• El proceso que busca anular la actual Ley de Pesca, también conocida como “Ley Longueira”, comenzó a dar sus primeros pasos en el Parlamento.
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Lautaro Carmona
Por 81 votos a favor y 46 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados decidió dar curso al proceso de nulidad de la polémica legislación, también conocida como “Ley Longueira”. A nivel regional, desde Sonapesca la decisión fue vista con preocupación, pues implicaría “hacer volver a fojas cero” el rubro, mientras que sectores de la pesca artesanal valoraron la determinación del Legislativo.

Con una mayoría de 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones, este martes, la Cámara de Diputados aprobó en general la iniciativa que propone la anulación de la Ley de Pesca.

Conocida también como “Ley Longueira”, pues fue aprobada siendo el histórico militante UDI ministro de Economía en el año 2012, rápidamente fue objeto de críticas y cuestionamientos a su legitimidad, al comprobarse que durante su tramitación, algunas empresas del rubro, como Corpesca, habían pagado coimas a parlamentarios para que se incluyeran una serie de artículos que iban en director beneficio de éstas

Algunos ahora ex parlamentarios, como Marta Isasi y Jaime Orpis, de hecho, fueron procesados por cohecho por este caso, mientras que Pablo Longueira,  fue sobreseído de la investigación.

De todas formas, desde ese mismo momento, los cuestionamientos a la ley continuaron escalando hasta que en 2016, los diputados comunistas Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez, presentaron un proyecto para anular la Ley de Pesca, el que finalmente fue aprobado este martes.

“Desde el año 90 que Chile no había hecho algo como lo que se hizo en la Cámara de Diputados que es votar la nulidad de una ley, y lo que hay que preguntarse es por qué. Y  eso es porque nunca en Chile nos habíamos enterado de algo tan vergonzoso, de algo que yo creo que en el mundo es algo que nos avergüenza”, afirmó al respecto, el legislador por la región, Daniel Núñez.

“Acá se sobornó a un ex senador como es Orpis, se sobornó a una ex diputada como Marta Isasi y se les pagó dinero para que ellos votaran a favor de aquellas normas que beneficiaban a la empresa Corpesca y a las siete familias”, agregó.

Fojas cero

Y tal como era esperarse, la decisión no dejó indiferente a nadie, menos al rubro de la pesca.

Así, pese a la introducción de una indicación para mantener transitoriamente la ley mientras se discute –eventualmente – otra que la reemplace, la decisión del Congreso dejó preocupada a la mediana y gran industria pesquera.

Así, el presidente regional de Sonapesca, Osciel Velásquez, si bien reconoció que hubo “un exceso de lobby por parte de la industria” y “se cometieron algunos errores” al momento de elaborar la ley, el anularla implicaría para el sector “volver a fojas cero”, indicó.

“Independientemente de la gestación de la ley, esta ha sido positiva, pues realmente ha posicionado el concepto de sustentabilidad. Por ejemplo, hoy día estamos con una pesca certificada que antes no teníamos. Estamos recuperando pesquerías que antes no existían y las decisiones las toma un comité científico. Ya no hay decisiones políticas para otorgar cuotas”, explica el presidente del gremio.

En ese sentido, llamó al Congreso a ser responsable en sus decisiones, pues “la pesca es un tema muy técnico. El sector es uno sólo y por eso creo yo, que al anularse la ley se le quitan varias ayudas tanto a la pesca artesanal como a todo el rubro”.

Sobre los casos de cohecho, Osciel Velásquez estima que es la justicia “la que tiene que hacer su trabajo, sancionar si hubo o no problemas, pero el Parlamento debe legislar la mejor manera de cómo administrar la pesca”.

Un paso correcto

Para Pascual Aguilera, vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Mar, Fetramar Elqui, en tanto, la decisión del Parlamento es un avance que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo, “prácticamente desde su gestación”.

Ahora bien, Aguilera aclaró que lo que realmente se quiere anular, son los cambios que, durante la gestión de Pablo Longueira, dieron forma a la ley 20.657, que modificó a la original Ley 18.892 de Pesca y Acuicultura -promulgada en 1989 - en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal, y regulaciones para la investigación y fiscalización.

“Aquí no estamos pidiendo anular la ley, por lo tanto, si se anula la ley Longueira, queda vigente la anterior, la ‘madre’, que es la 18.892. Por lo tanto no quedaríamos desprotegidos. Sin duda que volveríamos a la ‘carrera olímpica’ que se dio en su oportunidad, pero cuando los recursos, producto de las modificaciones que se le hicieron con la ley Longueira, prácticamente han colapsado, no nos vamos a quedar tranquilos hasta que opere la indicación transitoria que se introdujo en la Cámara, mientras trabajamos en una nueva ley”, explicó.

En ese sentido, el dirigente de la pesca artesanal subrayó que las modificaciones aprobadas en 2012 “fueron fruto de la corrupción y desde su misma gestación hubo una ilegalidad de forma. Aquí hubo cohecho, hubo pagos, hubo pauteos”, señaló.

Comisiones y Tribunal Constitucional

Debido a que la votación por anular la Ley Longueira fue en general, y por ser objeto de indicaciones –como aquellas que definen un régimen transitorio aplicable una vez que la actual norma deje de regir - la legislación volverá a ser discutida, ya sea en la Comisión de Pesca o de Constitución, quedando el debate en particular para sesiones posteriores.

Respecto a la solicitud de reserva de constitucionalidad que hizo el Gobierno, durante el debate, el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, justificó la decisión, señalando que “no existe la potestad expresa para efectos que el legislador pueda declarar la nulidad de una ley”, agregando que “aprobar una ley que anula una anterior, sería un gravísimo precedente, porque podría venir una seguidilla de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho y cuestionarían lo que el Congreso ha hecho por el país”.

 

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