Las oscuras sombras de Castilla

El martes pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó la construcción de la Central Termoeléctrica Castilla, un proyecto de las empresas MPX y E.ON que se ejecutaría en el litoral de la Región de Atacama y que tendría una capacidad instalada para generar 2.100 MW de electricidad, parte de la energía que se requiere para la ejecución de importantes proyectos mineros e industriales.
Esta noticia fue aplaudida por grupos ambientalistas, pero rechazada por los sectores empresariales de todo el país, como también de la región, en cuanto valida la judicialización de los grandes proyectos y le resta validez a la institucionalidad ambiental, sentando un precedente que amenaza con postergar importantes proyectos de inversión y, en consecuencia, frenando el crecimiento económico no sólo de la Región de Atacama, sino que también de l país.
Este megaproyecto termoeléctrico significaría una inversión de unos US$5.000 millones, pero a pesar de la inyección de dinero, las comunidades aledañas acusaban un grave impacto ambiental, cuyas medidas de mitigación y compensación no convencían a la ciudadanía. Este tipo de centrales queman carbón para generar electricidad, contaminando tanto el aire como a la tierra y, muy posiblemente, al medio marino.

FALLO EXPLOSIVO

Con su dictamen, la Corte Suprema acogió las demandas ciudadanas y, en la práctica, vuelve a foja cero el proyecto debido a que desestimó la tramitación ambiental realizada a la fecha y exige que se efectúe un nuevo proceso.
“Se dispone como medida de tutela constitucional que los titulares de los Proyectos Puerto Castilla y Central Termoeléctrica Castilla deben presentar un estudio de impacto ambiental que considere los dos proyectos en forma conjunta y su conexión para la transferencia del carbón y del petróleo Diesel B, en su caso, desde el primero hacia la segunda”, expresó el máximo tribunal.
Frente a este fallo, la coordinadora de Estudios Jurídicos de Libertad y Desarrollo, Silvia Baeza, señaló que “es cuestionable que la Corte Suprema exija que los proyectos sean presentados a la tramitación medioambiental juntos para ser aceptados”, ya que eso “la convierte en la práctica en la autoridad medioambiental”.
La profesional explica que la Corte Suprema consideró que al ser presentado el puerto como la central de manera separada, el inversionista estaría tratando de vulnerar la tramitación ambiental, postura que rechaza al sostener que ambas instalaciones fueron sometidas al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por lo cual “se les aplica el estándar máximo previsto en nuestro ordenamiento jurídico”.
Es más, Baeza asevera que esta interpretación del máximo tribunal tiene implicancias que se extienden más allá de la tramitación de una sola iniciativa. A su parecer, las grandes inversiones tendrían que ingresar siempre como una sola, lo que complejiza de forma importante la tramitación y evaluación ambiental de aquellas de mayor envergadura y pone en duda la aprobación de cualquier otra.
De igual manera, de mantenerse el criterio de la Corte, que hace primar la calificación de contaminante considerada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones por sobre la de la Ley de Medio Ambiente “podría implicar que cualquier proyecto que no contenga todos sus impactos en su predio industrial debe ser calificado de contaminante” y no molesto, otro precedente que pone en la cuerda floja a las grandes inversiones en Chile.
Como corolario, la experta vinculada a la derecha política sostiene que “la aplicación de principios, como el preventivo, por sobre normas legales expresas, genera una enorme falta de certeza jurídica, que está dada por las normas escritas y no por la aplicación de principios que puedan ir más allá de la ley”.
Aquí se pone de manifiesto un término que asusta cada día más a empresarios y ejecutivos, se trata de la judicialización excesiva de los proyectos, fenómeno que “ha minado la confianza de poder desarrollar los proyectos que han sido calificados favorablemente después de largos y costosos procesos de evaluación ambiental por las autoridades competentes”.
Se estima que la tramitación ambiental de la central termoeléctrica Castilla y del puerto dejaron a los inversionistas alrededor de 40 millones de dólares en pérdidas.
En consecuencia, Baeza precisa que “existe una sobre judicialización” y que la Corte Suprema “no está dando señales que permitan generar una buena doctrina que pueda otorgar uniformidad en la jurisprudencia”.

