Dotar de mayores facultades al Ministerio de Educación y al Estado frente a los resultados de las investigaciones que se realicen a instituciones de educación superior. Ésa es una de las principales razones que motivaron el envío del proyecto de ley que establece y regula las figuras del Administrador Provisional y Administrador de Cierre, la primera iniciativa legal de la reforma educacional que ingresa el Gobierno al Congreso.
El ministro Eyzaguirre explicó que uno de los principales objetivos de la medida es “garantizar los derechos de los estudiantes, la continuidad de sus estudios, que no se vean enfrentados a un eventual cierre de su carrera, de sus inversiones, de sus sueños, sin que ellos tengan ninguna culpa de aquello”, explicó.
A esto agregó que a diferencia de lo que ocurre hoy, en que frente a distintas irregularidades que presenten las casas de estudios la única sanción posible es el cierre de la institución, el “administrador provisional también va a intentar recuperar la universidad, a objeto de no proceder, en el caso de que no lo amerite, a un cierre definitivo del establecimiento”.