El complejo recorrido del proyecto de Andes Iron

El 13 de septiembre de 2013, el proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa chilena Andes Iron, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para su calificación. La propuesta contempla la extracción de hierro (cerca de 12 millones de toneladas de concentrado fino anuales), con una inversión estimada de US$2.500 millones.

Desde el principio estuvo rodeada por un dejo de polémica. Se emplazaría cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y había estado precedida por otra iniciativa: la central termoeléctrica Barrancones que, pese a ser aprobada, quedó en el camino ante la fuerte presión de sectores ambientalistas.

Estuvo 3 años y medio en evaluación. En total se efectuaron 4 ADENDAS y sus correspondientes ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones) donde la compañía debía responder a los requerimientos de los organismos competentes.

LAS POLÉMICAS

Previo a su votación, se vio envuelta en dos conflictos. El primero, en 2015,  fue el bullado caso Penta, por supuestos pagos que habría realizado Carlos Alberto Délano, uno de los socios de Dominga, al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Su conexión con el proyecto minero abrió suspicacias respecto de posibles beneficios que habría obtenido la iniciativa de La Higuera, aunque luego el gerente general de Andes Iron, Iván Garrido, salió a negar tajantemente estas acusaciones.

Luego vino un segundo episodio con tintes políticos. A pocas semanas de que se votara en la Comisión de Evaluación Regional, un reportaje de radio Bio Bio informaba a Sebastián Piñera y su familia como parte del grupo de accionistas del mismo. Se especuló incluso que el mandatario había bajado Barrancones protegiendo estos intereses. El jefe de Estado negó de manera contundente haber influido y acusó a la Nueva Mayoría de una actitud “canallesca”.

Con posterioridad, fue el mismo Iván Garrido el que debió salir a aclarar que esto se produjo en los procesos iniciales del proyecto y que ya no existía ninguna vinculación con la autoridad.

PREVIO A LA VOTACIÓN

El proyecto siguió su curso, hasta que en febrero de 2017 finalmente el Servicio de Evaluación Ambiental, (SEA), de la región de Coquimbo, tras el análisis de los antecedentes expuestos en el proceso, recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a través del Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE).

La sesión de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental se fijó para el 9 de marzo de 2017, en un clima de tensión que se exacerbó, por ejemplo, con las declaraciones del Senador Guido Girardi, quien a través de su cuenta de twitter  publicó fotos de cada uno de los integrantes de la comisión (seremis) e indicó “mañana a las 9 AM veremos como votan. Ellos se convertirán en “criminales ambientales” si se aprueba resolución ambiental de #proyecto Dominga”.

También en su página web sostuvo que “sería totalmente irregular si es aprobado y me costaría mucho ser parte de un gobierno que permite que sus seremis violenten tratados internacionales”. Asimismo, agregó que “habría que investigar las poderosas razones para que, a sabiendas, estos funcionarios estén dispuestos a violar la ley, pero me parece que no pueden seguir siendo parte de un gobierno que pretende generar desarrollo sustentable”. Esto fue catalogado en su momento como una presión política para quienes tomarían la decisión.

Hubo otro hecho que llamó la atención. El día antes a nivel regional comenzó a circular fuerte el rumor de que la votación estaba lista, que se daría 6 votos contra 6 y que dirimiría el ex intendente, Claudio Ibáñez, lo que a la postre ocurrió.

EL DÍA D

A esas alturas la votación concitaba la atención de los medios regionales y nacionales. El salón Prat de la intendencia se encontraba repleto y en las afueras se manifestaban adherentes y detractores.

El inicio estaba contemplado para las 9 de la mañana pero finalmente comenzó cerca del mediodía. Finalmente la instancia rechazó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. La votación fue 6 votos a favor y 6 en contra. Debido al empate, debió dirimir el intendente Claudio Ibáñez, quien optó por mantener su voto negativo.

Una de las críticas que surgió y que sería a la postre uno de los argumentos que esgrimió Andes Iron en la reclamación  ante el Tribunal Ambiental fue la falta de “motivación” que habrían tenido los seremis que rechazaron la iniciativa, toda vez que en los informes anteriores habían firmado documentos (que constan en el proceso de evaluación) donde no manifestaban su disconformidad y aprobaban.

EL COMITÉ DE MINISTROS

Ante este escenario adverso, Andes Iron apeló a la resolución ante el Consejo de Ministros, presidido por el titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, confiando, según manifestaba Iván Garrido en esa oportunidad “en que se respetaría la institucionalidad”.

