Contraloría recomienda al SAG modificar sus protocolos de autorización de plaguicidas

El impacto a la salud que genera el uso de pesticidas y agroquímicos para el control de plagas en los cultivos agrícolas ha sido desde hace un buen tiempo motivo de fuerte debate, en especial en aquellas zonas en donde la actividad agrícola es predominante o goza de una importante presencia.

Bajo ese contexto es que la Contraloría realizó una auditoría a los procesos de autorización de plaguicidas de uso agrícola que efectúa el Servicio Agricola y Ganadero, SAG, en el periodo que se extiende entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, cuyas conclusiones y recomendaciones las dio a conocer en el Informe Final N°174 de este año.

Tal como se señala en el documento, el objetivo de dicha auditoría es “evaluar si el proceso de autorización de plaguicidas de uso agricola que efectúa el Servicio Agrícola y Ganadero ha sido eficaz para proteger la salud de las personas, animales y el medio ambiente” durante el periodo de tiempo analizado.

En tal sentido, en el documento se busca responder a la pregunta de por qué en Chile se autorizan y utilizan sustancias que no son aprobadas en “el ámbito comparado” -es decir, en otras zonas del mundo como la Unión Europea- debido a sus consecuencias negativas a corto y largo plazo sobre las personas, animales y medio ambiente, y que además, sobre las cuales no se tienen todos los antecedentes científicos suficientes.

Los hallazgos

Al respecto, se debe tener en cuenta que el uso de plaguicidas en la agricultura no es menor, toda vez que son herramientas necesarias para controlar las plagas y asegurar así, la producción agrícola.

El problema, expresa el informe de Contraloría, es que “se trata de sustancias intrínsecamente tóxicas y que por tanto requieren ser controladas y reguladas. En tal sentido, el proceso de autorización y registro de estas sustancias tiene como propósito verificar que el producto es eficaz para el fin que pretende, y que no genere un riesgo inaceptable para la salud humana, animal y el medio ambiente”.

En este punto cabe recordar un estudio elaborado por la Escuela de Medicina de la Universidad Católica del Norte, UCN, entre 2011 y 2014, el cual arrojó que en las personas de las zonas rurales de Elqui y Limarí –trabajadores agrícolas y residentes cercanos a plantaciones- existe un gran impacto por los pesticidas.

Así lo recuerda la académica Floria Pancetti, doctora en Ciencias Biológicas de la UCN, quien señala que en aquella oportunidad “pudimos constatar que había un problema de exposición crónica a plaguicidas que estaba provocando un efecto que es difícil de pesquisar, que es la pérdida de ciertas capacidades en las funciones cognitivas de las personas, como la memoria o la velocidad para resolver problemas”.

Volviendo al informe de Contraloría, éste comprobó que en Chile “se han autorizado y registrado 99 plaguicidas cuya comercialización y uso no ha sido aprobado por alguno de los sistemas comparados de referencia, como el de la Unión Europea. Lo anterior, tiene entre sus causas principales que, en tal sistema, a diferencia del chileno, se aplica el ‘principio precautorio’, lo cual implica que plaguicidas cuyos impactos en la salud humana no han sido descartados científicamente o existen dudas y estudios contradictorios, no sean aprobados en el ámbito nacional”.

Desde el ente contralor además, se apunta a otros vacíos identificados durante el proceso de autorización: falta de evaluación de riesgos y de los efectos crónicos e impactos acumulativos de estas sustancias en la salud de las personas, falta de instructivos metodológicos, protocolos internos o procedimientos formales que permitan al propio organismo contar con criterios y parámetros objetivos para catalogar y fundamentar la evaluación de los antecedentes técnicos de las solicitudes -pese a que tales antecedentes son exigidos y presentados-, o que el proceso de autorización no considera la participación de grupos de interés, ni interacción ni coordinación con otros entes públicos o privados como las subsecretarías de Salud, del Medio Ambiente, y universidades, entre otros.

