Asistentes de la educación de Coquimbo arriesgan baja de sueldos

Una complicada situación es la que están enfrentando los asistentes de la educación de Coquimbo, luego de que la Contraloría insistiera en que el aumento de sueldos efectuado por la municipalidad porteña el año 2018, un mes antes de ser traspasados al Servicio Local Puerto Cordillera, no correspondía. 

Dado lo anterior, hace unas semanas el empleador envió una carta personal a todos los profesionales que recibieron ese incremento de remuneración, comunicándoles que a partir del mes de noviembre del presente año, su sueldo base sufrirá una restructuración (descuento), lo que en la práctica significaría que vuelvan a los pagos que tenían hace dos años.

La génesis

La génesis de lo que están viviendo los asistentes de la educación comienza en el año 2018, oportunidad en que el alcalde Marcelo Pereira comprometió aumentar los salarios, presentando la moción en el seno del concejo municipal, donde fue aprobado el 9 de febrero de ese mismo año.

Sin embargo, no fue el municipio quien asumió esa carga económica, ya que semanas después la educación municipal pasó a manos del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, el nuevo sostenedor, quien tuvo que asumir los nuevos sueldos fijados por la casa edilicia, una verdadera suspicacia.

En la ocasión, el edil porteño se fotografió con los beneficiados, anunciando públicamente el aumento a los ingresos de estos trabajadores y trabajadoras, señalando que “estamos hablando de los asistentes cuyos sueldos no son muy altos, personas que desde hace mucho tiempo estaban pidiendo un aumento en sus remuneraciones y que consideramos es necesario para agradecer el trabajo que durante más de 30 años efectuaron en favor de nuestros estudiantes. Destaco a los dirigentes que se han esforzado y trabajado de la mano con el municipio y el alcalde para que hoy podamos aprobar y dar esta buena noticia a todos los asistentes de la educación que tanto lo estaban esperando”.

No obstante, desde Puerto Cordillera consideraron que no era justo asumir una carga económica aprobada en esos términos por el municipio y recurrieron a la Contraloría General de la República, desde donde emitieron el dictamen N° 30.959, el 13 de diciembre de 2018, declarando que  “la municipalidad de Coquimbo no se ajustó a derecho al aumentar el sueldo base de los asistentes de la educación de esa comuna, en una etapa posterior a la establecida en la ley N° 21.040, para informar al Ministerio de Educación sobre las remuneraciones de los funcionarios que serían traspasados”.

El ente contralor argumentó que un municipio puede convenir, mediante una modificación de los contratos de trabajo, un aumento del sueldo o sueldo base de los asistentes de la educación, en la medida que sea consecuencia de la valoración que se haga de las labores ejecutadas, criterio que no fue acogido en este caso, donde se optó un aumento por los años de servicio.

La apelación

Aunque la Contraloría había sido  clara en su dictamen, los dos gremios que agrupan a los y las asistentes de la educación, apelaron y el principal de ellos, que dirige Nolvia Piñones, solicitó la reconsideración de la medida y que se condone lo adeudado por concepto de aumento de remuneraciones.

Esta solicitud resultó del todo infructuosa, dado que el ente contralor insistió en que el municipio no había actuado ajustado a derecho.

Es más, la Contraloría señala en su respuesta que el Servicio Local de Puerto Cordillera debía “adoptar las medidas conducentes para obtener el reintegro de las sumas indebidamente percibidas, sin perjuicio de la facultad de los afectados para requerir la condonación de los valores pertinentes o el otorgamiento de facilidades para su restitución, de conformidad con el artículo 67, inciso cuarto, de la ley N° 10.336”. Es decir, puede cobrar  los más de dos años de aumentos de sueldos que se les han pagado por la decisión del municipio, al margen de lo legal.

Carta a las asistentes

Amparados en estos dictámenes de la Contraloría, desde puerto Cordillera informaron a las asistentes de la educación que  sus sueldos sufrirán una reestructuración a partir del mes de noviembre próximo.

La misiva, en una de sus partes les recuerda que la Contraloría el año 2019 les recomendó abstenerse de gestiones a la espera de que se resolviera la presentación de reconsideración solicitada en contra del dictamen N° 30.959 de 2018.

“Finalmente dicho órgano contralor con fecha 03 de febrero de 2020, a través del dictamen N° 2.765 resolvió la presentación de reconsideración antes dicha, determinando que las nuevas alegaciones y antecedentes aportados, no alteran lo resuelto en el dictamen N° 30.959 de 2018”.

