarios de oposición cuestionando la gratuidad para la educación superior, aprobada recientemente a través de una glosa en el presupuesto.
Con el objetivo implícito de proteger a algunas instituciones de educación superior -de dudosa calidad o que lucran con recursos públicos-, la derecha ha puesto en riesgo que se aplique esta política pública tan esperada por la ciudadanía. En un arranque demagógico e irresponsable, pasaron de rechazar la gratuidad a argumentar que si no hay gratuidad para todos es injusto.
Los requisitos que se ha buscado establecer no tienen por fin discriminar, sino asegurar que los recursos públicos lleguen sólo a las instituciones que dan más garantías tanto de de seriedad como de que los ocuparán para mejorar la calidad de su enseñanza y no a fines particulares de sus propietarios.
No nos van a detener. La gratuidad está en marcha. La Presidenta Michelle Bachelet y el Gobierno han reiterado que cumplirán su compromiso. Una vez conocido el texto del fallo del Tribunal Constitucional se podrá tener más claridad acerca de los reparos realizados y elaborar fórmulas legales que permitan aplicar este beneficio a partir de marzo.
Se comprometió que unos 200 mil jóvenes y sus familias dejarán de pagar. La cifra exacta va a depender del mecanismo que se cree. Quizás el recurso de la derecha obligue a que aumenten los costos y sean menos los jóvenes beneficiados. Ellos serán los responsables si menos familias pueden dejar de pagar el 2016.
Cabe insistir, además, en la inconveniencia de transformar al Tribunal Constitucional (TC) en una tercera cámara legislativa, capaz de revertir textos aprobados por amplia mayoría en el Parlamento.
Ello es inconveniente para la democracia y para la legitimidad del propio TC.
Su composición y atribuciones son, ciertamente, materias que deben ser abordadas en una nueva Carta Fundamental, lo que justifica el proceso constituyente que se ha propuesto.
