Ningún periódico chileno publicó hoy una nota necrológica ni incluyó en su obituario el nombre de Hugo Bravo López, de cuyo discreto funeral se enteraron muy pocos, pese a que desde hace más de dos años su nombre e imagen copaban las portadas de los diarios.
Fallecido este domingo, a los 71 años, Bravo López fue quien destapó en Chile la corrupción de las campañas políticas, delatando las maniobras de sus jefes durante más de 30 años para financiar ilegalmente candidaturas a cargos de representación popular de candidatos y partidos de derecha.
Banco Penta, más de 20.000 millone de dólares
Bravo era el gerente general de Penta, un banco de inversiones que llegó a manejar más de 20.000 millones de dólares, de propiedad de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, dos ardientes partidarios de Augusto Pinochet y muy cercanos a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido que dio sustento ideológico a la dictadura.
Quienes le conocieron dicen de él que soñaba desde niño con ser ingeniero comercial, lo que logró para convertirse en una pieza clave de Penta, aunque "Los Carlos" -como son conocidos los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín- le consideraron siempre un simple asalariado y jamás logró acceder a los círculos sociales de sus patrones.
"Callado, sin vida social, Hugo Bravo era el primero en llegar y el último en marcharse de la oficina. No tomaba vacaciones, pero conocía todos los secretos del banco", le describió la revista The Clinic en 2014, cuando estalló el escándalo.
El banco Penta financiaba campañas políticas entregando dinero a partidos o candidatos como pagos de honorarios por servicios inexistentes, justificados con boletas falsas que los receptores del dinero obtenían entre simpatizantes, amigos o sus propios cónyuges.
Hacer un par se semanas fueron imputadas formalmente las propias esposas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes también firmaban las boletas para justificar los pagos.
Los documentos eran utilizados posteriormente por la empresa para rebajar impuestos, como también hicieron, según se supo más tarde, importantes empresas pesqueras y la minera Soquimich.
Penta recurrió a este mecanismo porque estaba legalmente impedida de hacer donaciones a campañas políticas, según reveló Bravo cuando declaró por primera vez ante la fiscalía, en diciembre de 2014.
La mano de la justicia
La mano de la justicia cayó sobre los dueños de Penta y algunos altos ejecutivos de la firma, incluido el propio Bravo, quien murió este domingo, 48 horas antes de comparecer en un juicio oral por delitos tributarios y lavado de activos.
El exgerente general había llegado a un acuerdo con el ministerio público a cambio de colaborar en la investigación.
El juicio ya había sido aplazado el pasado viernes por el estado de salud de Bravo, quien se encontraba hospitalizado a causa de una falla multisistémica producto de problemas renales, una diabetes crónica y artropatía de Charcot.
Decenas de miembros de la UDI, entre ellos dirigentes históricos, parlamentarios, alcaldes y concejales, aparecieron entre los receptores de las aportaciones financieras de Penta, así como Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera.
También algún que otro miembro del partido conservador Renovación Nacional y hasta políticos que buscaban trazar su camino propio, como Andrés Velasco, ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y personajes de la Nueva Mayoría, la coalición de centro izquierda actualmente en el poder.
"En cada campaña, el aporte que se hacía de manera legal eran de unos 100 millones de pesos (unos 150.000 dólares) y de unos 400 millones (600.000 dólares) adicionales mediante cambio de boletas o facturas por servicios que no eran prestados o que eran falsos", declaró Hugo Bravo.
"El hombre que sabía demasiado", como le han bautizado algunos medios, habló tras ser despedido de Penta, lo que le llevó a presentar una demanda laboral por 2.300 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares).
Bravo tenía una fortuna personal. Había acumulado unos 20 millones de dólares a través de dos sociedades de su propiedad, parte de los cuales usó para pagar impuestos evadidos y así aminorar las eventuales condenas en su contra.
Según Manuel Guerra, uno de los fiscales del caso, la muerte del testigo clave priva a la Justicia "de una condena que Bravo merecía por los delitos cometidos".
Pero su deceso "en ningún caso pone en riesgo la investigación, ya que hay múltiples pruebas que permiten acreditar los delitos de los restantes imputados", aseguró el fiscal.
Según el diputado socialista Fidel Espinoza, que en unos días más asumirá la presidencia de la Cámara, "Chile va a terminar agradeciendo lo que hizo Hugo Bravo, que pudo desvelar a través de sus denuncias la incestuosa relación entre la política y el dinero.