Formalizan a autores materiales del crimen de Romario: Faúndez seguirá en prisión preventiva

Este miércoles, luego de tres días de audiencia, el Juzgado de Garantía de La Serena, decidió mantener en prisión preventiva al capitán del Ejército José Faúndez, por el asesinato del joven ecuatoriano Romario Veloz y formalizar a dos subalternos, Carlos Robledo Olguín y José Arenas Mancilla.

Esto se llevó a cabo, a raíz de la solicitud de la Fiscalía, de decretar medidas cautelares personales en contra de los autores materiales de los disparos de los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2019, en que resultó muerto Romario Veloz y un ciudadano chileno herido de gravedad.

Al respecto, el Fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, señaló que, "esta formalización se añade, a la del capitán del ejército que está en prisión preventiva (desde el 2020) por haber ordenado disparar fusiles que contenían munición real, en mayor cantidad que de fogueo".

Aemás, Vega agregó que, "las medidas cautelares consistirán para uno de los imputados en un arresto domiciliario total, atendiendo a que cometió acciones graves y prisión preventiva para los autores del fallecimiento de Romario Veloz y de las heridas casi mortales de un ciudadano chileno".

Antecedentes

Los hechos tuvieron lugar el 20 de octubre de 2019, cuando el joven estudiante participaba en una movilización en las calles de La Serena, que terminó con incidentes y saqueos en un centro comercial.

Veloz es uno de los más de treinta fallecidos que dejó la violencia y la represión de los agentes durante las manifestaciones que estallaron en el país en 2019, cuando comenzó la mayor crisis social en el país desde el retorno a la democracia en 1990.

En este contexto, Faúndez, que ejercía como comandante de una unidad especial que se creó para enfrentar las masivas protestas, ordenó supuestamente a sus subalternos disparar a los manifestantes, explicó la Fiscalía.

Entre las víctimas se encontraba Veloz, que falleció poco después de ser trasladado al hospital, y otros dos hombres que resultaron heridos de gravedad.

"Hoy día por fin mandaron a la cárcel al asesino de mi hijo. Estoy más que feliz, hemos logrado bastante", señaló  la madre de la víctima, Mery Cortez.

Tras la audiencia, que se extendió durante tres días, se estableció un plazo de investigación de 30 días.

En el momento álgido de las marchas, tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) alertaron del excesivo uso de la fuerza durante la dispersión de las manifestaciones y urgieron al Estado a detener la situación.

Según datos del independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de las más de 3.000 querellas presentadas contra agentes del Estado por delitos cometidos en el marco de las protestas, solo había cuatro condenas dos años después del inicio de la crisis social.