Millonarias demandas laborales obligan a municipio a alcanzar acuerdos con demandantes

En el caso de tres demandas laborales que fueron presentadas en contra de la municipalidad de La Serena, ésta tuvo que alcanzar advenimientos con los demandantes para evitar cancelar la totalidad de los recursos que se exigían por parte de exfuncionarios y que bordean los 400 millones de pesos.

Entre los demandantes y que provocó molestia entre concejales como Jocelyn Lizana figura la acción legal por parte del exjefe de gabinete del alcalde Roberto Jacob, Ricardo Soto, quien demandó por 66 millones 139 mil 773 pesos al municipio luego de que no se le renovara su contrato tras 7 años prestando servicios en el municipio. Se acordó cancelarle 28 millones de pesos el próximo 15 de abril.

Las otras dos demandantes son la técnico en diseño, Rosa Salvatierra Sánchez, quien trabajó 11 años y que demandó por 28 millones 462 mil  374 pesos. En este caso las partes acordaron que se le cancelarán 12 millones de pesos el próximo 15 de abril. Y la asistente social Marlene Jacob Ambler, la que trabajó 16 años y que demandó por 304 millones 936 mil 070 pesos y el acuerdo fue cancelarle 90 millones de pesos, de los cuales 40 millones se le pagarán el 30 de abril próximo, 25 millones el 15 de junio de 2019 y 25 millones el 15 de diciembre del mismo año. En este caso la funcionaria se autodespidió, sus funciones no fueron cesadas por el municipio.

TEMOR A FALLO DE LA CORTE SUPREMA

De acuerdo a lo que se explicó por parte de la jefa de asesoría jurídica, Marcela Viveros, y por el propio alcalde, Roberto Jacob, se buscó un advenimiento con los demandantes, luego que los antecedentes que hay en todo el país y en la propia municipalidad de La Serena es que los tribunales están fallando en favor de los trabajadores, por lo tanto para evitar pagar tal elevadas cifras se ha buscado un acuerdo para aminorar el impacto.

De hecho, el edil sostuvo que él hubiese llegado hasta la Corte Suprema con estas demandas, pero existía el temor, por los antecedentes que se conocen, de que ésta falle irremediablemente en favor de los demandantes. Por lo tanto, se buscó pagar menos de lo que se hubiese condenado a cancelar.

En todo caso, el alcalde Roberto Jacob se abstuvo de votar por la aprobación de las indemnizaciones en el caso de Ricardo Soto y de Marlene Jacob Ambler.

MOLESTIA POR DEMANDA

Si bien en términos generales, los concejales entendieron la situación y votaron favorablemente por un advenimiento con los extrabajadores municipales demandantes, hubo reparos frente a la demanda del exjefe de gabinete, Ricardo Soto.

La que se mostró muy molesta fue la concejala Jocelyn Lizana, quien dijo que “me parece inaceptable. Yo no puedo entender, no logro entender, cómo alguien que entró por confianza política a una alcaldía, al que se le termia el contrato, ya que ni siquiera se le despide como a otros que son complejos, demande al municipio sabiendo que ese monto que se le va a dar perjudica a la comuna en la cual sirvió. Ese monto se podría gastar en una plaza y en muchas otras partes. Cuando uno entra por confianza política a un municipio debe entender que el contrato por el cual es contratado es así y así son las reglas del juego. Me parece muy incorrecto el actuar de Ricardo Soto”.

Al referirse a las otras dos demandantes, Lizana dijo que se trataba de funcionarias de carrera, que consideraban que sus imposiciones no se les había pagado y otros argumentos más, por lo que era otro el juicio muy distinto al caso de Soto.

De todas formas señaló que esperaba que en el futuro, sea quien sea el alcalde, cualquier persona que entre por confianza política no le haga el mismo daño a la comuna,  por lo que pidió que se buscara “cómo doblarle la mano a una legislación que nos hace daño”.

JUICIOS EN ACUERDO

El concejal Luis Aguilera solicitó que se informara detalladamente cuántos juicio se han perdido, cuántos se han ganado y en cuántos se ha llegado a acuerdo, recibiendo como respuesta por parte de la jefa de asesoría jurídica, Marcela Viveros, que en todos los juicios se ha llegado a acuerdo y que solo en uno se llegó a sentencia y fue desfavorable para el municipio.

Por su parte, el concejal Mauricio Ibacache lamentó que los parlamentarios y autoridades no han escuchado este problema que enfrentan los municipios para poder ejercer cambios. Mencionó que la sola demanda por más de 300 millones de pesos, en el caso de haberla perdido en los tribunales y tener que pagarla, en la práctica significan 15 años de trabajo de un concejal. Ejemplificó que si todos los funcionarios que están a honorarios y a contrata se autodespidieran y demandaran al municipio, éste desaparecería, ya que no alcanzarían los recursos para pagarles a tantas personas.

El concejal Pablo Yáñez, fue preciso y se limitó a señalar que “me parece detestable el accionar de Ricardo Soto y creo de que la funcionaria Marlene Jacob se haya autodespedido es una tremenda oportunidad para tener una oficina de la vivienda como corresponde, creo que lo hizo muy mal”.

Finalmente los concejales aprobaron el acuerdo indemnizatorio con los exfuncionarios demandantes, aunque Joselyn Lizana rechazó en el caso de Ricardo Soto. 1601