El conflicto que se abre entre el Estado y las aseguradoras por el retiro del 10%

Este jueves, el Estado de Chile recibió el primer reclamo formal por parte una compañía de seguros –Grupo Ohio, de origen estadounidense– a raíz de la reforma constitucional que permitió el retiro del 10% y que incluyó a los pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia. 

Así lo consignó La Tercera ayer, al afirmar que la Cancillería recibió la primera presentación formal de una empresa de seguros, activando así el procedimiento de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.

Al respecto, la firma norteamericana criticó la Ley 21.330 sobre “anticipo de rentas vitalicias”, apuntando con ello a la generación de un clima de “incerteza jurídica” y acusando al Estado de infringir el derecho del Grupo Ohio a recibir un “trato justo y equitativo”. Por tanto, señaló, se reserva el derecho de ejercer acciones en tribunales internacionales para buscar una compensación por los daños patrimoniales sufridos. 

Esta situación en realidad, es un escalón más en el conflicto que se abrió entre el Estado y las compañías aseguradoras a raíz de la reforma aprobada, ante lo cual acusan haber sufrido una “expropiación ilegal” que puede tener consecuencias para la inversión extranjera en el país a futuro. 

Una situación “evitable”

A juicio del diputado Matías Walker, uno de los parlamentarios que impulsó el último proyecto de retiro del 10%, esta coyuntura pudo evitarse, pues al Gobierno se le invitó el año pasado a formar una “mesa de trabajo” para que el Estado, a través de BancoEstado, pudiera entregar un anticipo de un porcentaje de las rentas vitalicias futuras. 

“Finalmente lo que alimentó es que (la iniciativa) prosperara a través de la reforma constitucional que era la única herramienta con la que contaba la Cámara para permitir que los afiliados de renta vitalicia pudieran tener un anticipo y tener liquidez”, señaló el diputado. 

Este punto de hecho fue parte del requerimiento que el Gobierno presentó al Tribunal Constitucional, el cual cabe recordar, fue finalmente rechazado por este organismo. 

A partir de ahí, las aseguradoras comenzaron a estudiar diversas acciones para enfrentar lo que han calificado una y otra vez como una expropiación ilegal de los ahorros. 

Incertidumbre

Al respecto, el profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Jorge Rojas, explica que lo que motiva la reacción de las firmas de seguro es la naturaleza de lo que es una renta vitalicia: un contrato entre la compañía y el asegurado, “donde bajo la concepción de tener un contrato entre dos partes, éste tiene un precio y ese precio entrega un seguro asociado a cierto valor”.

Pero al introducir un proyecto como el del 10%, éste obliga a cambiar el precio del contrato, debiendo recalcular la pensión a entregar que, obviamente sería menor. Es decir, si la “reserva técnica” para el pago de la jubilación era 100, ahora será 90. 

“En cierta manera lo que ocurre es que el Estado a través de esta ley, se mete y va a más allá de lo que permite la Constitución en un contrato entre privados”, señala el académico. 

Pero no es lo único, pues ante los comentarios de algunos personeros políticos afirmando que esta “rebaja” de la pensión debería ser sólo temporal, las aseguradoras verían dañado su patrimonio al encarecer el servicio prestado a sus asegurados. 

“Ellas consideran que se les están cambiando las reglas del juego y las condiciones iniciales del negocio, de una manera que ellos sienten que se salta la actual Constitución chilena. Eso genera incertidumbre”, explica el académico de la UNAB, Jorge Rojas. 

¿Daño a la imagen país?

A juicio del diputado Matías Walker, en esta situación, las aseguradoras deben someterse a las regulaciones de los países. “La Cancillería tiene que defender lo que soberanamente resolvió el Congreso Nacional en virtud de este proyecto, y a su vez, las compañías de seguro también deben hacerse cargo de la falta de flexibilidad para disponer de mecanismos de anticipos y entender que una persona que tiene una pensión de 180 mil pesos a través de rentas vitalicias no puede vivir”. 

No obstante, para el académico Jorge Rojas, existe un riesgo real de que una eventual “avalancha” de litigios contra el Estado de Chile, pueda dañar la reputación del país en el exterior. 

“Esta situación de incertidumbre o incerteza jurídica podría perjudicar de manera importante la inversión extranjera”, ejemplifica. 

Para las empresas extranjeras esto podría implicar no contar con la certeza de que en el futuro se vayan a respetar las reglas bajo la cuales se realizaron inicialmente sus inversiones, optando así, por llevar esas inversiones a otros mercados. 

“Y eso”, dice Rojas, “afecta directamente a los procesos productivos y el empleo, y podría efectivamente terminar siendo bastante perjudicial para la economía en general”.