Así estará conformada la Comisión Ambiental que votará Dominga el miércoles

Han pasado ocho años desde que por primera vez el proyecto minero-portuario Dominga, iniciativa impulsada por la empresa Andes Iron, dio inicio a su tramitación respectiva en el Sistema de Impacto Ambiental y a la vez, comenzó a ser conocido masivamente por la opinión pública. 

Una inversión de 2.500 millones de dólares, para la producción de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre, además de la construcción de un terminal de embarque en el sector Totoralillo Norte eran parte del proyecto que Andes Iron presentó en aquella oportunidad. 

Hasta el día de hoy de hecho, es el mayor emprendimiento de la Región de Coquimbo.

Pero lo más importante, la creación de 27 mil puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción del proyecto, es quizás el mejor argumento que la iniciativa tiene a su favor, considerando además, el escenario económico actual. 

No obstante, así como tiene fervientes defensores, Dominga cuenta con numerosos detractores, quienes afirman que esta iniciativa minera, que se ubicaría a 70 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, en la costa de la comuna de La Higuera, afectaría irremediablemente el medio ambiente del lugar, partiendo por la Reserva Nacional Pingüino de Humbodt, además de otros efectos negativos. Argumento que obviamente, la empresa rechaza. 

El hito

Sin embargo, en abril pasado, el largo trámite al que ha sido sometida la iniciativa de Andes Iron, tuvo un resultado favorable para el proyecto. 

En efecto, el 16 de abril pasado, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, -instancia en la que se hallaba el proyecto para su estudio luego de que la Corte Suprema acogiera tres recursos de casación en contra de Dominga, ordenando a dicho tribunal conocer y decidir sobre “el fondo” (es decir, sobre los aspectos ambientales y técnicos) de lo que reclamaban diversas organizaciones ambientalistas- resolvió acoger la reclamación a favor del proyecto minero portuario.

De esta forma, el tribunal anuló la resolución 1146 de fecha 13 de octubre de 2017 del director ejecutivo del Comité de Ministros, además del acuerdo número 08/2017 del Comité de Ministros, y la resolución exenta número 0025 del 14 de marzo del 2017 (RCA), de la Comisión de Evaluación Ambiental. 

Junto con ello, y tras una resolución exenta del Servicio de Evaluación Ambiental, el proceso se retrotrajo a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación Ambiental quedando así “en calificación”, abriendo entonces la oportunidad de una nueva votación esta vez, de parte de la Comisión Ambiental de la Región de Coquimbo.

Es así como llegamos al que será otro de los grandes hitos de la larga tramitación de Dominga: el próximo miércoles 11 de agosto, a las 08:30 horas, el proyecto será sometido a votación por parte de los miembros de la comisión ambiental. 

¿Quiénes serán las personas que tendrán en sus manos esta decisión?

Pues el actual delegado regional presidencial, Pablo Herman, -por ser sucesor legal del cargo de intendente– y que preside la comisión; Claudia Martínez, directora regional del Servicio Medioambiental, quien actuará como secretaria; y 10 seremis: Medio Ambiente (Giannina González, en calidad de subrogante), Salud (Alejandro García), Economía (Carlos Lillo), Minería (Emilio Lazo), Energía (Álvaro Herrera), Obras Públicas (Pedro Rojas), Agricultura (Rodrigo Ordenes), Vivienda y Urbanismo (Abel Espinoza), Transportes y Telecomunicaciones (Juan Fuentes) y Desarrollo Social (Marcelo Telias). 

Despejando la incertidumbre

Sobre la próxima votación, el delegado presidencial regional, Pablo Herman, ratificó el mandato del Tribunal Ambiental de Antofagasta, dejando en claro que la decisión sobre el proyecto Dominga se ajustará estrictamente a derecho. 

“El tribunal ambiental dictaminó que el proyecto Dominga vuelva a la región para su votación. Cabe recordar que este proyecto ingresó al Sistema de Evaluación y está siendo revisado con estrictos criterios técnicos como es propio de este tipo de iniciativas”, afirmó Herman. “Así lo establece la ley y así lo ha pedido la justicia”, agregó.

