Contraloría detecta numerosas irregularidades en extracción de áridos en La Serena

Diversas irregularidades en materia de extracción de áridos en La Serena detectó la Contraloría General de la República. Dichas anomalías se relacionan a la extracción en volúmenes superiores a lo permitido, en zonas no autorizadas y el no pago de permisos o ingresos de los procesos a Estudios de Impacto Ambiental. 

Además, realiza observaciones a la falta de fiscalización a estos procesos por parte de la Seremi de Bienes Nacionales y la Municipalidad de La Serena, agregando que esta última no cuenta con el equipo técnico y profesional para realizar las supervisiones en las plantas de extracción de empresas como Agrícola Cuarto Tiempo Limitada y Transportes Elqui SpA, IVOCAR, Áridos Lin, Áridos Santa Gracia e Inversiones PROME, lo que incluso ha generado el no percibir ingresos por concepto de permisos.

Por ello, instruyó la realización de sumarios administrativos y correcciones a ambas reparticiones, sumando también observaciones y solicitud de investigación a CONAF;  Superintendencia de Medio Ambiente, Dirección General de Aguas y otras.

Falta de regulación y fiscalización

La Contraloría realizó inspecciones desde los años 2017 al 2021 y en ellos destaca que no existe regulación ni procedimientos claros para la fiscalización y procesos de este tipo de plantas.

Así por ejemplo, en su Informe Final N° 701_2021, el ente fiscalizador señala que detectó en terreno la extracción ilegal en bienes fiscales ubicados en el Fundo El Olivar y La Compañía Alta, cuyas actividades datan aproximadamente del año 2004. Si bien dicho terreno fue desalojado durante el año 2018, las faenas han seguido desarrollándose por parte de las empresas Agrícola Cuarto Tiempo Limitada y Transportes Elqui SpA, sin que el municipio haya regulado la situación ni percibido ingresos por concepto de patentes municipales. Se estima que hasta la fecha de la última fiscalización en septiembre del 2021 se ha extraído un volumen de 478.167 m3, que en derechos municipales equivalen a $25.166.407 que no han sido ingresados.

Por otra parte, la Contraloría  ordenó a la Seremi de Bienes Nacionales a realizar un sumario administrativo con la finalidad de establecer posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en la escasas o nulas fiscalizaciones de esta repartición entre los años 2018 a 2021.

Además, Contraloría detectó una falta de supervisión por parte del municipio de La Serena, debido a que no cuenta con el personal necesario para realizar este tipo de inspecciones. Si bien tiene un inspector que revisa técnicamente las solicitudes y actividades de extracción, se trata de un inspector de obras municipales, lo que se suma a la existencia de solo un vehículo para la movilización en terreno de los funcionarios, “lo que dificulta su disponibilidad inmediata para realizar fiscalizaciones periódicas y oportunas a la materia”, señala el informe.

Asimismo, reportó falencias relacionadas con la tecnología disponible para calcular volúmenes de extracción, así como en los levantamientos topográficos de los puntos en los que se extraen áridos en la comuna.

La situación de el Fundo El Olivar es preocupante y de suma urgencia para la Contraloría, por lo que demandan la expulsión inmediata de las empresas , ya que no cuentan con plan de abandono y medidas de seguridad, lo que podría causar un daño mayor a la comuna de ocurrir frentes de mal tiempo.

Análisis de cuentas 

Junto con lo anterior, Contraloría detectó que el municipio de La Serena ha dejado de percibir, a lo menos, $36 millones calculados al mes de septiembre de 2021, por concepto de derechos municipales por permisos de extracción. 

Lo anterior se debe a la cantidad de extracciones ilegales existentes en la comuna y considerando que hay un monto expresado en unidades tributarias mensuales a pagar por cada metro cúbico de áridos extraídos. En específico, el decreto alcaldicio N°1.859 de 2019, establece el cobro de 0,001 UTM por metro cúbico de material obtenido desde pozos lastreros ubicados en inmuebles particulares, los que no son pagados por quienes extraen áridos sin regulación.

Incumplimientos de privados 

Otra de las conclusiones del informe de Contraloría señala que, en diversos puntos, se sobrepasó el límite de extracción de áridos de 100.000 m3, sin autorización mediante una modificación a la Resolución de Calificación Ambiental que autoriza la operación de las plantas.

