Casi 4 mil trabajadores han suspendido sus contratos de trabajo en cuarentena

Un total de 14.190 trabajadores de la Región de Coquimbo se encuentran en estos momentos acogidos a la Ley de Protección al Empleo, 3.703 personas más que antes del inicio de la cuarentena en la conurbación La Serena-Coquimbo.

Así lo muestran los números presentados el día de hoy por la Superintendencia de Pensiones, la que muestra cómo, desde el comienzo de las restricciones, -y con ello, el cierre o paralización de diversas actividades económicas en la zona - inevitablemente generó un alza en el número de personas que tienen hoy sus contratos “suspendidos”.

“Desde el último informe emitido antes de la disposición sanitaria el número total de trabajadores acogidos a la ley alcanzaba los 10.487 trabajadores, y tras la declaración de cuarentena y según el último informe emitido por la Superintendencia de Pensiones, con fecha de corte al 16 de agosto, el número total de trabajadores acogido a la ley de protección de empleo aumentó a más de 14 mil”, complementó al respecto, el seremi del Trabajo, Matías Villalobos.

Al respecto, la autoridad explicó que el incremento se evidenció principalmente en la suspensión de contrato por acto de autoridad, “el que a la fecha alcanza los 5.700 trabajadores, lo que se condice con la obligatoriedad de paralizar todos aquellos trabajos que no son esenciales a fin de cumplir con las exigencias sanitarias”, agregó.

Por otro lado, el número de reducciones de jornadas de trabajo bajo la ley de protección del empleo llegó a los 1.094 trabajadores, mientras que son 244 los trabajadores y trabajadoras de casa particular los que han suspendido contrato y reciben ingresos a través del Seguro de Cesantía.

Más desempleo

En medio de este contexto en tanto, se apronta para esta semana la entrega de un nuevo informe del INE en relación a la situación del empleo en el país y en la región, ante lo cual, diversos expertos auguran una nueva alza en la cifra de desocupados.

Marcelo Olivares, economista y académico del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, advierte en ese sentido que, “dado que en la región las cifras anteriores no consideraban el efecto de la cuarentena sobre las cifras de empleo, es esperable que el nivel de desempleo aumente significativamente por sobre el actual 14,7%.”

Ante tales pronósticos y teniendo en cuenta además, la situación de cientos de trabajadores cuyos pactos de suspensión están llegando a su fecha límite, es que se ha hecho hincapié en acelerar los cambios a la ley de protección del empleo, cambios que aún hoy se discuten en el Congreso.

Reformas urgentes

Y si bien la semana pasada, la Cámara Baja aprobó la iniciativa y la despachó al Senado, ello fue sin un artículo sobre las prestaciones que se pagarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (la propuesta oficialista proponía subir de un 45 a un 55%, mientras que los diputados de oposición planteaban subirla al 65%), lo que derivó en que el proyecto pasara a Comisión Mixta donde deberá ser estudiada.

Además, se incorporó una indicación que facilita el acceso de las trabajadoras de casa particular para que, una vez agotados los recursos de su fondo de indemnización, puedan recurrir al Fondo de Cesantía Solidario.

En ese sentido, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Francisco Eguiguren, espera que en dicha instancia “se mejore profundamente la ley y sobre todo, el acceso de las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía. Esperamos del gobierno una actitud que contemple a este inmenso grupo de personas y que no les ha llegado ni uno, y están trabajando de forma precaria”.

Desde la academia, el economista Marcelo Olivares destacó la importancia que esta legislación ha tenido para evitar un alza aún más descontrolada de la cesantía, pues a su juicio “se busca resguardar el vínculo laboral entre el empleador y sus trabajadores, lo cual permite una más rápida recuperación y funcionamiento posterior de la economía, dado que existe conocimiento/capital en las relaciones laborales que no se pierde. Además, para efectos de las estadísticas estos trabajadores no están desempleados, por lo cual si sumáramos además a la tasa de cesantía estos casos, la situación sería peor aún”, argumentó.