Este miércoles finalmente la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el proyecto de Pensión Garantizada Universal, PGU, cumpliendo así el último trámite legislativo y quedando ya todo listo para convertirse en ley.
Fueron cerca de cuatro meses de arduas negociaciones que se desarrollaron entre gobierno y oposición para alcanzar un acuerdo final, en especial, en relación al financiamiento de la iniciativa que se convirtió en un momento, en la piedra de tope para que el proyecto avanzara.
En efecto, en la misma jornada la Cámara también aprobó el proyecto que crea nuevos impuestos y reduce o elimina algunas exenciones tributarias, cuyo fin es justamente financiar la Pensión Garantizada Universal.
Cabe recordar que la iniciativa entrega un aporte de hasta 185 mil pesos a los adultos mayores de 65 años -exceptuando al 10% más rico-, el cual podría comenzar a pagarse en febrero para los primeros beneficiados que corresponden a aquellas personas que están en el Pilar Solidario.
Consenso
Luego de la aprobación de la PGU, el Presidente Sebastián Piñera reiteró que con la puesta en marcha de esta iniciativa, se cierra una importante deuda con los adultos mayores y anunció que este beneficio comenzará a pagarse el próximo mes. Además reiteró, la iniciativa “está seria y responsablemente financiada”.
“Esta PGU se comenzará a pagar a partir de febrero y mejorará las pensiones de más de 2,4 millones de personas mayores de 65 años, estén pensionados o trabajando, pero muy especialmente de las mujeres y las pensiones de la clase media”, expresó el mandatario.
En ese sentido, Piñera destacó que con esta pensión más de 600 mil personas se sumarán a la cartera de beneficios previsionales que entrega el Estado y por lo mismo, “va a mejorar las pensiones, no sólo de los actuales pensionados, sino que también de aquellos que se pensionarán en el futuro, lo que sin duda les dará una mayor tranquilidad”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, valoró “los acuerdos muy amplios” que permitieron aprobar el proyecto de la PGU, que incluyeron señaló, conversaciones entre las bancadas parlamentarias y con el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric.
“Todo eso creo que nos lleva a tener un proyecto consensuado, pero sobre todo un proyecto que le da soluciones a los chilenos, y creo que este proyecto es una solución”, señaló.
Según el secretario de Estado, lo más relevante de la PGU es que recoge la idea de lo que fue el IFE Universal, pues “tal como éste, las personas que quedan excluidas son solamente las del 10% de mayores ingresos. También estamos asegurando como en el IFE Universal, la línea de la pobreza de todas las personas que tengan esta pensión y desde ese punto de vista entendemos que estamos entregando a la gente cierta tranquilidad hacia adelante”.
Las claves de la PGU
El proyecto presentado propone la instauración de una pensión de carácter no contributiva que sustituye al Pilar Solidario, tanto a la Pensión Básica Solidaria de Vejez como al Aporte Previsional Solidario de Vejez.
Además, es complementaria al ahorro previsional individual y la recibirán los pensionados bajo cualquier modalidad y adultos mayores que se encuentren laboralmente activos inclusive. Además, no será necesario pensionarse o estar afiliado a algún régimen previsional.
Respecto a su administración, la Pensión Garantizada Universal será administrada y entregada por el Instituto de Previsión Social, IPS, sin participación de las AFP y su aplicación sería supervisada por la Superintendencia de Pensiones.
En relación a los montos a recibir, el proyecto de ley establece que el monto de la PGU dependerá del valor de la pensión que tenga el beneficiario, por lo que se calculará una Pensión Base a la edad de jubilación.
Todas las personas que tengan una pensión base menor o igual a 630 mil pesos recibirán el monto máximo, es decir, 185 mil pesos.
Y en la medida que los pensionados tengan una pensión base mayor a 630 mil y menor a 1 millón, el monto irá disminuyendo de forma progresiva.
Todos los montos se reajustarán los días 1 de febrero de cada año de manera ordinaria, según la variación del IPC. Además, contempla una regla de reajuste extraordinario para el caso de que la variación del IPC alcance o supere el 10%.