Continúan los ajustes de personal en los municipios de La Serena y Coquimbo

Siguen los ajustes en las comunas de la conurbación respecto a los funcionarios a honorarios que prestan servicios en diversos departamentos municipales. Así en La Serena que poseía más de 770 funcionarios a honorarios hoy  ha disminuido casi en 100 personas y en Coquimbo que posee un personal de más de 1400 funcionarios a honorarios, se trabaja por la no desvinculación de 800 personas y se han rebajado remuneraciones. 

Revisión constante

Tras el reportaje realizado por diario El Día a fines del mes de enero, en el cual se realizaba un pormenorizado informe respecto a la contratación como honorarios de cientos de personas en los municipios de La Serena y Coquimbo, que consideraban al año un gasto sobre los cuatro mil millones de pesos en cada comuna, el alcalde Roberto Jacob señala que ha sido un tema de revisión constante en la municipalidad serenense.

A fines de diciembre ya se habían desvinculado cerca de 20 personas y a comienzos del mes de enero se renovó  contratos por dos meses para luego definir quienes continuaban o eran desvinculados. Según la página de transparencia municipal  si en el mes de diciembre existían 764 funcionarios a honorarios, en enero eran 624, pero en febrero aumentaron a 655. Las desvinculaciones se han realizado en diversas áreas, desde delegaciones municipales, departamento de tránsito y seguridad. 

Fuentes dentro de quienes fueron removidos de sus cargos señalan que a pesar de los dichos de Jacob de desvincular “a quien no cumple su labor”, la gran mayoría eran  personas que estaban encargadas de la relación directa con la comunidad y resolución de problemáticas ciudadanas, mientras que los cargos con mayor sueldo y pertenecientes a partidos políticos continúan sin ser un aporte concreto en el municipio. Por otra parte, muchos de ellos se están organizando para realizar las demandas correspondientes respecto a despido injustificado y no pago de indemnizaciones.

Roberto Jacob asegura que  las desvinculaciones continuarán considerando que se encuentran en un proceso de reducción de gastos de aquí al 2020, debido a la millonaria deuda que mantienen.

“Venimos desvinculando desde diciembre y hemos hecho una reducción de 45 a 50 funcionarios. Ahora se renuevan todos los contratos, pero cuidado, porque esto no significa que aquí se paró. Yo voy a revisar mes a mes  y el funcionario que no cumpla o no responde a las expectativas que tenga el municipio no continúa”, agregó Jacob.

El edil explica que este tema junto a otros gastos y acciones del municipio serenense se están revisando en la comisión de hacienda de los concejales que integran Alejandro Pino, Ramón González y Jocelyn Lizana, quienes deberán entregar una propuesta de reducción de gastos al alcalde en las próximas semanas.  

“Todo lo que a mí me manden me pueda servir como insumo. Pero de aquí en adelante estamos en reducción absoluta de la deuda, pero no significa que vamos a dejar de hacer cosas”.

Una caja negra

Según los cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)  el 70% de los gastos de un municipio está relacionado con la contratación de personal a honorarios que son el 75% de todos los trabajadores.

El Subsecretario Ricardo Cifuentes señala que a cada municipalidad se le compara con una caja negra  “porque no se sabe concretamente cuántas son las personas que trabajan ya que cada una de ellos es autónomo y no tiene que rendir cuentas a nadie”.

Señala que con la nueva Ley 20.922 sobre el Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización del Personal Municipal  se “prende una luz y obliga al municipio a enviar información desde el próximo año a la SUBDERE que obligatoriamente debe publicarla para el conocimiento de la comunidad. Eso es potente porque habrá claridad. Las cifras que tenemos hoy día que son preliminares, parciales, pero dramáticas y alarmante, porque casi el 75% de toda la gente que trabaja en un municipio es gente a honorarios y eso no puede ser, porque un municipio  moderno y que quiere afrontar desafíos de futuro lo primero que debe hacer  es tener una arquitectura de su administración razonable.”

Agrega que existe precariedad debido a que estos trabajadores no tienen garantizada estabilidad laboral y no poseen  previsión social; además de trabajar bajo el temor que un cambio de autoridad terminará con sus funciones, aun cuando su desempeño laboral fuese positivo.

Cifuentes señala que en 20 años las plantas municipales no se han modificado, considerando que la población de cada comuna ha aumentado al doble, en algunos casos, por ello esta nueva normativa permitirá modificar los funcionarios con aprobación del alcalde y su concejo y previa demostración que el presupuesto municipal permite la contratación.

“Desde que se democratizó el municipio en el 92 hasta hoy día,  tienen cinco veces más  facultades y recurso, pero hacen cinco cosas más y la planta quedó paralizada, quedando como única fórmula para responder a esa demanda  la contratación de honorarios. Eso lo tenemos que empezar a corregir,  pero el primer paso es prender la luz es decir cuántos son, cuanta ganan, donde están, que hacen y cuál es el producto”.

Coquimbo sigue revisando

Mientras en la comuna de Coquimbo, el alcalde Marcelo Pereira y una mesa de trabajo que integran desde  dirigentes de funcionarios municipales  hasta el diputado Matías Walker sigue revisando la situación de aproximadamente 800 trabajadores a honorarios que debían ser desvinculados, tras un dictamen de la Contraloría que exigía la contratación en este sistema sólo de personas con estudios  especificos de la labor asignada. Sin embargo, desde el puerto se consideró también  demostrar la especiliadad con la expertiz que dan los años de trabajo, ya que muchos de estos funcionarios llevan más de 20 años trabajando en el municipio.

Pereira señala que este posible despido masivo se sabía desde el mes de septiembre de 2016, en la administración de Cristian Galleguillos, pero que nada se había hecho, por ello “cuando asumo en diciembre es una de las primeras cosas con las que me encuentro y me reúno con el contralor y empezamos a tirar las directrices de cómo lo podíamos resolver”.

El edil porteño agrega que los trabajadores por los que está abogando son quienes realizan servicios directos a la comunidad en aseo y ornato, por ejemplo y no quienes “ganan sueldos de 2 a 3 millones de pesos. Son los más humildes que quizás no han terminado su 4º medio, pero podemos demostrar que han trabajado 20 años. Por lo tanto, como alcalde, puedo generar un certificado de expertise y contratarlo”.

Señala que este problema será resuelto en los próximos meses, así como también en el municipio funciona una comisión especial que revisa el tema de los sobresueldos de sus funcionarios que han sido el blanco de críticas especialmente de aquellos que son del círculo del edil Marcelo Pereira.