Exposición a plaguicidas estaría provocando daño cognitivo en Elqui y Limarí

El impacto que tiene en la salud de la población el uso de pesticidas para el control de plagas en los cultivos agrícolas siempre ha sido motivo de debate, sobre todo en las zonas donde ésta actividad es predominante.

Esto llevó a investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica del Norte (UCN) a realizar el estudio denominado “Desarrollo de un Biomarcador Eritrocítico de alta sensibilidad para el Diagnóstico de Exposición prolongada a pesticidas organofosforados”, que tenía como objetivo por un lado determinar la presencia de estos químicos en los habitantes de las zonas rurales de las provincias de Elqui y Limarí y por otra ver los efectos epidemiológicos que éstos estarían teniendo en la salud de las personas.

La investigación estuvo a cargo de la doctora en ciencias biológicas y académica de la UCN, Floria  Pancetti, quien trabajó con la doctora Muriel Ramírez, del departamento de Salud Pública de la misma entidad.

La iniciativa, que tuvo un costo superior a los 300 millones de pesos, fue financiada a través del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) de Conicyt.

Metodología

Floria Pancetti cuenta que la toma de muestras y el trabajo en terreno se realizó entre los años 2011 y 2014. “Nos permitió hacer monitoreo en humanos expuestos a plaguicidas”, indica.

El diseño experimental fue bastante riguroso y la población se dividió en diferentes grupos de exposición (de 100 personas aproximadamente cada uno). Se analizó a gente no expuesta, de Coquimbo y La Serena, que no trabajaba en zonas agrícolas, resultados que se compararon con el grupo potencialmente expuesto. Éstos a su vez se dividieron en dos grupos, gente ambientalmente expuesta y gente ocupacionalmente expuesta.

“Por un lado teníamos trabajadores agrícolas que trabajan en contacto con los plaguicidas, ya sea los mismos que fumigan o la gente que está en otras labores propiamente agrícolas dentro del mismo predio y los ambientalmente expuestos que es gente que vive en las zonas rurales aledañas donde se realizan este tipo de actividades”, explica la profesional.

Para medir los niveles de exposición, se optó por hacerlo de una forma indirecta “a través de unos biomarcadores en sangre, que son proteínas que están en la sangre cuya actividad se altera en presencia de los plaguicidas. Entonces uno no mide el plaguicida, pero mide la actividad de este biomarcador, que son unas enzimas, que son las colinesterasa”, detalla.

Estos biomarcadores están en la sangre “y esta forma de medir la exposición es lo que contempla la legislación chilena, el Decreto Supremo 594 sobre los límites máximos permitidos de exposición a sustancias en los lugares de trabajo” especifica.

Pero aparte de verificar la posible presencia de pesticidas en el cuerpo, les interesaba además medir algún impacto clínico en la salud de las personas, saber cómo los está afectando.

Cabe destacar que la exposición a plaguicidas tiene una amplia gama de efectos. Unos son agudos, que son los que se presentan en el corto plazo, con síntomas como intoxicación, manifestaciones cutáneas “depende el tipo de químico o la sustancia, pero generalmente hay sintomatología de tipo colinérgico, la gente empieza a lagrimear, a presentar bradicardias, sudoración”.

No obstante, en el caso de este estudio en particular se concentraron en identificar los efectos crónicos, que se manifiestan a largo plazo “cuando la gente ni siquiera se intoxica, no se da cuenta que está expuesta porque no tiene ninguna manifestación, pero, sin embargo, esa exposición a dosis bajas si es por muchos años igual tiene impactos en la salud”, dice Pancetti.

Eso está asociado a otras cosas, como por ejemplo cáncer, malformaciones congénitas en la descendencia, de tipo genético, o puede también a alteraciones metabólicas, diabetes tipo 2.

“Pero a nosotros nos interesó una manifestación que pasa prácticamente inadvertida que es el deterioro cognitivo. Hay mucha evidencia que indica que la exposición crónica por muchos años a plaguicidas puede estar asociada con enfermedades de tipo neurodegenerativo como el párkinson y el alzaimer y una manifestación temprana de eso es el deterioro cognitivo”, puntualizó.

Para ello, lo que hicieron los profesionales es que a las personas en análisis les aplicaron un conjunto de test para evaluar, por ejemplo, memoria, capacidad de planificación, psicomotricidad, entre otras.

Resultados preocupantes

El estudio de la UCN desafortunadamente arroja resultados que son bastante desalentadores y que ya desde hace algunos años inquietaban a la comunidad científica. La primera conclusión es que efectivamente en las personas de las zonas rurales de Elqui y Limarí existe un impacto por los pesticidas. “Cuando nosotros miramos el marcador de exposición que contempla la ley vemos que aproximadamente un 20% de la muestra que estudiamos presenta niveles de exposición por sobre el límite de tolerancia biológica que declara la legislación chilena”, indica Floria Pancetti.