Más adelante la misiva señala que “…dando cumplimiento a lo instruido por la Contraloría General de la República, se indica a usted que, revisados los archivos de este Servicio Local, se registra estar en el listado de los funcionarios asistentes de la educación que recibieron dicho aumento, por lo tanto, se informa lo siguiente: Que a partir de noviembre de 2020, su sueldo base sufrirá la siguiente modificación, se reducirá en… , quedando con una remuneración base de… Cualquier información relevante a este respecto le será informada por esta misma vía”.

Con tranquilidad

Nolvia Piñones, presidenta de la Asociación de Asistentes de la Educación, dijo que ellos estaban tranquilos frente a lo que estaba ocurriendo, asegurando que Puerto Cordillera no tendría las facultades para descontar o hacer cobros de recursos que se han cancelado en los sueldos.

Sumó a su haber,  que sobre los últimos requerimientos que hicieron a la Contraloría, ésta se abstuvo de responder reconociendo que las asistentes de la educación tienen un reglamento que las rige y que tampoco son funcionarias públicas, ya que se rigen por el Código del Trabajo.

“Con fecha 26 de marzo de 2020, la Contraloría por medio del dictamen 6.952, da respuesta a la solicitud de este gremio, en dichos documentos señala que omitirá su pronunciamiento por las razones que indica y remite 2 dictámenes. En uno de ellos da cuenta que, en ciertas materias, deben ser interpretadas por la Dirección del Trabajo, lo que podría ser el caso en análisis”, plantea la dirigenta.

“Nosotros en materia de remuneraciones y de contrato seguimos regidos por el Código del Trabajo. Nosotros no nos entendemos como funcionarios públicos, el staff de Puerto Cordillera son funcionarios públicos, no así nosotros”, indica.

Piñones también defiende la facultad del municipio de subir sueldos, “el alcalde de Coquimbo tiene la facultad hasta el último día para subirle el sueldo a sus trabajadores. Han señalado que no se ajusta a derecho porque el aumento fue por años de servicios y no por otra causal, pero en el derecho administrativo señala que considerar los años de antigüedad corresponde, no es una cosa antojadiza, porque el que tiene muchos años de servicio también tiene una evaluación y nota elevada, así que en eso se contradice la Contraloría”.

Más adelante indica que “tenemos la confianza que la justicia nos encontrará la razón y que el dictamen de la Contraloría y la decisión de SLEP de llevar adelante estos descuentos, son ilegales y afectan los derechos laborales de los asistentes de la educación de Coquimbo”.

Además, indica que cuando un beneficio es sumado al sueldo o es cancelado periódicamente se considera un derecho ganado y como parte de su remuneración, por lo que lo que estaría comunicando Puerto Cordillera es ilegal desde distintos puntos de vista.

Nerviosismo

Si bien, la dirigenta de las asistentes de la educación ha señalado que están tranquilos ante lo que les resta enfrentar, al interior de los y las trabajadoras reconocen que están nerviosos por las cartas que están recibiendo y donde se les indica los montos en que serán rebajados sus sueldos, especialmente después de meses de pandemia donde la situación económica que han debido enfrentar no ha sido buena.

Señalan que lo anunciado por Puerto Cordillera los ha sorprendido, puesto que fue su propio empleador (el alcalde) quien se comprometió a aumentar los sueldos y que lo cumplió, pero nadie advirtió que quien debería asumir los costos de ese aumento no era la municipalidad, sino que la entidad a la que posteriormente fueron traspasados y ahí se presentó el problema.

Sin querer que salgan publicados sus nombres, dicen que tienen la esperanza de que finalmente el descuento no se haga, porque los sueldos que tienen no son de los mejores y sería un despropósito si esto ocurriera, porque  en las leyes laborales se consigna que los sueldos no pueden ser bajados y es lo que precisamente pretende hacer su empleador.

Creen que la municipalidad debería mediar para evitar que se les quite lo que la propia autoridad propició.

Municipio se desmarca

El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, declinó abordar la situación que están viviendo los asistentes de la educación, aunque como entidad edilicia si se refirieron, aunque desligándose de la polémica.

Fue el asesor jurídico, Claudio García, el encargado de responder indicando que “desconocemos el resultado de la apelación realizada por los asistentes de la educación de Coquimbo, pues no hemos sido notificados formalmente de la determinación adoptada por Contraloría. De ser así, lamentamos que esta justa demanda y lucha emprendida por los dos Gremios de Coquimbo y apoyada por el alcalde Marcelo Pereira y el concejo municipal hoy no sea reconocida y se les haga efectivo el descuento en sus remuneraciones, con el consiguiente desmedro económico y precariedad laboral que ello puede generar en los trabajadores de la educación”.

El Día consultó a Puerto Cordillera pero declinaron referirse al tema.