“Las millonarias cifras que se gastan hoy en camiones aljibes podrían permitir proyectos eficientes en localidades con déficit de agua”

Alrededor de 80 mil personas siguen sin acceso a agua potable y alcantarillado en la Región de Coquimbo, un tema que preocupa a las autoridades locales, pero que no escapa a una problemática país.

Por ello es que esta situación se encuentra siendo abordada por una instancia denominada Mesa del Agua, que ha trabajado durante 5 meses, y que es integrada por representantes de la Pontificia Universidad Católica, el Ministerio de Obras Públicas, Fundación Superación de la Pobreza, Grupo Quiñenco y Fundación Huella Local.

Esta Mesa del Agua se impuso entregar un diagnóstico en 3 subcomisiones que se constituyeron: catastro e implementación; innovación tecnológica; y aspectos normativos, además de una propuesta de desarrollo para el presente año.

Al respecto, Gonzalo Vial, director ejecutivo de Fundación Huella Local, quien trabaja en el apoyo a municipios en cuanto a infraestructura y equipamiento en distintos ámbitos, sobre todo en el tema de acceso al agua potable y alcantarillado,  indica que Huella Local tiene un modelo de gobernanza que solicita a las empresas privadas aportes para que en vez de entregar cosas que no tengan mucho que ver con las comunas, lo hagan en proyectos que impacten con la comuna.

“Estamos hablando de más de 7 años para que un comité que se formaliza pueda  tener su APR implantado”

“Con nuestros equipos de ingenieros y arquitectos desarrollamos estos proyectos para que las municipalidades los puedan presentar a distintos fondos públicos, dentro de eso hemos desarrollado proyectos de alcantarillado, pozos profundos y ampliación de Agua Potable Rural. De ahí nuestra participación en esta Mesa del Agua”.

-¿Qué antecedentes ha arrojado este diagnóstico en el país y sobre todo en nuestra región?

“La Región de Coquimbo está en un nivel alto de carencia de agua potable y alcantarillado, cercano a Valparaíso, casi 80 mil personas que no tienen estos servicios. Lo que hicimos primero es un diagnóstico más acabado que se basa en una encuesta que estima la cantidad de personas afectadas, pero es muy difícil encontrar dónde están esas personas. Para ello se creó una comisión de diagnóstico y catastro; una de tecnología, para incorporar nuevas tecnologías que se están ocupando en Israel o Paraguay, que hemos escuchado a nivel nacional. La idea es incorporar en nuestras soluciones certificadas tecnologías que no están en el país y se usen de mejor forma los recursos. La otra comisión es en el plano normativo, porque existen problemas en cuanto a los tiempos, se han registrado plazos de hasta 4 años solo para tener un proyecto aprobado, es decir estamos hablando de más de 7 años para que un comité que se formaliza pueda  tener su APR implantado. Esto normativamente hay que  solucionarlo de alguna manera y ver dónde se traba este proceso legal, que siempre es complejo al tratarse de una inversión pública”.

-¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como Fundación Huella a esta problemática?

“En mayo está planificado presentar un plan de aguas,  asociado a la mesa, que incorpore todo lo que ha sido el catastro (personas) y el diagnóstico (todos los programas públicos que otorgan soluciones). Esto se va a unir con lo que es tecnología y normativa para hacer un “Plan Nacional de Aguas”. En eso se está trabajando y nosotros estamos poniendo la mirada desde los gobiernos locales, de hecho instamos a que nos reuniéramos con el el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, porque la Subdere es un actor relevante que financia los proyectos municipales y estamos  hablando de 70 mil millones de pesos anuales, por ejemplo, del programa de Mejoramiento de Barrios que trabaja el saneamiento sanitario y agua potable. Mucha plata se invierte anualmente, pero que no siempre llega a buen puerto porque las municipalidades carecen de equipos destinados a este tipo de proyectos. Eso es lo que como fundación suplementamos y en eso estamos trabajando en comunas como La Higuera, allá tenemos una cartera de proyectos que estamos trabajando con Cap Minería, para trabajar en el tema de tratamiento de aguas. Generamos estas alianzas públicas privadas que creemos es la única forma de superar los problemas locales de las comunas más aisladas, a ellas no les llega el dinero porque simplemente no tienen proyectos, esa es la mirada que aportamos en la mesa”.

¿Qué soluciones han planteado para mejorar este acceso al agua de las zonas aisladas?

“Las soluciones que la subcomisión de tecnología está entregando son diversas para que permitan dar a cada caso una respuesta y el Estado debe recoger estas distintas soluciones y certificarlas, además de financiar otro tipo de soluciones como, por ejemplo, el atrapanieblas en La Higuera. Es buscar un servicio de agua tan adecuado como el que tenemos en las ciudades, no estoy diciendo gratis, que se pague lo justo y que sean validadas por el Estado”.

¿Los sistemas de Agua Potable Rural están obsoletos?

“No diría eso, pero en Chile los proyectos de Agua Potable Rural tienen una vigencia de aproximadamente 20 años, pero la mayoría dura unos 10 años, porque se generan problemas por falta de suministro o tienen problemas administrativos. No se hacen las mantenciones o simplemente se secan los pozos. Una parte importante del déficit de agua que hoy se ha generado está en las mismas zonas que entendíamos cubiertas hace años. Existe una modificación en la Ley, que se está discutiendo el reglamento, que otorga más facultad al Ministerio de Obras Públicas y va a ampliar la facultad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para los APR. Por ejemplo, algunos se han vuelto verdaderos cárteles y qué pasa cuando se tienen que intervenir, es complejo porque son privadas estas cooperativas. Sin una normativa, ¿cómo puede el Estado  garantizar que se esté haciendo bien y que se paguen sueldos que sean acordes con el mercado. Hoy no pueden tener injerencias al estar en manos de privados”.

-¿La entrega de agua por camiones aljibes se ha trasformado en una solución para las zonas aisladas?

“Otro tema son los camiones aljibes, hay verdaderos cárteles de entrega de agua, incluso corrupción. La plata que se gasta hoy el Estado en camiones aljibes podría permitir proyectos para las comunas que tienen déficit, se estima que 92 mil millones de pesos se han invertido en los últimos cinco años en suministro de camiones aljibes. Además, hay alguien que no quiere que esto deje de ocurrir, incluyendo algunos municipios y por esto se han trasformado en una solución permanente cuando debería ser solo de emergencias”. 1201R