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Alejandro Pizarro
La tarde de este miércoles, la Comisión de Hacienda rechazó el proyecto que propone gravar con un 3% del valor nominal de los minerales extraídos tanto para el cobre como para el litio. Pese a ello, el futuro de esta iniciativa levantada por parlamentarios de la oposición y que ha generado el rechazo del oficialismo y de los gremios mineros –quienes aseguran que no aumentaría la recaudación fiscal y que perjudicaría la inversión – se decidirá en la votación en Sala.

Por 7 votos contra 5, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, rechazó el proyecto que busca establecer un royalty de un 3% al valor nominal de los minerales extraídos en el país, tanto para el cobre como para el litio.

No obstante, el proyecto sigue vivo, pues su futuro se decidirá al final, en la votación en Sala, en la Cámara de Diputados. Con dos informes, uno a favor de su aprobación (Comisión de Minería) y otro en contra de su despacho (Hacienda), los parlamentarios tendrán ante sí, la decisión de enviar o no, a segundo trámite constitucional esta iniciativa.

En ese sentido, cabe recordar que esta propuesta, impulsada por diputados de oposición,  tiene su origen en una moción presentada en el año 2018, y que ahora, ante la fuerte alza del precio del cobre que se viene registrando desde el año pasado – y que hoy roza los 4,2 dólares la libra – se busca materializar.

Daniel Núñez, diputado por la región del PC, y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, -y quien durante la discusión de ayer, introdujo una indicación para elevar el gravamen a un 13%, propuesta finalmente rechazada – señaló que ahora que el precio está alto, “lo que uno espera es que toda esta inmensa ganancia no quede solamente en los bolsillos y en la billetera de las grandes mineras que son, en su mayoría, transnacionales y grupos privados como el Grupo Lukcisc, sino que beneficie a los dueños del cobre que, en definitiva, es el pueblo de Chile”.

Por eso, aseguró, “la aprobación de este royalty es urgente. Los altos precios hacen que las ganancias estén fuera de cualquier dimensión racional. Por eso la urgencia”, dice.

Sobre su indicación que fue rechazada, Núñez señaló que proponía un aumento del royalty que contemplaba originalmente el proyecto (3%) a un 13%, “pues consideraba que la cifra era baja y por eso propuse elevarlo. Este se dividía en un 3% para las regiones mineras con un objetivo específico, y un 10% para la recaudación de fisco”, expresó.

 

Dudas de la industria

Pero lo cierto es que una iniciativa como ésta – y como cabría esperar – generó diversas reacciones desde el principio, tanto a favor como en contra.

Y sin duda, el primer sector que se manifestó contraria al proyecto, fueron los gremios de la Minería.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, y quien dio a conocer su opinión ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, manifestó que  un nuevo gravamen a las ventas “perjudica el desarrollo de la minería y, finalmente, no va a recaudar más”, agregando que si se consideran todos los factores de los encadenamientos productivos de la minería “el PIB minero se duplica. En los últimos 15 años (2005-2019) la minería contribuyó con el 12,9% del PIB y si consideramos el PIB inducido podría ser superior al 20%”, expresó.

Al referirse al proyecto de ley, el presidente de la Sonami, dijo que en la eventualidad que se aprobara aumentar la carga tributaria del sector, “ya es una de las más altas del mundo” y al ser ad valorem “equivale a subir la ley de corte. Esto es grave pues transforma en antieconómico los yacimientos de leyes más bajas”.

“Podría recaudar más en un pequeño período, pero con una visión de largo plazo, es preferible el modelo que tenemos actualmente”, agregó

Justamente, sobre este último punto se sostiene uno de los desacuerdos: si es que el alto precio del cobre de hoy será permanente, o sólo coyuntural.

Sobre ello, el ex seremi de Minería de la región y ahora, candidato a Constituyente por RN, Roberto Vega, señaló que “no podemos implementar normas como royalties que por la coyuntura internacional, producto del buen precio, supere una banda de flotación, empiece inmediatamente a gravar la industria. Eso puede generar un cierto temor a la inversión extranjera en nuestro país, porque al final, las reglas del juego no son claras”.

En ese sentido, la ex autoridad se preguntó qué pasaría en caso de que la gran minería vuelva a trabajar bajo los costos. “Hablamos de 2,50 dólares la libra. Cuando estamos bajo ese valor, las empresas trabajan a pérdida. Y los mejores ciclos les permiten paliar las pérdidas que se producen durante los periodos malos. Por lo tanto, yo veo que el Parlamento está actuando nuevamente, en forma apresurada, sin tener un consenso real y solamente mirando el corto plazo”.

“Ahora bien”, afirmó, “eso no significa que, y así lo ha señalado la industria, no se pueda discutir aumentar los valores de la tributación, bajo ciertas condiciones”.

 

Prudencia

Ante tal cuestionamiento, el diputado Daniel Núñez señaló que todos los informes sobre el precio futuro del metal rojo señalan que la demanda por cobre se va a mantener elevada.

“Ello se producirá por la transición energética, pasando del uso de los combustibles fósiles a energías renovables, lo que implicará un mayor precio del cobre, tanto por la electromovilidad de los automóviles, como por las energías renovables que usan en sus equipos, cables de cobre”, indica.

Y pese que reconoció que “nadie puede tener la certeza de que el precio vaya a seguir en 4 o 4,5 dólares la libra”, insistió en que el metal rojo va a seguir manteniendo un alto valor en el mercado. “Ese precio elevado hace que la renta minera que obtienen estas empresas, sean cifras estratosféricas, y eso es que lo queremos evitar: que Chile regale sus rentas mineras a estas empresas que están operando en el país”.

Desde la vereda legal, el abogado Juan Carlos Manríquez, socio de Manríquez & Benavides Abogados, autor de varias publicaciones nacionales e internacionales sobre Derecho Penal Económico, Derecho Penal Ambiental, Aduanero y Tributario, afirmó que, teniendo en cuenta las características del proyecto, así como la coyuntura de la industria minera, la iniciativa debe ser “mirada con precaución”.

“En lo posible se debiera encontrar un mecanismo que permita por un lado, mantener la certeza y la seguridad jurídica, pero a su vez también, que las arcas fiscales se vean beneficiadas, si es que estos instrumentos se mantienen en el tiempo”, señala el abogado.

De hecho, para Manríquez “ello es previsible por los stocks que se van a negociar como futuros con estos precios, dado que allí es donde se encuentra una mejor posibilidad de recaudación de nuevos y mayores montos para el interés fiscal”, indicó.  

 

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