A juicio de la académica Floria Pancetti, el informe de la Contraloría critica bastante la forma en que se están autorizando las sustancias. “La idea es comenzar a trabajar en modificar ciertos protocolos y que se tomen en consideración variables locales al momento de autorizar un plaguicida. Por ejemplo, hay variables geográficas, relacionadas con el clima. Por ejemplo, las altas temperaturas aumentan la evaporación de lo que se está aplicando y eso favorece también la exposición de la misma gente que está trabajando en esos predios”.

No equivale a prohibición

Consultado por Diario El Día, desde el Servicio Agrícola y Ganadero respondieron a través de un comunicado que el organismo se encuentra constantemente modernizando sus procesos, procedimientos y normativa.

A manera de ejemplo, señalan que “el año pasado implementó un sistema informático para gestionar el proceso de evaluación y registro de plaguicidas de uso agrícola”.

Asimismo se espera que durante este segundo semestre, se someta a consulta pública la norma específica para la evaluación de semioquímicos y se iniciará la elaboración de la norma específica para plaguicidas en base a extractos.

“Recientemente fue aprobada la Ley N° 21.349 sobre Fertilizantes y Bioestimulantes, en 2019 se prohibió el uso de plaguicidas en base a carbofurano, azinfós metilo y metamidofós; de manera constante ejecuta los programas de capacitación en el manejo de plaguicidas, además de llevar a cabo fiscalizaciones al uso y comercio de plaguicidas, y realizar planes de trabajo y acciones en materia de plaguicidas de manera coordinada o con la colaboración con otras instituciones públicas como la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Ministerio de Salud.

Ahora bien, respecto a las 99 sustancias aprobadas, cuya comercialización y uso no ha sido aprobada por la Unión Europea como consigna el informe de Controlaría, el SAG indica que el estatus de “no aprobación” en la UE “no es sinónimo de prohibición por la determinación de un riesgo inaceptable para la salud de personas, ya que existen diferentes motivos por los cuales las sustancias no se encuentran aprobadas”.

Así, para el ente fiscalizador, existen diferentes razones que explican ello, como por ejemplo el vencimiento del registro ante lo cual la empresa titular desistió de tramitar su renovación, el solicitante no aportó la totalidad de estudios requeridos por la normativa europea (en esta situación se encuentran plaguicidas naturales), para algunas sustancias no se pudo contar con toda la información que asegure que no produce efectos adversos para la salud humana o animal o para el medio ambiente según criterio precautorio de la UE, o nunca se ha solicitado el registro de la molécula en la UE, explican desde el SAG.

En ese sentido, el servicio hizo un llamado a la tranquilidad, pues aseguran, que el sistema de evaluación de plaguicidas “da garantías” de que los productos aprobados no conllevan un riesgo para la salud de las personas, animales y medio ambiente, “siempre que sean manejados y aplicados bajo las condiciones en las cuales fueron autorizados”, puntualizaron.

Nuevos paradigmas

De todas maneras, diversos actores públicos y privados vienen trabajando desde años en la búsqueda de nuevas alternativas de control de plagas, que superen el uso de agroquímicos.

Desde el INIA por ejemplo, su director regional, Edgardo Díaz, explicó que se han impulsado diversas estrategias y herramientas cuyo objetivo es transferir una serie de conocimientos en esa área, como es el manejo integrado de plagas, “lo que ha permitido a mi juicio, reducir significativamente el uso de plaguicidas”.

“Nosotros investigamos sobre control biológico de las plagas y la evaluación de nuevos principios activos y estrategias de control, que vayan en la línea de poder generar agroalimentos más inocuos y más adecuados a los conocimientos que tenemos y sean complementarios a los manejos convencionales que tienen los agricultores”, explica Díaz.

En efecto, para el director de INIA una interesante forma de impulsar el uso de plaguicidas de origen biológico va en la línea de apuntar hacia el futuro consumidor, poniendo en valor por ejemplo, aquellos productos alimenticios que no han pasado por el manejo de agroquímicos, lo que puede incidir positivamente en una producción más respetuosa con la salud de las personas y el medio ambiente.