“No podemos intervenir un área donde existe la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, donde hay áreas marítimas protegidas de interés científico, pesquero, biológico a nivel mundial”.
Con estas palabras, nuevamente el intendente de la región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, argumentó su voto en contra de la aprobación ambiental del proyecto minera Dominga, el que significó su definitivo rechazo en la Comisión de Evaluación Ambiental.
La autoridad aceptó ayer la invitación a exponer en la primera sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga eventuales irregularidades o presuntos vicios en los procedimientos y desempeño de funcionarios públicos en el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero.
La primera sesión se desarrolló en la región metropolitana, en el ex Congreso Nacional, donde participaron como invitados los ministros de la cartera de Medioambiente, Transportes y Energía, junto a los seremis de los dos últimos servicios.
En su intervención el intendente reafirmó los argumentos para fundamentar su decisión, “fue importante expresar categóricamente que actuamos en libertad de conciencia, de acuerdo a las facultades que nos entrega la Ley y analizando todos los impactos del proyecto en su conjunto. Así detectamos las debilidades del proyecto y su evaluación, sobre los efectos medioambientales y las medidas de mitigación propuestas, que claramente son insuficientes”, expresó la autoridad regional.
Al término de la sesión, el diputado Daniel Nuñez comentó que “avanzamos bastante en clarificar el porqué y los argumentos que dieron el intendente y los seremi que se opusieron a aprobar este proyecto de Minera Dominga y por qué ellos actuaron en conformidad a la ley y en conciencia ante impactos ambientales negativos y daños irreversibles que tenía para la biodiversidad de todo el sector costero de la comuna de La Higuera”.
La diputada Cristina Girardi manifestó su satisfacción por el hecho de que tanto el intendente como los seremis hubieran tomado una decisión distinta del Servicio de Evaluación Ambiental. “Espero que esta decisión (el rechazo a Dominga) se mantenga en el consejo de ministros, porque lo que sería lamentable es que efectivamente sigamos sirviendo como Estado a los intereses de la minera, de los titulares de los proyectos y no de la comunidad”.
“A mí me parece que muchos de los procesos de evaluación ambiental en Chile terminan siempre aprobando los proyectos, independientemente de lo nocivos que son para el ambiente, porque tenemos una institucionalidad que lamentablemente se preocupa más por el interés económico”, agregó.
Por su parte, el diputado Sergio Gahona indicó que -al igual que el diputado Matías Walker- sigue creyendo que hubo presiones para que las autoridades rechazaran el proyecto minero. “En su conciencia sabrán si han dicho la verdad o han mentido”, expresó el parlamentario.
Gahona agregó que “no quedo para nada conforme porque los argumentos fueron pueriles y lo siguen siendo. Yo en general no veo una respuesta concreta. ¿Cómo es posible que luego de firmar una cosa con la mano a la semana siguiente la borren con el codo?”.
Para Gahona existe un problema en la institucionalidad y éste el que debe ser aclarado. “Aquí el Servicio de Evaluación Ambiental actuó en forma irregular o fue el intendente con algunos seremis y eso es lo que queremos saber”, añadió.
¿INHABILITACIÓN DE GAHONA?
En el marco del análisis de la Comisión Investigadora se conocieron antecedentes que podrían inhabilitar a Sergio Gahona de seguir participando en ella. El diputado Daniel Núñez explicó que “Sergio Gahona participó directamente en uno de los procesos que autorizó el uso de concesión del borde costero por parte del puerto de la empresa Minera Dominga”. Los antecedentes serán enviados al Comité de Ética de la Cámara baja.
¿QUÉ VIENE AHORA?
••• El diputado Raúl Saldívar (PS) es el presidente de la Comisión Investigadora y explicó que luego de conocer los argumentos de las autoridades de la región acerca de su voto en la Comisión de Evaluación Ambiental, “se pasará a otra fase, donde se discutirán y analizarán cuestiones de orden tributario, que tienen que ver con todos los procesos que se desarrollaron paralelamente al tema ambiental”. En concreto, se relacionan con transacciones comerciales, intervención de ciertos personeros, posible uso de información privilegiada, entre otros.