RÉPLICAS EN LA ZONA

El seremi de Energía, Luis Eduardo Cantellano, sostiene que sin cuestionar la decisión del máximo tribunal del país, la no realización del proyecto Castilla tendrá un efecto en la zona, ya que habrá menos iniciativas de generación para el suministro de energía.
Cantellano, sin embargo, es optimista al pensar que esta situación no se traducirá en una postergación de las grandes inversiones en este sector en el mediano plazo. “Por lo que entendemos, con los proyectos que están en carpeta tanto para la evaluación ambiental, como también para su construcción, se generará un potencial que naturalmente irá en pos de los distintos sectores productivos y también para las personas que consumen energía”, aseveró la autoridad de Gobierno.
Eso sí, señaló que las proyecciones realizadas apuntan a un ajuste al alza en las tarifas que pagan todos los chilenos, ya que en lo inmediato a la falta de nuevas fuentes de generación se suman las turbulencias internacionales que afectan los precios internacionales de los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.
El presidente de la Corporación Industrial para el Desarrollo de la Cuarta Región (CIDERE), Daniel Mas, por el contrario, ve un panorama menos alentador. Es categórico al indicar que “se necesita energía para sostener el gran crecimiento que ha tenido la Segunda, Tercera y Cuarta regiones”, en especial para las faenas mineras que han dinamizado la economía local.
De ahí que, a su parecer, la incorporación de Castilla iba a ser un aporte significativo en la oferta energética que se requiere para sostener el dinamismo productivo, ante lo cual el impase sufrido en la Corte Suprema pone un lastre que dificulta la mantención de este ritmo.
Mas reconoce que existen “alternativas” en generación, las que saldrán a su tiempo luego de ajustes en los plazos y montos de inversión, sin embargo, califica que hoy “la matriz energética tiene un retroceso gigante”.
El líder empresarial vislumbra nubarrones en el paisaje. Por un lado, precisa que en un futuro inmediato “habrá un problema de disponibilidad de energía, con lo cual subirán más los precios” y, por otro, conseguir la viabilidad de todo tipo de proyectos se pone cuesta arriba, lo que se traducirá “en complejidades y, seguramente, se caerán algunas inversiones o se van a retrasar”.
Además, expresó que con este tipo de fallos se da una “pésima” señal para la materialización de nuevos negocios. “Cada día cuesta más generar fuentes de trabajo y la verdad que las señales son súper negativas para el sector empresarial”, indicó.

FUTURO INCIERTO

Lautaro Manríquez, secretario de la Comisión de Energía del Consejo Minero de Coquimbo (CORMINCO), expresa que ya el costo de la energía se ha multiplicado por cuatro en los últimos años y que al postergarse nuevos proyectos de generación los precios seguirán al alza.
Es por ello que asegura que “de las inversiones proyectadas a siete años, de 1.000 millones de dólares, sin energía no se llegará ni al 30 por ciento”.
Manríquez es enfático al sostener que la falta de nuevas fuentes energéticas es el gran freno que tiene Chile para alcanzar el desarrollo y que, por lo menos en las faenas de la zona, está haciendo que muchas mineras estén considerando el alza del costo de la energía como un punto negativo a la hora de evaluar la continuidad de las iniciativas o la realización de nuevas fases de expansión. “Hoy el insumo más caro que está teniendo la minería es la energía”, precisó, a raíz de lo cual “muchos proyectos quedarán fuera de sus cálculos de rentabilidad, justamente, porque la energía es muy cara”.
A su parecer, que hoy el país esté en un punto crítico en cuanto a la disponibilidad de energía responde a “las políticas que se han aplicado durante los últimos 20 años”.

MAYOR RESPONSABILIDAD

Si bien los sectores industriales y, particularmente, el minero son los más afectados con este incierto panorama energético, la agricultura también recibe un balde de agua fría. José Moreno, presidente de la Sociedad Agrícola del Norte, sostiene que también para esta rama productiva “es absolutamente necesaria la expansión del sector eléctrico”, especialmente porque el alza del costo de la energía es uno de los factores que les está haciendo perder competitividad tanto en el plano doméstico, como también en el ámbito internacional.
Pese a ello, en cuanto al tropiezo que tuvo el proyecto termoeléctrico Castilla, Moreno llama a sus pares empresarios a reflexionar respecto a si se están haciendo bien las cosas. “Quienes desarrollan los proyectos tienen obligaciones y deben entender que para viabilizar sus proyectos tienen que tomar en consideración los impactos directos e indirectos sobre los demás sectores”, aseguró el líder gremial.
Los sectores ambientalistas celebraron el fallo de la Corte Suprema, como la multinacional Greenpeace y otros organismos que se oponen a la proliferación de contaminantes complejos industriales, como son la generadoras a carbón, ello a pesar de que el país y los sectores productivos requieran de energía antes de que las oportunidades se apaguen al igual que la maquinaria industrial de nuestro país.