Las cifras entregadas este lunes por el Banco Central, y que con un -3,4%, reflejan el desplome de la economía chilena en octubre - mes en el que se inició el estallido social- han generado una fuerte preocupación en distintos sectores, pues la caída fue más pronunciada de lo esperado.
Ante tal escenario, el gobierno, a través de los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, presentó durante la tarde de este lunes, la denominada “Agenda de Recuperación Económica y Protección del Empleo”, que a través de cuatro ejes, busca en primer lugar, apoyar la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por hechos de violencia, impulsar proyectos de inversión pública y generar hasta 100.000 nuevos empleos durante 2020.
El desembolso para materializar esta agenda no es menor: 5.500 millones de dólares, los cuales se dividen en 3.025 millones para inversión pública y reconstrucción, 1.950 millones para apoyo a las pymes, y 525 millones para otras iniciativas. Destaca además, el “Plan de Reactivación Económica para proteger el empleo”, y el “Plan Reactivación Económica para apoyar a las familias”, que contempla la entrega de un bono de 100.000 pesos –promedio -que pretende beneficiar a 1,3 millones de hogares.
Las más afectadas
Para las pymes, probablemente el sector económico más afectado por el estallido social, la inyección de estos recursos redundará en una serie de beneficios cuyo fin es permitir que éstas puedan levantarse en momento, en que se proyecta la quiebra a nivel nacional de cerca de 20.000 empresas de estas características.
Así por ejemplo, el plan contempla la devolución anticipada del Impuesto a la Renta para aquellas pymes que sufrieron diversas pérdidas, ya sea por daños físicos o caída en las ventas. Asimismo, se incluyen facilidades en el pago del IVA de octubre, noviembre y diciembre, pudiendo pagarlo en 12 cuotas sin interés a partir de febrero de 2020.
En entrevista con Diario El Día, el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, destacó que con la devolución del Impuesto a la Renta, “se liberará anticipadamente entre un 20% y un 75% del PPM (Pagos Provisionales Mensuales), lo que les va a permitir a los empresarios contar con bastantes recursos”.
Sobre el pago del IVA, la autoridad explicó que éste “se podrá empezar a pagar a partir del mes de febrero. Por eso es muy importante detener la ola de saqueo y violencia, que reconstruyamos el orden público y podamos permitir que las empresas puedan abrir y así ir retomando sus negocios”, aseguró.
Otras medidas que se incluyen para apoyar a las pymes corresponden a un “régimen especial” de donaciones para MiPymes por un período de 18 meses, facilitar el acceso a mejores créditos gracias a la capitalización BancoEstado, Fogain y Fogape, y apoyo al emprendimiento y turismo vía SERCOTEC y CORFO por 50 millones de dólares.
El empleo: la otra preocupación
Tal como se anunció, el cierre de empresas, ya sea por daños, incendios o saqueos, o por la caída de sus ventas, trajo como resultado la destrucción de miles de puestos de trabajo en la región y en el país.
Sólo hasta este lunes, el Ministerio del Trabajo contaba más de 62 mil despidos a nivel nacional desde que se inició la crisis social y no se descartó que la cifra continuara subiendo.
Por ello, la agenda del gobierno contempla impulsar la adaptabilidad de la jornada laboral, evitando así más despidos.
El subsecretario Ignacio Guerrero explicó que aquellas empresas que acrediten haber sido afectadas por la crisis, podrán permitir una jornada laboral inferior y pagar el proporcional a sus empleados afiliados al Seguro de Cesantía. El fondo solidario del seguro compensará en parte la diferencia.
“Se trata de que los trabajadores puedan pactar jornadas más reducidas y obtener un complemento de su renta, desde el seguro de cesantía. Para ello, vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso que lo que busca es mitigar el impacto en la pérdida de empleo”, sentenció la autoridad.
Precisamente, en relación a la intención de fortalecer el seguro de cesantía, el subsecretario aseguró que “vamos a aumentar transitoriamente, la tasa de reemplazo, y flexibilizando los requisitos de elegibilidad, permitiremos que más personas puedan acceder al seguro de cesantía en caso de que queden desempleados”; señala Guerrero.
Por último en este ítem, se buscará también impulsar la aceleración-transición del componente solidario de las pensiones.
Problemas estructurales
Desde la oposición en tanto, si bien se valoraron las medidas de ayuda, algunos sectores de ella lamentaron la falta de medidas de largo aliento, también llamadas “estructurales”.
En ese sentido, el subsecretario de Economía llamó a dejar las críticas de lado, reconociendo que “evidentemente, hay muchos problemas que se arrastran desde hace bastantes años, y por eso es importante que nos pongamos a trabajar de manera conjunta para solucionarlos”.
La autoridad insistió en las medidas presentadas por el gobierno “son bastante importantes” para mitigar los efectos negativos sobre la economía y el empleo por lo que nuevamente hizo un llamado a recuperar el orden público.
“Lo que buscamos es atenuar todo el impacto que han tenido las movilizaciones de las últimas semanas, y reiterar el llamado a que no podremos implementar esta agenda económica si es que definitivamente, no terminamos con la ola de saqueo y violencia que han ocurrido durante las últimas semanas”, afirmó.