VALPARAÍSO.- Listo para su promulgación como ley quedó el proyecto que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, y que pretende terminar con los "abusos del Dicom" y regular su uso, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad las modificaciones introducidas por el Senado, por 96 votos a favor y una abstención.
La iniciativa, que se presentó durante el año 2010, beneficiará principalmente a las personas perjudicadas por encontrarse en los registros del boletín comercial, disminuyendo su posibilidad de acceder a salud, empleo y educación, entre otros.
De acuerdo a los parlamentarios patrocinadores de la idea, como el diputado (PPD) Felipe Harboe, la nueva ley favorecerá a unos cuatro millones de chilenos.
El proyecto destaca el "Perdonazo Bicentenario" (el segundo en la historia del Dicom), que implica la eliminación de los registros del Dicom, y la prohibición de publicar los datos, de las personas que mantengan deudas publicadas hasta el 31 de diciembre del 2011, y que sean inferiores a $ 2.500.000. En estos casos, se borran los antecedentes, no la deuda, y se prohibe su uso para fines de selección laboral, o de prestaciones médicas o de servicios educacionales, en la educación secundaria y superior.
La iniciativa prohíbe de manera expresa el condicionamiento de las atenciones de salud de urgencia en prestadores de salud por antecedentes comerciales de las personas, se establece que la fiscalización corresponde a la Superintendencia de Salud, y se fija un régimen de multas a los que infrinjan dicha obligación.
De la misma, se prohíbe el uso de estos antecedentes en establecimientos educacionales de todos los niveles (pre escolar, escolar y superior), al momento de solicitar la contratación de prestación de servicios educacionales.
Otro punto importante es que la normativa impide que los antecedentes comerciales sean utilizados para discriminar en el proceso de selección de personal o de contratación para un determinado trabajo.
De acuerdo a otro de los impulsores de la iniciativa, el senador y miembro de la comisión de Economía de la cámara alta, Eugenio Tuma (PPD), el uso de la información comercial desde ahora será sólo y exclusivamente para operaciones de créditos.
Asimismo, con esta modificación legal las empresas que han originado una publicación en un boletín comercial tendrán la obligación de sacarlas de dicho registro en un plazo máximo de 72 horas, contadas desde la fecha efectiva del pago, repactación o caducidad.
Resguardo y manejo de la información
La iniciativa señala que las empresas a las cuales el consumidor les ha entregado sus datos sólo podrán utilizarlos para el fin que se les entregaron, quedando prohibido su uso para fines distintos. Así, si una persona le entrega sus datos personales a una casa comercial para que le den un crédito, luego esa casa comercial estará impedida de utilizar esos datos para mandarle ofertas u otro tipo de acciones, y mucho menos para ceder su información a terceros, sean o no relacionados. En caso de infracción, habrá posibilidad de reclamo y multas.
También prohíbe expresamente la publicación de registros comerciales de deudas repactadas, renovadas o que cuentan con convenio de pago, y establece que todas las empresas deberán contar con un responsable del manejo de datos, cuyo nombre deberá aparecer en la página web.
De igual forma, indica que las entidades distribuidoras de datos deberán mantener un registro que indique que persona, y porqué razón, consultó los antecedentes comerciales de un individuo. Esto implica que cualquier persona podrá revisar, de forma gratuita tres veces al año, sus antecedentes comerciales.
Cabe recordar que este proyecto de ley cuenta con un amplio apoyo de la ciudadanía, pues en su trámite se reunió más un millón de firmas en su respaldo, como parte de la campaña "NO + Dicom", las que fueron entregadas en La Moneda.
Ahora el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado como ley de la República, por lo que Tuma llamó al gobierno a darle celeridad a este trámite para su publicación en el Diario Oficial, para que esté en plena vigencia durante el mes de marzo, cuando los chilenos contraen numerosos contratos y solicitudes de créditos, entre otros.
SIN DISCRIMINACION
La nueva normativa prohíbe a los centros educacionales -desde el nivel preescolar al superior- y a los hospitales y centros asistenciales solicitar los documentos comerciales, además se precisa que los antecedentes comerciales no pueden ser utilizados para discriminar en el proceso de selección de personal.
La diputada RN Karla Rubilar sostuvo que la aprobación es "una tremenda noticia para cuatro millones de chilenos que hoy están en Dicom, donde más de un millón 200 mil se han visto discriminados en los trabajos por este tema".
Añadió que "este proyecto viene a hacer justicia para que, de una vez por toda, su información no se use para otros fines que no sea para el que estuvo pensad, que es el riesgo crediticio", aunque recalcó que "eso no significa que no deban. Es solamente borrarlos de los registros para permitirles una segunda oportunidad, pero ellos siguen teniendo una deuda que tienen que pagar".
Así, en estos casos se borrarán los antecedentes, aunque no la deuda; además no se podrá consultar datos para atenciones médicas o contrataciones, en el sector público como en el privado.