Denuncias de personas migrantes en situación ilegal casi se triplican respecto al 2020

Los últimos meses del año pasado dejaron al descubierto lo vulnerable que se encuentran los extranjeros que cruzan la frontera sin papeles. A inicios de noviembre de 2021 la PDI descubrió un caso de Tráfico de personas, mientras que a inicios del mes pasado quedó al descubierto un caso de Trata de Migrantes.

Ambos casos que hoy se encuentran siendo investigados se enmarcan en un fenómeno país del que la región no ha estado exenta: el aumento de la migración, y más particularmente en ilegalidad, y las cifras de la PDI así lo revelan.

El subprefecto Germán Cerda, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena, señala como el fenómeno ha ido al alza. “Durante el año 2021 fueron denunciadas a la autoridad administrativa 1344 extranjeros, estos son aquellos que han sido denunciados por las constantes fiscalizaciones de este departamento y por el conocimiento de otros extranjeros u otras instituciones públicas”, explica el subprefecto.

La cifra es un 192% mayor que el año 2020, en que las denuncias apenas habían llegado a 460. En cuanto a las fiscalizaciones, estas aumentaron en un 129% el año 2021, con relación al año 2020.

Aumento de población venezolana

Consultado el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de La Serena sobre el origen de este fenómeno, considerando lo significativo del aumento, el subprefecto Cerda explicó que esta ocurre principalmente por dos razones.

“Al hacer un desglose de las nacionalidades, los extranjeros que más han sido denunciados ante las autoridades administrativas son personas venezolanas y bolivianas. Con relación a los ciudadanos venezolanos, todos sabemos la crisis política social y económica que ha habido en su país, esto los obligó a migrar por todo el cono sur y Chile no ha estado ajeno a esa problemática.

En el caso de los vecinos bolivianos, esto obedece a la alta demanda que genera la agricultura y a la temporada alta, de va de octubre a marzo; las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y el Maule necesitan mano de obra y las personas bolivianas son catalogadas como las que trabajan mejor el campo, por eso ha llevado a que el ciudadano boliviano ingrese a cumplir labores remuneradas en nuestro país”.

¿Han podido determinar en qué zonas se establece la población migrante?

“La población venezolana se establece en La Serena-Coquimbo. Es un hecho que la conurbación tiene la residencia venezolana más grande en todo el cono norte de nuestro país. Ahora las provincias, mayoritariamente, capta al trabajador boliviano”.

Con relación a las últimas noticias sobre población migrante en situación irregular en zonas agrícolas, ¿se aumentará la fiscalización?

“Como Policía de Investigaciones tenemos un plan de trabajo, que está fijado para esta temporada. Lógicamente por razones de seguridad no se puede divulgar, pero se debe tener en consideración es que desde el segundo semestre del año pasado comenzamos a cambiar la forma de fiscalización.

Es decir, comenzamos a verificar las condiciones laborales, humanas y sociales en que se encontraba el migrante porque no queríamos que en nuestro país y en nuestra región, en específico, se encuentren aprovechándose de él, por el solo hecho de que sea una persona migrante en situación irregular”.

Cambio en las fiscalizaciones

El aumento de la compleja problemática que involucra el ingreso de población migrante en situación ilegal, ha incidido en una nueva forma de abordar las fiscalizaciones. El subprefecto Cerda explica que más allá de las denuncias hacia la autoridad administrativa correspondiente, en el caso de que la persona estuviera incumpliendo un artículo o norma de ley de extranjería, se verifica si la persona se encuentra bien, trabajando en un lugar digno o con buena alimentación, por ejemplo.

Estos datos, fueron piezas claves para iniciar dos investigaciones “que fueron tremendamente mediáticas y lamentables como fue el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, una en la provincia de Elqui y la otra en la provincia de Limarí”, recordó el subprefecto.

El primero de los casos permitió detectar a dos individuos que reclutaban a personas en Santa Cruz de La Sierra en Bolivia para que se desempeñaran como trabajadores agrícolas en la zona, cruzando de manera ilegal la frontera cerca del paso de Colchane. La situación habría afectado a 13 trabajadores que se encontraban de forma ilegal en nuestra región.

El segundo caso, correspondió a Trata de Migrantes y se descubrió en un predio agrícola de Limarí. Ahí se pudo determinar que una pareja de origen boliviano, ofrecía sus a connacionales trabajo en faenas agrícolas de Ovalle, mediante redes sociales. Tras cruzar de manera ilegal, procedían, según lo informado, a retenerles la cédula de identidad y actuar con medidas coercitivas.

Mientras que el pasado jueves, se detectó un bus con 30 personas provenientes de Bolivia en situación ilegal en La Serena, que habían cruzado por un paso no habilitado y que se dirigían a trabajar a la zona central del país. Uno de ellos había sido expulsado el año 2017.

Cabe recordar que en la región hay 34 mil extranjeros con situación migratoria al día.

Un problema social

Si bien la PDI está trabajando en la Mesa de Migración que presi- de la seremía de Desarrollo Social, también trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Madre Josefa y la Municipalidad de Coquimbo para abordar la problemática social que muchas veces va aparejada.

“Ese trabajo se fundamenta en articular. Si se encuentra que hay un extranjero que está vulnerable y que necesita de alimentación, nos contactamos con una red y se articula una red social para ese extranjero. No va solo la denuncia, se articula bastante trabajo, es un trabajo social”, concluyó el subprefecto.