Expertos valoran cambios a AFP pero advierten que hay puntos por aclarar

Tal como ocurrió en todo el país, el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de realizar cambios al actual sistema previsional generó un amplio debate en la zona. En líneas generales, especialistas y representantes del mundo político local coinciden en que las medidas van en el camino correcto, pero que aún falta un proceso de diálogo para definir ciertos conceptos que aún están confusos.

Sergio Zúñiga, académico de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte (UCN), sostuvo que “la mayoría de estos anuncios van en la dirección correcta, pero todavía falta bastante para ver cómo se van a concretar”.

A juicio del profesional, “se quedaron algunos puntos importantes fuera, como el tema de la edad de jubilación, que era algo relevante, por ejemplo, el tema de las mujeres que actualmente jubilan a los 60 años. Lo otro es respecto a los fondos de previsión de las Fuerzas Armadas, que están todavía ahí en veremos. Por lo tanto, el resultado del panorama todavía es parcial, no está todo bien claro”, precisa. 

Por su parte, el diputado UDI por el Séptimo Distrito, Sergio Gahona, indicó que “sin duda que valoramos el anuncio del gobierno de introducir perfeccionamientos al sistema de pensiones, lo hemos venido diciendo en reiteradas oportunidades respecto de cómo resolver este tema”, pero argumentó que se tiene que iniciar una discusión más profunda al respecto, pues “esto tiene bemoles, situaciones que hay que analizar y ver las mejores fórmulas”. 

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Una de las principales medidas anunciadas por la mandataria fue la de aumentar en cinco puntos porcentuales, es decir a 15 %, la tasa de cotización de los trabajadores, con cargo al empleador y en un plazo máximo de 10 años.

Con ello, aseguró, se podrá crear un pilar de ahorro colectivo solidario, ya que una parte de ella permitirá aumentar las actuales pensiones y otra parte será destinada a lograr más equidad en las pensiones futuras de los actuales trabajadores que cotizan.

A juicio de Sergio Zúñiga, en este aspecto hay varias cosas que aclarar. El primero de ellos es ver si este ahorro adicional va a ir a las cuentas individuales o a este mencionado fondo solidario.

 
Respecto del cargo a los empleadores, manifestó que “eso es absolutamente confuso, porque al final el empleador va a traspasar esos cargos adicionales a precios y, finalmente, van a ser los mismos trabajadores los que van a terminar pagando, como pasa con cualquier aumento de impuesto a las empresas. No son ellos los que van a pagar en el fondo, el empresario no va a sacar dinero de su bolsillo, sino que eso se va a transmitir a los usuarios”.

En el caso de que se diga que el Estado va a aportar, Zúñiga también lo ve complicado pues “el Estado no tiene plata. Para que pueda poner dinero va a tener que nuevamente ir a pedirles a los contribuyentes. Por lo tanto, que se diga que hay tres entes que van a aportar es muy confuso y llama a error. Siempre van a ser los trabajadores los que vamos a pagar todo. Es erróneo expresar la idea de que serán otros los que van a pagar esto cuando no va a ser así”, enfatiza. 

De todas formas, agrega, esto se va a traducir en menor poder adquisitivo para los trabajadores, “ya sea a través de impuestos a los trabajadores para financiar la parte del Estado, o vía aumento de precios en los productos para que las empresas mantengan sus márgenes y puedan trabajar”. En opinión del diputado Gahona, “es bueno esto que se plantea de que los empleadores puedan empezar a aportar a lo menos hasta 5 puntos más gradualmente en 10 años, para no generar efectos en la inversión y en el empleo”.

Sin embargo, advierte que hay que tener mucho ojo “porque hay empresas que son intensivas en capital y otras que son intensivas en mano de obra y el 80% de la mano de obra en Chile lo provee la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto de cargarle la mano a las empresas más pequeñas”. 

Por otra parte, respecto del cobro de comisiones, especialmente en los períodos de rentabilidades negativas como ha ocurrido en los últimos meses, la Presidenta dijo que el Ejecutivo propondrá que esas recaudaciones sean devueltas a las cuentas de los afiliados.

Para el académico de la UCN, esta es una medida que va en la dirección correcta. “Las comisiones lamentablemente son muy altas, porque tenemos un sistema previsional que va más allá de la realidad chilena, es decir, estamos pagando un sistema que es muy caro y que no se justifica”.

Lo que se debe hacer, dice, es hacer ajustes en el sentido de que se reduzcan las comisiones a costa, naturalmente, de una menor calidad de servicio. “Pero yo creo que todo el mundo está dispuesto a sacrificar eso, es decir, no ir a las oficinas, con una atención más a través de internet. Pienso que se apunta en la dirección correcta en hacer el sistema más barato, más acorde a la realidad chilena”.  

Bachelet también anunció que el Gobierno espera incorporar a “representantes elegidos de los cotizantes, de manera que puedan participar desde definiciones claves como las políticas de inversión, la elección de los directores y de las compañías en que se invierten los recursos o las campañas de información”.

Asimismo, reveló el fortalecimiento del actual pilar solidario de invalidez y vejez, que permita asegurar la pensión mínima a aquellos que no han trabajado o que carecen de cotizaciones.

Además, anunció que modificarán las diversas formas de comisiones ocultas o las comisiones de intermediación, que quitan recursos a las cuentas de los afiliados sin justificación real.

AFP estatal

Ya en su discurso del 21 de mayo, Bachelet había anunciado la creación de una AFP estatal, que se ve como una alternativa para mejorar el sistema de pensiones al generar una mayor competencia en el mercado. 

En este sentido, Sergio Zúñiga plantea que a mucha gente esto la va a dejar tranquila, porque piensan que va a aumentar la competencia, “pero eso no es así, lamentablemente”.

Al respecto, dice que ve dos problemas fundamentales. “Primero, que al ser AFP estatal va a estar administrada por políticos, los que van a hacer dos cosas, van a presionar para meter a sus ahijados a trabajar en esta entidad; y segundo, va a haber presiones políticas para que esa AFP invierta en dineros que son de interés político. Entonces, hay muchos riesgos asociados. Al estar los políticos a cargo todo el mundo sabe que no es mucho lo que se puede esperar en cuanto a eficiencia y transparencia”, puntualiza.