Es así como, por ejemplo, se verificó que el municipio otorgó 3 autorizaciones a la empresa Áridos Aconcagua para extracción de áridos en la parcela del sector Alfalfares, constatándose en terreno que aquellas han abarcado una superficie mayor a cinco hectáreas y representan un volumen superior a 100.000 m3, lo que debería haber sido sometido al SEIA. Por esta razón, la SMA deberá investigar la situación e informar los eventuales resultados de la investigación en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de Contraloría.

Otro de los focos de las conclusiones de Contraloría, se refiere a diversas irregularidades de parte de los privados que operan los pozos  lastreros. Por ejemplo, las empresas Áridos Aconcagua S.A., y Sociedad PROME SpA., mantienen pozos cuya profundidad de extracción supera los 4 metros, infringiendo el artículo 24 de la ordenanza del rubro que establece ese valor como límite máximo de excavación.

Otro privado mencionado en la investigación es IVOCAR Limitada, de quienes se ordena regular una situación de afloramiento de agua, mientras que instruye al municipio ingresar la fiscalización en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

Eventual afectación de especies nativas

El informe establece casos de extracciones ilegales en la quebrada Santa Gracia, sector en el que se han encontrado especies xerofíticas que podrían verse en riesgo de ser cortadas o destruidas, sin que conste un plan de trabajo previamente aprobado por CONAF, lo que infringiría el artículo 60 de la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

Es por ello que Contraloría ordena remitir dicha observación a CONAF para su pronunciamiento. Cabe señalar que CONAF indicó que no encontró en su Sistema de Administración y Fiscalización Forestal antecedentes, efectuando de inmediato una inspección en terreno, el día 13 de octubre de 2021. 

En esa visita constató que la Quebrada Santa Gracia ha sido utilizada en gran parte de su extensión para la extracción de áridos, intervenciones que han causado la recolonización de las especies vegetales existentes en el sector.  Sin embargo, pudo identificar puntos activos correspondientes a plantas de extracción de áridos y dos  áreas de procesos, en los cuales se ha intervenido formación xerofítica sin planes de trabajo.

“Estamos trabajando” 

Consultado por la situación, Fernando Ruiz, director de Obras (S) de la Municipalidad de La Serena, señala que este informe es un proceso de auditoría realizado desde el 2020 y que responderán en los plazos determinados por Contraloría según el grado de complejidad de cada una de las observaciones.

Agrega que el municipio no cuenta con los equipos técnicos y profesionales para realizar estas fiscalizaciones que son complejas, por lo que ya están trabajando en una propuesta que, se encuentra en estudios de prefactibilidad, “para poder hacer frente a cada una de las observaciones y tener mejores herramientas y contar con mejores instrumentos que nos permitan poder efectuar un rol fiscalizador más oportuno y óptimo en virtud que son actividades que se requiere incorporar alta tecnología y profesionales especialistas del área”.

Así por ejemplo, ya se han realizado averiguaciones respecto a tecnologías como data center que les permitan  contar con información simultánea y descargable de los volúmenes de extracción. Además se considera el uso de drones y profesionales como geomensores con quienes podrán responder a las observaciones y  realizar observaciones efectivas en un tema tan delicado como es la extracción de áridos.

Proceso judicial

Solo de manera extraoficial ha tenido conocimiento de este informe la Seremi de Bienes Nacionales, sin embargo, el seremi Vicente Cortés  responde que no puede referirse a los cuestionamientos realizados por la extracción de Áridos del Fundo El Olivar, que se encuentra en terrenos en bien nacional de Uso Público, debido a que es materia de una investigación criminal que lleva adelante el Ministerio Público.

 “Cabe señalar que dicho proceso penal se inició en su momento por el Consejo de Defensa del Estado, a instancias y requerimiento -precisamente- de esta Seremi de Bienes Nacionales. Solo decir que Bienes Nacionales, en su misión de administrador de la propiedad fiscal, ha hecho y hará todas las acciones legales pertinentes para defender siempre y sin vacilaciones el uso ilegal de las propiedades que pertenecen al Fisco de Chile”, concluye el seremi.