En caso de retomarse el proyecto minero, la planificación comenzaría a finales del próximo año, con una inversión de 2.500 millones de dólares.
Tras conocer el acta final del Comité de Ministros sobre el destino del proyecto minero portuario Dominga, el presidente ejecutivo de la empresa Andes Iron anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
La empresa aspira presentarla dentro de 30 días hábiles y entre marzo y abril de 2018 conocer los resultados.
"Estamos convencidos que el Tribunal Ambiental va a revertir estas irregularidades mencionadas y referidas, y por lo tanto va a declarar ilegal lo que ocurrió. Al declararlo ilegal va a definir que el proyecto Dominga está más vivo que nunca y se va a restablecer la institucional medio ambiental", dijo Garrido según consigna Biobiochile
Este nuevo proceso comienza luego que el Comité decidiera rechazar el proyecto, más la controversia generada en el gabinete económico de Gobierno que culminó con la salida del exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y el de Economía, Luis Felipe Céspedes.
También cabe recordar que el Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, rechazó en marzo pasado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Diario La Tercera señaló este viernes que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reveló el acta de la sesión del Comité de Ministros llevada a cabo el pasado 21 de agosto, donde se reveló que el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, aunque estaba por aprobar el proyecto, puso condiciones para que eso se concretara, aludiendo a temas ecológicos asociados al puerto y a la cercanía con la Reserva del Pingüino de Humboldt, alejados del radio de acción de la cartera.
El acta también precisa que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo que el proyecto tenía que tratarse como una “situación de emergencia”, ya que desde la empresa amenazaron con solicitar la certificación del “silencio administrativo”.
En caso de retomarse el proyecto minero, la planificación comenzaría a finales del próximo año, con una inversión de 2.500 millones de dólares.
"Nosotros creemos -en opinión de los expertos- que hay sobre un 90 % de probabilidades de que el Tribunal Ambiental -95 % por ciento, me atrevería a decir- va a revertir y declarará ilegal y, por lo tanto, va a volver a la Comisión Regional, lo más probable, y se va a volver a votar este estudio de impacto ambiental", recalcó Garrido.