Esto, detalla “significa un umbral a partir del cual ya hay riesgo para la salud. La legislación chilena establece ese límite en el 30% de inhibición del biomarcador”.

En este sentido, agrega que “lo que vimos es que había una alta prevalencia de exposición cuando ésta se estima en base a los criterios que establece la legislación chilena y esa prevalencia es de alrededor de un 20% tanto en los ambientalmente expuestos como en los ocupacionalmente expuestos, ese dato también es preocupante”.

De hecho, explica la académica, fue uno de los aspectos que más le llamó la atención, que la presencia fuera similar “porque quienes trabajan el labores agrícolas, incluso paradójicamente debieran estar más protegidos que la gente que vive cerca, porque ellos usan implementos de protección, guantes, máscaras, trajes especiales”, precisó.

Daños cognitivos

Otra conclusión inquietante es que efectivamente se pudo detectar que los plaguicidas estarían provocando daño cognitivo en las personas. “Vemos claramente que la gente ocupacionalmente expuesta, que lleva más de 15 años trabajando en labores agrícolas, claramente tienen mayor deterioro, sobre todo en memoria y psicomotricidad, que la gente ambientalmente expuesta”, sostiene Floria Pancetti.

Las muestras de los grupos de exposición (laboral y ambiental) se compararon con los de los no expuestos (que habitan en La Serena y Coquimbo) y, asegura, la diferencia fue notoria “o sea, la gente de la conurbación está prácticamente normal, aplicándole las mismas pruebas”.

Respecto de las causas que estarían provocando este fenómeno, la doctora indicó que “son temas epidemiológicos que son un poco controversiales, porque tu aplicas todas las herramientas epidemiológicas estadísticas para establecer que hay una correlación, pero no puedes decir a ciencia cierta que existe causalidad, a no ser que midas el compuesto en algún fluido biológico”.

¿Las autoridades están al tanto?

En cuanto a si las autoridades están al tanto de estos resultados, dada la relevancia que revisten, la académica de la UCN señala que de hecho el Instituto de Salud Pública actuó como mandante del estudio “y hacíamos reuniones periódicamente a lo largo del tiempo que duró el proyecto, donde venían representantes de IPS, se hizo un seminario final, se entregó un informe”. Además de eso, han sido publicados artículos en reconocidas revistas científicas.

Asimismo, sostiene que este trabajo no se ha estado llevando a cabo sólo en la Región de Coquimbo, sino que se están haciendo investigaciones similares en la Universidad Católica del Maule, la pontificia Universidad Católica en Santiago y la Universidad de O´Higgins, lo que ha llevado a crear una red a nivel nacional de investigación de plaguicidas.

Todas estas casas de estudio también se han dedicado a difundir los resultados que han obtenido (similares a los de Coquimbo) y a la fecha continúan con proyectos en esta línea.

“Los colegas que participan de la red, sobre todo la doctora María Teresa Muñoz, investigadora de la Universidad Católica del Maule, es muy activa en esto de poner el tema en lo que es la discusión política, en los grupos que tienen que tomar decisiones de tipo legislativo. Ella ha ido a exponer sus resultados al Congreso, ha mostrado también los antecedentes de nuestros estudios”, detalla Pancetti.

De hecho, indica, lo que se pretende es que en base a estos resultados se pueda trabajar en cuanto a que la legislación en torno a este tema sea más exigente “así como también la regulación de los productos que se están usando”.

A nivel regional, señala que ella ha sido convocada a participar de la Mesa Regional de Plaguicidas, donde hay representantes del ministerio del Trabajo, de Medio Ambiente, del SAG, de la seremia de Salud y del INIA y donde se le está dando una mirada intersectorial al problema.

En relación a si ellos ya conocen estos resultados, indica que “yo se los iba a presentar en un seminario el año pasado, pero se pospuso y espero poder hacerlo ahora luego en las próximas reuniones, me imagino que va a tener que suceder, porque como ha salido a la luz estos reportajes, yo se los he comentado verbalmente, lo que pasa es que estamos esperando la instancia para hacerlo como un seminario más formal”.

¿Qué lo está provocando?

Cabe destacar que en Chile el organismo encargado de regular y fiscalizar el uso de pesticidas es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Respecto a si han logrado determinar cuáles son los productos químicos que están provocando este daño en las personas y, más importante aún, si están autorizados para su utilización en el país, surge un dato que también es relevante, pues la doctora Pancetti señala que en efecto lo están.

