Ad portas de su votación, reforma al Código de Aguas vuelve a ser objeto de debate

Tras 10 años de tramitación, este miércoles comenzó en la Sala del Senado la discusión en general del proyecto de reforma del Código de Aguas, correspondiente a su segundo trámite constitucional. 

Dicha discusión tiene como objetivo avanzar en una actualización de la actual legislación promulgada en 1981, fortaleciendo el carácter de bien de uso público del agua, así como la consagración de su acceso como un derecho humano básico y la necesidad de hacer frente a los efectos del cambio climático.

Durante esta primera sesión, los senadores presentes manifestaron sus posiciones en relación a esta iniciativa y marcaron sin duda, lo que serán las próximas jornadas de debate hasta el día de su votación.

Así por ejemplo, la senadora por la región, Adriana Muñoz, valoró la cantidad de organizaciones sociales que han participado durante su discusión, explicando que “el texto apunta a complementar el carácter de bien de uso público. Consagra además, el derecho esencial al agua como un derecho humano, se regula la obligación del Estado respecto de territorios indígenas con el fin de proteger las aguas existentes para dichas comunidades, y se establece las diversas funciones que cumplen las aguas”. 

Pero mientras el proyecto avanza en el respectivo trámite, en la región diversas organizaciones ciudadanas han seguido con especial atención la discusión parlamentaria: juntas de vigilancia, organizaciones gremiales y agrupaciones campesinas son parte de estos grupos que no han estado ausentes del debate. 

Preocupación

Ese es el caso por ejemplo, de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, cuya gerenta, Alejandra Marín, mostró ciertos reparos en relación a algunos temas que ella considera prioritarios, como es que los derechos de aprovechamiento de agua “estén pasando de un derecho permanente a uno temporal. Eso precariza la seguridad en las inversiones”, aseguró.

A manera de ejemplo, Marín indicó que en el caso del río Elqui hay poco más de 25 mil acciones de agua desde hace un siglo, cada vez con menor caudal por acción. Por otro lado dice, el río Elqui fue declarado agotado por la Dirección General de Aguas a partir del año 2009 y, por lo tanto, no se pueden otorgar nuevos derechos de aprovechamiento, aunque sean de carácter temporal como plantea la reforma al Código de Aguas. “Entonces la mirada en nuestra cuenca se debe concentrar en los siguientes puntos: los derechos otorgados vigentes, la necesidad de saneamiento, el perfeccionamiento de los derechos de aguas y su inscripción en el Catastro Público de Aguas”, señala.

Preocupante también es para ella que en el proyecto de ley no se vislumbren modificaciones sustantivas a los procesos de fiscalización por parte de la DGA, “y si bien se avanzó en gran medida con la reforma realizada al Código el año 2018, en base a nuestra experiencia, esto no ha sido suficiente”.

Además, criticó que la reforma pretenda endosar la responsabilidad en el abastecimiento de agua a la población que se está estableciendo en el sector rural, a raíz de la proliferación de parcelas de agrado y a los titulares de derechos de aguas superficiales que hoy están destinados al uso agrícola, “aun cuando la crisis climática profundiza la situación de escasez hídrica para todos los usos, esta”, señala. 

Discusión constitucional 

Ahora bien, para la gerenta de la JJ.VV. del Río Elqui, el punto positivo que plantea la reforma es que se le da prioridad al consumo humano, aunque para ella, el verdadero desafío en la práctica –y en lo legal– es que debieran buscarse otras alternativas como fuente de abastecimiento ante la severidad de la actual crisis hídrica.

Una mirada distinta tienen en el Consejo Regional Campesino, cuya presidenta, Leticia Ramírez, consideró “altamente improcedente” que se esté legislando sobre este tema “cuando estamos ad portas de la elaboración de una nueva constitución, la cual debe hacerse cargo de la realidad que estamos teniendo en nuestro país respecto al tema del agua. Porque no hay agua. El cambio climático es indesmentible”. 

El temor de los pequeños campesinos dice, es que lo que se apruebe en el Congreso deje de alguna manera “amarrada” alguna indicación que vaya en desmedro de la agricultura familiar campesina, poniendo “el negocio por sobre la vida”, sin que haya cambios sustanciales en la propiedad del agua.

“Creo que los parlamentarios que se supone que nos representan, debieran negarse a discutir aquello. Yo sé que tienen un mandato, pero nosotros lamentablemente, producto de la pandemia hemos tenido muchas dificultades para poder manifestarnos. Pero estamos muy atentos a lo que está pasando y por eso reiteramos que deben ser los convencionales quienes al escribir la nueva constitución partan por definir qué es lo que vamos a hacer con el agua”, afirmó.