Aquí se genera otro hecho polémico y que también fue uno de los puntos que ayudaron a la firma para que el Tribunal Ambiental considerara que hubo “vicios” en el proceso de evaluación.

La citación para la sesión del cuerpo colegiado se realizaría el lunes 21 de agosto, pero la comunicación se dio a conocer la tarde del viernes 18. Desde Dominga alegan que esa reunión estaba pactada para analizar el proyecto “Cerro Casale”, pero que a última hora se cambió. Este argumento también fue acogido por el tribunal, que en el fallo hace ver el poco tiempo que tuvieron los secretarios de Estado para hacer el análisis de los antecedentes.

El proyecto es rechazado por tres votos en contra (Salud, Agricultura y Medio Ambiente) y dos a favor (Minería y Energía). Pero hubo otro punto que fue determinante. El entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, solicitó más tiempo para desarrollar la evaluación, el que no le fue concedido. Ante esto, se habría retirado de la sala. Esa sería solo la punta del iceberg de la crisis política que vino después.

RENUNCIA EL GABINETE ECONÓMICO

A esas alturas el proyecto Dominga ya formaba parte de la agenda del Gobierno, tanto así que la votación del Consejo de Ministros generó la peor crisis política de la administración Bachelet, con la renuncia de todo su equipo económico.

El primero en reaccionar fue el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien lamentó que se hayan tomado “decisiones apresuradas” y planteó que "efectivamente en las últimas decisiones nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibro que necesitamos saber entre la inversión y el mantener la sostenibilidad”. Se sumaba así al ministro de Economía, que criticó la falta de tiempo que se les dio para evaluar.

Inesperadamente, fue el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el que salió a respaldarlos a ambos indicando que "yo constato que algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas”. El revuelo fue tal que los tres terminaron renunciando al cargo.

LLEGA AL TRIBUNAL AMBIENTAL

Pese a estos dos tropiezos, Andes Iron siguió insistiendo en que en ambas votaciones hubo “vicios de ilegalidad” por lo cual recurrió a esta instancia legal presentando una reclamación en contra de la resolución que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental de Dominga en la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo y posteriormente, en la instancia política-ministerial. Su interés, según informó a través de un comunicado de prensa, era que “se evalúe el proyecto Dominga en su mérito atendiendo los sólidos antecedentes que se han entregado tras su largo proceso de evaluación ambiental y que se retrotraiga el proceso a la etapa posterior a la dictación del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), que recomendó en base a argumentos técnicos aprobar Dominga”. Este recurso fue acogido en diciembre del mismo año.

En enero, en tanto, iniciaron las audiencias en Antofagasta, donde intervinieron representantes de 9 terceras partes, más los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental y los de Andes Iron. En contra, en tanto, hicieron sus planteamientos la ONG Oceana, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de la Higuera; el Comité de Agua Potable Rural los Choros y la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de los Choros.

Tras esto, los ministros manifestaron que, a fin de tener mayores antecedentes, realizarían una visita inspectiva al territorio donde se emplazaría el proyecto, la que se extendió por 3 días.

Posteriormente, también consideró una reunión privada con los abogados de las partes, es decir reclamado (SEA) y reclamante (Andes Iron). Luego de ello se culminaba la fase de entrega de información y poder comenzar así, de lleno con la etapa de sentencia. Tendrían 30 días para dirimir.

TRIBUNAL ANUNCIA PROCESO DE CONCILIACIÓN

En algo que causó cierta sorpresa, al finalizar estas visitas a La Higuera los ministros titulares decidieron abrir un proceso de conciliación. El presidente del tribunal, Daniel Guevara, informó que elaborarían las bases y haría una ronda de exposición con todos los abogados intervientes. Se fijó fecha para el 14 de marzo, en un procedimiento que podría extenderse por 3 jornadas.

Pero a solo horas de que se cumpliera el plazo, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos anunció la decisión del gobierno de no participar. A través de una declaración pública manifestó que es “necesario que en este caso exista un pronunciamiento jurisdiccional, debido al tenor de las materias reclamadas por la legalidad de un acto administrativo enmarcado en el proceso de evaluación de impacto ambiental”. La medida, aunque considerada inédita, no prosperó.

Los procesos continuaron su curso normal, entonces, hasta que el 23 de marzo pasado se informó que los ministros quedaron en acuerdo para dictar sentencia. Marcelo Hernández sería el encargado de redactar el fallo que se dio a conocer ayer y que finalmente le dio el favor a Dominga.