Andes Iron acusó vicios jurídicos en primera jornada de alegatos

Con una alta concurrencia de abogados, vecinos, representantes de distintas agrupaciones sociales, ambientales y de los medios de comunicación se dio inicio ayer a la primera de las jornadas de audiencia por el caso del Proyecto Minero Portuario Dominga.

Esto, luego que la empresa Andes Iron presentara el 1 de diciembre el año pasado un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en contra de la resolución que rechazó el Estudio de Impacto Ambiental de Dominga en la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo y, posteriormente, en la instancia política-ministerial, el 21 de agosto del 2017. 

La audiencia comenzó a las 15 horas y se realizó en  la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la cual se inició con la presentación del abogado Relator del Primer Tribunal Ambiental, Pablo Miranda Nigro, quien dio cuenta  de los antecedentes del caso ante los Ministros Titulares del Primer Tribunal Ambiental.

El primero en exponer sus argumentos ante los jueces fue la empresa reclamante Andes IronSpA, representada por el abogado Patricio Leyton Flores, quien en una presentación de powerpoint detalló once “irregularidades” que habría realizado el Comité de Ministros, mediante las cuales la compañía aseguró que se  “vulneraron el ordenamiento jurídico y los principios legales que lo regulan”. 

La primera diapositiva mostró una comparación entre el proyecto Dominga y Puerto Cruz Grande, esto porque según la empresa reclamante si bien son iniciativas similares, Cruz Grande sí fue aprobado.

“Dentro del procedimiento de evaluación del proyecto Cruz Grande, tanto el informe consolidado de evaluación regional, como la resolución de calificación que aprobó este proyecto, se aprobó sin las rutas de navegación”, declaró el abogado de la compañía.

Leyton agregó que “las rutas de navegación fueron incorporadas por parte del Comité de Ministros, quien frente a un recurso de reclamación básicamente sostuvo que efectivamente dichas rutas debían ser incorporadas porque existía la susceptibilidad de afectación de la áreas protegidas y sus objetos de protección”.

ARGUMENTOS

La empresa afirmó que la citación a la sesión del Comité de Ministros fue extemporánea. 

Leyton indicó que el 3 de agosto del 2017 se citó al Comité de Ministros para conocer del proyecto Cerro Casale. El 16 de agosto se modificó la hora, sin explicación alguna, de las 8 a las 7:30 de la mañana, y que el 18 de agosto se subió al expediente un oficio fechado un día antes por el cual se agregaron cinco recursos de reclamación, lo que significaron 40 mil páginas para la revisión del Comité.

“El estatuto del Comité de Ministros dice que a lo menos deben ser diez días hábiles para dicha citación (...) simplemente la revisión de toda esa información en un fin de semana es humanamente imposible”, declaró el abogado reclamante. 

La empresa agregó además que la supuesta emergencia de la reunión no fue calificada en la citación, la cual fue realizada por el  secretario del Comité de Ministros, y no por su presidente.

Asimismo, la compañía reclamante agregó que  el Comité de Ministros habría también caído en irregularidades tales como  que la tabla del Comité de Ministros u orden del día se cambió sin acuerdo; la abstención del Ministro de Economía fue irregular y que los ministros votaron sin conocer el proyecto.

A estos se sumaría que no hubo contradictoriedad para informes relevantes, falta de fundamentación y motivación. De igual forma, aseguraron que se convalidó el vicio esencial de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que se admitieron a trámite recursos sin agravio y que se produjo una desviación de fin o poder.  

Por todos estos argumentos es que la empresa indicó que debería haberse realizado una nueva citación, y no una votación “de manera intempestiva como se produjo”. 

CONTRAPARTE

Luego de la exposición de la parte reclamante, se dio paso a los alegatos de la parte reclamada, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), representado por la abogada Andrea Gallyas Ortiz. 

Gallyas en casi 40 minutos descartó cada una de las acusaciones de la compañía minera, relacionadas con la adaptación del proyecto para cumplir con los estándares fijados por el Comité de Ministros en torno al transporte marítimo, sindicada como la principal causante del rechazo.

En ese punto, la repartición de gobierno sostuvo que la adaptación del proyecto -que ahora consideró la actividad de navegación de barcos graneleros- sólo considera dos días de campaña en el mes de septiembre, lo que  no podría representar las variables y características del ecosistema,  el cual se encuentra próximo a áreas protegidas, con especies en categoría de conservación.

Gallyas aseguró que los vicios legales que según la empresa habría cometido el Comité de Ministros no son efectivos. La abogada primero se refirió a la supuesta irregularidad que reclama la empresa de acoger a trámite las reclamaciones de los observantes ciudadanos.

“El artículo 20 y 29 de la Ley 19.300, la cual regula la posibilidad de que los observantes ciudadanos puedan recurrir ante el Comité de Ministros, y luego ante el Tribunal Ambiental no hace ninguna distinción a que la calificación ambiental sea favorable o desfavorable”, indicó la abogada de la parte reclamada. 

Gallyas agregó que por lo tanto el Comité de Ministros acogió adecuadamente a trámite las reclamaciones de los observantes, por lo que no habría un vicio al respecto. Respecto a los tiempo de citación, la representante ratificó que el estatuto establece que se requiere de diez días mínimo para realizar una convocatoria, sin embargo, existe  una excepción al presentarse una situación de emergencia, la cual debe ser calificada por el presidente del Comité de Ministros, en este caso el ministro de Medioambiente, lo que sí habría ocurrido. Ayer además alegaron Raúl Pelen en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo Norte y Fernando Roco Pinto, en representación de 248 personas de la Mesa Comunal de la Higuera. Para las 15 horas de hoy están fijados los 7 alegatos restantes en la  primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.