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El Día
De acuerdo a lo que indica la Ley de Bases del Medio Ambiente, dicho consejo cuenta con un plazo fatal de 60 días para resolver, por lo que se presume que la decisión se debería conocer antes del mes de julio.

Tras la notificación oficial que recibió la empresa Andes Iron el pasado miércoles, ya comenzaron a correr los 30 días hábiles que tiene la compañía para presentar su apelación al Comité de Ministros. Esto luego del rechazo al proyecto minero portuario Dominga el pasado 9 de marzo en la región de Coquimbo.

De esta manera, y de acuerdo a lo que indica la Ley de Bases del Medio Ambiente, dicho consejo cuenta con un plazo fatal de 60 días para resolver, por lo que se presume que la decisión se debería conocer antes del mes de julio.

Según consignó El Mercurio, fuentes cercanas a la empresa controlada por la familia Délano, la reclamación no estaría fundamentada en temas ambientales, sino que estaría centrada en el “actuar desapegado de la ley” de los secretarios regionales ministeriales que rechazaron el proyecto.

Asimismo, comentaron que la empresa Andes Iron contrató la asesoría del estudio Ferrada – Nehme para armar su estrategia legal, la que está bajo la cabeza de Patricio Leyton, experto en medio ambiente.

Ahora bien, si el Consejo de Ministros no cumple con el plazo estipulado, la compañía podría invocar el llamado “silencio administrativo”, que traería consigo el rechazo inmediato de la apelación, pero le otorgaría a Andes Iron la opción de recurrir a los tribunales ambientales.

¿Cómo se vislumbra el escenario? En una edición anterior, Enrique Oyarzun, abogado experto en materia medioambiental, comentó que el consejo no tiene plazos y “eso sería justamente lo preocupante del tema porque no existe ningún tipo de fiscalización”.

En dicha oportunidad, explicó que pese a que existe una normativa de plazos, “la resolución de la apelación podría demorar mucho, incluso años, ya que no existe una garantía en relación a los plazos, pese a lo que dispone el artículo 20 de la Ley 19.300. La realidad es que en la práctica no se cumple”.

Sin embargo, sostiene que pese a las contrariedades es posible revertir la situación, ya que “el Consejo de Ministros tiende a alejarse más de la contingencia nacional y si se presentan buenos argumentos, por supuesto que el proyecto es salvable”.

En tanto, el abogado de Jara Del Favero, Rodrigo Benítez, comentó a El Mercurio que “los temas son tan complejos, como puede verse en lo extenso de la resolución, que es difícil cumplir ese plazo”.

 

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