El empresario Carlos Uribe y su cómplice Carlos Fuentes fueron formalizados por simular un atentado incendiario en la Araucanía, relatando haber sido interceptados cuando viajaban desde Chillán a Vilcún por personas encapuchadas, vestidas con mantas y que se comunicaban en un lenguaje que las supuestas víctimas no entendían; las cámaras de seguridad de peajes e imprecisiones en la historia, delataron a los infractores.
El automóvil, Mercedes Benz, que pertenecía a una sociedad de inversiones y transportes del mismo conductor, estaba avaluado en 33 millones de pesos y fue asegurado en Renta Nacional Compañía de Seguros tres meses atrás, por lo que el dueño cobró alrededor de 37 millones de pesos por la pérdida.
El fiscal Miguel Ángel Velázquez, indicó a El Mercurio que "los tráficos telefónicos, la ubicación y la revisión de las cámaras de seguridad de diversos peajes permitieron establecer que los hechos no fueron como los relataron, sino que hubo un concierto previo destinado a cobrar el seguro".
La jueza Marcia Castillo decretó tres meses de investigación, decretando arresto domiciliario y arraigo nacional para ambos imputados durante el transcurso de las diligencias, fijando además una audiencia para el 24 de febrero.
Éste no es el único caso en el que se trata de inculpar a defensores de la causa mapuche por quema de vehículos con el fin de cobrar el seguro correspondiente. El año 2014, el transportista Hugo Castro quemó su camión asegurando haber sido víctima de un ataque incendiario, para luego cobrar un seguro de 15 millones de pesos, pero fue descubierto por incongruencias en su relato, por lo que terminó condenado junto a un cómplice a 400 días de pena remitida.