Por lo mismo, la autoridad aseguró que “nosotros somos respetuosos del tribunal ambiental y por ende, he citado para este miércoles a la Comisión de Evaluación Ambiental para que el proyecto Dominga sea votado. Esta evaluación como lo hemos dicho siempre se realizará respetando las garantías propias de este proceso, con total transparencia y ajustado a derecho”, puntualizó.

Desde la comuna de La Higuera en tanto, donde Dominga tiene especial apoyo, el anuncio de la votación fue recibido con cierto alivio, pues comienza a despejarse una incógnita que, para quienes apoyan esta iniciativa, no se podía extender más en el tiempo. 

 Al respecto, Carlos Flores, alcalde (s) de La Higuera, señaló que de todo esto, “lo más importante es que finalmente el gobierno ha convocado a la votación que decida parte del futuro de Dominga. El Tribunal Ambiental el año pasado ya había resuelto desde el punto de vista judicial el tema retrotrayéndolo de etapas a una fase técnica, por lo tanto, considero que lo relevante aquí es que de una buena vez se llame a votación para que las autoridades regionales decidan cuál será el futuro de este proyecto, ya que cualquier cosa que se decida ciertamente será buena para la comuna en términos de que se estará despejando al fin una gran disyuntiva”.

En ese sentido, la autoridad subrogante aclaró “que la comunidad en general ve favorablemente la ejecución del proyecto Dominga en nuestra comuna. Por ende, no hay que temerle a la ejecución de los procesos pues las instituciones han funcionado y en ese sentido hay que permitir que éstas funcionen, independiente de cuales sean las posturas que cada persona pueda tener”, aseveró. 

Para la comunidad de La Higuera en tanto, la clave del proyecto se lee como una posibilidad de empleo y futuro para una comuna que ellos sienten, ha caído en el estancamiento. 

Así lo manifestaba en su oportunidad, Ana Castillo, presidenta de la Asociación Comunal de La Higuera, cuando se conoció el fallo favorable a Dominga en abril: “Seguramente, la única oportunidad para salir del rezago en La Higuera es la aprobación de Dominga, es el gran impulso que estábamos esperando que resolverá nuestras carencias y necesidades, a través de los recursos que generará el acuerdo marco y de la posibilidad más empleos y servicios asociados, lo que es vital para que salgan adelante nuestras familias”, afirmaba.

2017: la otra votación

Como sea, esta será la segunda ocasión en que la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, volverá a ver el proyecto, pues ya lo hizo en 2017, pero claro, con otro gobierno y bajo un contexto de fuerte presión para su rechazo por diversos motivos. 

En efecto, cabe recordar que para la votación del 9 de marzo de 2017, el proyecto llegaba con el informe final de la Evaluación de Impacto Ambiental finalizado, tras un periodo de evaluación ambiental en que se hicieron más de 1.200 observaciones ciudadanas: 345 al EIA (Estudio de Impacto Ambiental), 34 observaciones a la Adenda N°1 y 852 a la Adenda N°3, entre otras.

Es así como en un clima de fuerte tensión social y política, y de duros cuestionamientos al informe de Andes Iron por “deficiencias técnicas” del proyecto, la comisión procedió a votar. 

Y con los votos en contra de los entonces seremis de Salud (Rosendo Yáñez), Desarrollo Social (Herman Osses), Transporte y Telecomunicaciones (Oscar Pereira), Agricultura (Andrés Chiang), Energía (Marcelo Salazar), empatando con los otros seis votos a favor, le tocó dirimir el asunto al entonces intendente, Claudio Ibáñez, quien se sumó a los votos de rechazo al proyecto. 

El argumento de la negativa era la amenaza que suponía Dominga para las reservas marinas de la región y que no presentaba medidas de mitigación suficientes, además de una deficiente línea de bases, entre otros argumentos.

Ante este traspié, Andes Iron anunció que recurriría al Comité de Ministros para revertir el fallo. Pero el 21 de agosto de ese mismo año, el Comité de Ministros, luego de solicitar información adicional del proyecto, confirmó la decisión tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Se terminaba la parte administrativa para la empresa y comenzaba la judicial.