Más de un 25% de clientes mantienen deudas de servicios básicos en la región

Casi 150 mil clientes residenciales en la Región de Coquimbo hoy día presentan deudas de servicios básicos como agua y luz. Ello, en el contexto de la pandemia que ha afectado las finanzas familiares a tal punto que son muchas las personas que no han podido pagar sus compromisos respectivos.

Por ejemplo, según los registros de la empresa CGE –que provee de energía eléctrica en la región a unos 330 mil clientes- los consumidores residenciales que se encuentran en mora alcanzan los 97.505, cuya deuda total supera los 15.814 millones de pesos.

Además, según los datos proporcionados por la misma empresa, el número de morosos aumenta a 103.093, si es que al servicio residencial se le agregan otros segmentos (municipales, empresas, pymes), lo que de hecho, hace aumentar la deuda a más de 32 mil millones de pesos.

Por último, el porcentaje de clientes que presenta una deuda con la compañía asciende al 50% del total.

Respecto al servicio de agua potable, desde la empresa Aguas del Valle, reportan que en relación a la situación de morosidad, hasta el 31 de agosto de este año se contabilizan 51.715 clientes en dicha situación quienes, por diferentes motivos, no han podido cancelar sus deudas. Ello suma una cifra que supera los 14.441 millones de pesos.

Ley especial

En este contexto, se debe recordar que el año pasado el Congreso aprobó una ley sobre Servicios Básicos que evitaba el corte de este tipo de suministros domiciliarios como son agua, luz y también el gas, por no pago, hasta diciembre de este año. Ello, en el marco de la pandemia del Covid-19 y las restricciones sanitarias y cuarentenas obligatorias que deterioraron el mercado laboral con niveles crecientes de cesantía.

Así por ejemplo, desde CGE comentan que el número de clientes que se han acogido a la Ley de Servicios Básicos supera los 6 mil, donde las razones para acogerse fueron en su mayoría por pertenecer al 60% de la población más vulnerable, ser mayor de 60 años o estar cesante. De esas solicitudes, explican desde la empresa, el 99% ya han sido aprobadas.

El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, explica que junto con dar la orden de suspender los cortes por no pago, se levantó una iniciativa propia: “Plan de Ayudas Covid”, el cual “permite prorratear la deuda del servicio en hasta 36 cuotas. Hasta el 31 de agosto, más de 1.499 clientes de la compañía ya han solicitado acogerse a estos beneficios y se continúa evaluando solicitudes”, señala.

Por lo mismo, el ejecutivo afirma que “es muy importante que quienes puedan pagar su deuda lo hagan. Esto nos permite seguir prestando nuestro servicio con normalidad y seguir invirtiendo en mejoras. Por eso invitamos a quienes están en esta situación acercarse a nuestras oficinas para poder apoyarlos”.

Bomba de tiempo

No obstante las medidas, la deuda se sigue acumulando: a nivel nacional de hecho, ya son más de un millón de personas quienes presentan compromisos de servicios básicos por un monto de 600 millones de dólares.

La pregunta es entonces ¿qué va a ocurrir el 31 de diciembre cuando deje de regir la actual ley de Servicios Básicos?

En primera instancia, hace algunos días un grupo de cuatro diputados presentó un proyecto de resolución –que fue aprobado con 94 votos a favor y 17 abstenciones– que pide al presidente Sebastián Piñera condonar deudas en servicios básicos, dirigido a grupos focalizados de la población, como aquellos inscritos en el Registro Social de Hogares, personas mayores, trabajadores independientes o informales, y que firmen una declaración jurada donde se informe de una disminución significativa de ingresos.

Al respecto, el diputado Matías Walker señaló que “el fundamento de este proyecto dice relación con servicios básicos concesionados por el Estado y donde hemos visto que mucha gente por la situación de la pandemia, simplemente no ha podido pagar sus deudas. Bajo situaciones excepcionales, la ley debe dar respuestas con soluciones que sean también excepcionales”.

En ese sentido, el diputado Francisco Eguiguren advirtió de una verdadera “bomba de tiempo”, de la cual el Gobierno debe hacerse cargo con responsabilidad, pues las personas “no pueden hacerse cargo por sí mismas”, así como tampoco los entes privados a través de sus patrimonios.

Para ello propuso que “se organice una mesa de trabajo donde esté el Gobierno, el sector privado, estén todos los usuarios y podamos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, que el 20% de esa deuda la pague la gente, el 40% lo pague el sector privado a través de, tal vez, un fogape de servicio básicos, y el otro 40% lo asuma el Estado, porque no podamos seguir mirando el techo”.

En esa misma línea, el diputado Raúl Saldívar señaló que “definitivamente tiene que ser el Estado el que avale y responda. Este es un tema que debe ser discutido dado que el servicio en la mayor parte del país esta concesionado, por lo tanto, son empresas privadas quienes lo ejecutan. Y por lo tanto, en el momento en que se establezca una norma de esta naturaleza no es posible imponerle a las empresas absorber con su patrimonio estas deudas, por mucho volumen que tengan sus utilidades”, explicó.