Cuenta que en primera instancia el estudio en su encuesta incluyó una pregunta respecto de qué productos en específico estaban utilizando las personas, pero que existían diferencias entre los manejos que se hacen en los predios grandes, donde hay prevencioncitas y gente encargada de estos temas, y los pequeños donde es más informal “y a veces no tienen idea de lo que están aplicando y en el fondo ahí se iba a producir un sesgo a la hora de comparar los resultados”.

Por esta razón, se decidió  medir este biomarcador específico para un tipo de plaguicidas que son los organofosforados, que son fundamentalmente insecticidas y se aplican en la época de primavera. “Son muy usados en frutales y hortalizas, son de los más usados dentro del grupo de plaguicidas”.

La profesional recalca que sí están autorizados, pero no obstante en el caso, por ejemplo, de los estudios que se hicieron en la región del Maule,  se tomaron muestras de orina de niños de un establecimiento educacional aledaño a labores agrícolas, que fueron enviados a EE.UU para su análisis “y ahí se encontró un derivado del paratión, que es un insecticida que está prohibido, ese dato es preocupante”.

Como dato anexo, dice que hace unos días tuvo acceso a un informe técnico de la ACHIPIA, que es la agencia chilena para la seguridad e inocuidad de los alimentos “y casi me voy de espaldas, porque analizaron hortalizas y un montón de las muestras que estudiaron estaban por sobre el límite máximo de residuos permitidos, muy por sobre”.

Según afirma, uno de los compuestos que encontraron era metamidofos que es un insecticida organofosforado que es muy tóxico “está autorizado, pero no debería nunca jamás existir límites detectables de ese compuesto en un producto como la lechuga. Es decir, hay antecedentes preocupantes acerca de las prácticas con las cuáles se está trabajando en el mundo agrícola a la hora de aplicar sustancias”.

El problema es el mal uso

Como ya mencionaba la doctora Floria Pancetti, los pesticidas que se están utilizando en la agricultura cuentan con autorización. El problema, advierte, es cómo se están usando y la poca fiscalización que existe en esta materia.

Cabe destacar que en territorios tan extensos el SAG no cuenta con un número de fiscalizadores suficientes que le permitan abarcar un mayor número de predios.

La solución, dice la profesional, pasa por un uso consciente de los agroquímicos. “Nosotros no decimos que sea lo más nefasto del mundo y que hay que prohibirlo ni usarlo nunca más y virar a una agricultura 100% orgánica, creo que son herramientas útiles pero hay que usarlas bien, porque que la gente aplica demasiado”.

Otro problema que se presenta, precisa, es que las máquinas, las bombas de aspersión con las que se ejecuta el proceso muchas veces no están bien calibradas “por lo tanto hay mucha dispersión de producto en el ambiente que se pierde. Hay todo un tema que tiene que abordarse con una mirada ambiental, ocupacional y salubrista”.

En cuanto a si se debería hacer también una revisión de los químicos que se están utilizando en Chile para ver si siguen cumpliendo con los estándares internacionalmente permitidos, la docente de la UCN señala que “sí, yo creo que ahí falta más fiscalización, porque en el metabolito que encontraron en la orina de los niños en el Maule claramente ahí hay una infracción a la legislación, se está usando un producto que está prohibido”.

Otra cosa que a su juicio se debería regular con más fuerza es la venta, porque actualmente se comercializan de forma libre. “Es decir, cualquiera puede ir y comprar agroquímicos, ese es otro tema que debería abordarse, que la venta sea restringida a gente que tenga la licencia de aplicador o que tenga algún tipo de certificación en el uso de estos compuestos”.

Por el momento, señala, seguirán trabajando en seguir analizando los resultados y, por otra parte, ya están postulando a financiamiento otro estudio, esta vez para trabajar directamente en educar a los agricultores. Para ello, lo harán en conjunto con INIA Intihuasi. “Ellos ya tienen algunas experiencias piloto donde han hecho capacitaciones y han cambiado la mirada de los productores agrícolas en cuanto al manejo de los cultivos y al uso de los agroquímicos, introduciendo conceptos de manejo integrado de plagas y hacer un uso racional de los mismos. Esperamos seguir trabajando en esta línea”, enfatiza.

Insiste en que el objetivo de este estudio es precisamente crear conciencia en este sentido, pero que son los tomadores de decisiones los que tienen que analizarlos y ver las medidas a adoptar. “Uno cumple con sacar la foto y poner la información a disposición de las autoridades, con eso se supone que deberían generarse políticas sanitarias”, precisa.